KIT DIGITAL

  19-01-2022

Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal


KIT DIGITAL


Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización Pymes 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital).

 

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Como siempre, el 30/12 el Gobierno nos sorprende con una normativa de ultima hora. En este caso es la subvención conocida como KIT DIGITAL.

A continuación, realizamos un pequeño resumen de los aspectos mas destacados.

 

¿Quienes pueden ser beneficiarios y cuantías máximas de las ayudas?



Este mismo Plan incluye el desarrollo del programa Acelera pyme, mediante una plataforma dinámica y con contenidos de valor, buenas prácticas de transformación digital, etc., y herramientas de autodiagnóstico de modo que sea un punto de encuentro digital de las pymes. Esta plataforma, además de aportar información de valor para las pymes en sus procesos de transformación digital, pondrá a disposición de éstas un test de diagnóstico, permitirá acceder a la plataforma de tramitación de las ayudas y publicará información sobre los agentes digitalizadores adheridos.

 

Para la gestión del programa, se prevé la participación de tres tipos de agentes:

 

1.   Las empresas beneficiarias, que recibirán la ayuda para incorporar las soluciones digitales.

2.    Los agentes digitalizadores, que prestarán los correspondientes servicios o instalarán las correspondientes soluciones digitales.

3.   Las entidades colaboradoras, que en nombre y por cuenta del órgano concedente colaborarán en la gestión de las ayudas.


El beneficiario deberá emplear la ayuda concedida, cuyo derecho de cobro se denomina «bono digital», en la contratación de una o varias soluciones de digitalización de las disponibles en un Catálogo de Soluciones de Digitalización del Programa recogido en la plataforma Acelera pyme, formalizando para ello Acuerdos de Prestación de Soluciones de Digitalización con los Agentes Digitalizadores Adheridos.


Una vez concedida la subvención, según el articulo 21 de la orden, el beneficiario deberá seleccionar un “Agente de Digitalización” y contratar con el mismo el la ejecución objeto de la subvención, cediendo la parte que corresponda del «bono digital» al correspondiente agente digitalizador en pago por los servicios prestados.

 

El cobro del bono digital no lo realizara directamente la empresa beneficiaria, si no el agente de digitalización contratado.


La relación entre la empresa beneficiaria de la ayuda y los agentes digitalizadores en el marco de estas bases se formalizará mediante un Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización, que recogerá las funcionalidades a implementar, su plazo de ejecución, las obligaciones entre ambos respecto a la ayuda concedida, y el importe del «bono digital» aplicable. Cada convocatoria establecerá el modelo del Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización.


En el articulo 10, se dispone que, con carácter general, los agentes digitalizadores deberán cumplir los siguientes requisitos:

 

  • Una facturación acumulada de, al menos, 100.000 euros en los dos años anteriores a contar desde el momento de la presentación de la solicitud de adhesión, o 50.000 euros en el año anterior, en proyectos similares a los que se deben desarrollar para los beneficiarios en cualquiera de las categorías de soluciones de digitalización del anexo IV.
  • Para el caso de las personas en situación de autoempleo sin trabajadores a su cargo, la facturación acumulada deberá ser de, al menos, 70.000 euros en los dos años anteriores a contar desde el momento de la presentación de la solicitud de adhesión, o 35.000 euros en el año anterior, en proyectos similares a los que se deben desarrollar para los beneficiarios en cualquiera de las categorías de soluciones de digitalización del Anexo IV
  • Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social; y no estar en situación de crisis (con las debidas precisiones para cubrir las situaciones extraordinarias generadas por la pandemia).
  • Así mismo, entre sus obligaciones comprometerse a generar en España el empleo que sea preciso para la prestación de los servicios; y mantener su domicilio fiscal y centro de prestación de actividades objeto de subvención en la Unión Europea.

Según el artículo 16 “Criterio para la concesión de la subvención” Las ayudas se concederán bajo el único criterio del orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de cumplimiento de los requisitos exigidos hasta que se agote el crédito presupuestario asignado en la convocatoria


Según el articulo 26, el plazo de solicitud será de tres meses desde la fecha de la convocatoria.


Según el articulo 27, la presentación se tendrá que realizar mediante un formulario normalizado que no se adjunta como anexo a la orden.

 

En conclusión, tendremos que estar muy al tanto de la publicación de las convocatorias para poder optar a estas ayudas.

 

 

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PLAN ANUAL NORMATIVO 2022 – ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

   14-01-2022

Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal


PLAN ANUAL NORMATIVO 2022 – ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO

 

Con fecha 11-01-2022, el Consejo de ministros, se ha aprobado “El Plan Anual normativo 2022", en el que se recopilan las iniciativas legislativas previstas para 2022 clasificadas según las distintas materias y departamentos correspondientes.

 

Observamos un conjunto de disposiciones normativas en el ámbito de la Justicia; Economía, empresa, pymes, laboral...etc de interés para el Economista.

 

Destacamos entre estas disposiciones, la referente al RD por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal (paginas 30 y 31 del documento)  …..

 

 

REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLA EL ESTATUTO DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

 

Objetivo: Persigue el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema concursal a través de la profesionalización de la administración concursal.

 

Desde la aprobación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, las sucesivas reformas de esta norma han venido incidiendo en el régimen jurídico de la administración concursal con el doble objetivo de:

 

-          Reforzar su profesionalización.

-        Incidir en su retribución, tanto para asegurar una retribución mínima como para moderar su coste para la masa del concurso.

 

Sobre la base de los nuevos principios que viene a desarrollar el estatuto de la administración concursal se centra en:

 

-          La regulación de los requisitos de acceso a la misma se refuerza.

-       Su designación en función del tamaño de los concursos.

-       Nuevo régimen de retribución.

 

Ministerio: JUSTICIA

Coproponentes: ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL


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Si el lector desea más información, para contactar con el autor puede dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: alv@vazqueztorres.com   



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Jornadas Concursales REFOR: La Mediación concursal en el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal

  11-01-2022

Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal


La Mediación concursal en el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal



A continuación me complace compartir mi intervención en las Jornadas Concursales celebradas por el REFOR del Consejo General de Economistas, en las que tuve el honor de participar.


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De las “Matildes” a la Banca “on-line”. La traición de las entidades de crédito a nuestros mayores.

  03-01-2022

Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal

De las “Matildes” a la Banca “on-line”

La traición de las entidades de crédito a nuestros mayores

 

Recuerdo que, cuando empecé a trabajar en Banca hace ya muchos años, era el final de la época de las famosas “Matildes”, un éxito para el capitalismo popular de la España de los años 70. El capital bursátil de Telefónica creció de 20.000 millones de pesetas a unas 85.000 millones de pesetas a partir de las ampliaciones de capital, dada la gran cantidad de inversores que acudieron a dicha oferta, atraídos por las acciones y sus dividendos potenciales, los cuales eran más rentables que los intereses de la Deuda Pública.

 

Era la época en la que los cobradores del banco iban a los domicilios, cobrando los recibos de las empresas a los particulares, y así te podías encontrar que, en los primeros diez días de cada mes, podían pasar por casa de tus padres el cobrador del Banco Mercantil con el recibo mensual de la enciclopedia que te habías comprado a plazos, o el del Santo Entierro con la cuota del seguro de defunción.

 


Era esa época en que la máxima de la Banca era “El cliente es lo primero”; además, las entidades de crédito creaban trabajo estable, de buena calidad, profesional, bien retribuido y prestigioso, siendo sus trabajadores una de las claves de bóveda que explica el auge de las clases medias en nuestra patria y nuestra tímida, reciente pero sin ningún género de dudas prosperidad de los últimos cuarenta años; además, no lo olvidemos, en general, trabajar en la banca era sinónimo de méritos, pues el sistema de acceso (aparte de los típicos enchufes) era riguroso y profesionalizado.

 

En ese contexto, además, (¿será casualidad?) nuestra Banca se convirtió en sinónimo de eficiencia, sus ganancias aumentaron, sus acciones subieron de precio, se consideró un ejemplo a nivel internacional y, por último, algunas de estas entidades se convirtieron en auténticas multinacionales.

 

Pero eso fue en el pasado; después, han pasado muchas cosas: en primer lugar, nuestros políticos y sindicatos (instituciones que hace ya también años que dejaron de defender a los trabajadores, sirviendo exclusivamente a sus dirigentes y paniaguados) entraron a saco en las Cajas de Ahorro, atraídos por sueldos y prebendas; en segundo término, la burbuja inmobiliaria destrozó cualquier principio de prudencia, esencial para la gestión bancaria y así, en una pendiente que, por ahora, parece no tener fin, las entidades de crédito entraron en territorios desconocidos de tipos de interés negativos, obsesión por mantener capitales desmesurados (culpa, eso sí, de la regulación del Banco Central Europeo), enormes costes de cumplimiento y, al final, menosprecio de su negocio tradicional, basado en la confianza de cliente.

 

Obsesionados por el ahorro de costes, espantados ante la competencia de “fintechs” y “neo bancos”, incapaces de entender la globalización y oprimidos por más y más capas de regulaciones incomprensibles y cambiantes, las entidades de crédito entraron en otro mundo: aumento de tamaño a toda costa, digitalización a cualquier precio y reducción de costes como fuera, destrozando en esta carrera sin objetivos claros lo esencial: la calidad de su fuerza de trabajo y la confianza de los clientes, sin los cuales ninguna empresa puede sobrevivir en el medio plazo.

 

Y estos cambios, acelerados por la globalización y la revolución tecnológica y justificados por la crisis de 2006 (que ellos mismos crearon) y los tipos de interés negativos empezaron, como siempre, por los detalles.

 

Primero, la banca descubrió que el sistema de cobro a domicilio era caro y poco efectivo, por lo que nació la famosa “xerocopia[i]”, que no era otra cosa que una fotocopia de un documento de un derecho de cobro, la cual, por el anverso, contenía instrucciones de domiciliación en una cuenta bancaria. Independientemente del origen etimológico, el nombre xerocopia se extendió pues, normalmente, se utilizaban en el proceso máquinas de la mítica marca “Xerox”.

 

Poco a poco se fue extendiendo la domiciliación bancaria y se abandonó la practica del cobro a domicilio, por supuesto, por nuestro interés y beneficio, sin que nos diéramos cuenta de que, en ese tránsito, se perdían empleos y relaciones sociales, tan necesarias en una sociedad cada vez más individualista y solitaria.

 

Por otro lado, la tecnología desarrollada para la puesta en marcha de los cajeros automáticos durante los años 60 por la compañía De La Rue, tuvo, ya en sus comienzos, una gran acogida, debido a que, para los clientes, era una comodidad poder sacar dinero del banco durante las 24 horas del día y, para el banco, por supuesto, suponía un gran ahorro de costes.

 

Por cierto, un gran banquero, Paul Volcker[ii], afirmó que “la única gran invención de la banca en los últimos años ha sido, precisamente, la ATM y todos los demás inventos financieros no son sino mentiras, ficciones carentes de toda realidad, proclives a la estafa, al desarrollo de esquemas Ponzi … [iii]”.

 

En España, el primer cajero comenzó a funcionar en 1974 en la sucursal del Banco Popular en Toledo y, desde esa fecha, se ha generalizado su uso entre los ciudadanos, convirtiéndose en el país con mayor número de cajeros automáticos por habitante de Europa, y el segundo del mundo, por detrás de Japón.

De hecho, el cajero automático se ha convertido en una especie de supermercado financiero, en el que, además de sacar dinero, función primigenia para la que fue creado, se hacen ingresos, domiciliaciones, consultas de saldo, transferencias …. De hecho, alguno de los “genios” que dirigen esas entidades financieras creen que las entidades de crédito ya no necesitan ni oficinas, ni, por supuesto, trabajadores (lo que, de verdad, desean) porque toda ATM, bien provista de herramientas de inteligencia artificial y mecanismos NLP[iv] y NLT (querido lector, si no conoce estas siglas, lo lamento, su reino ha dejado de ser de este Mundo y dese por derrotado), es un minibanco.

 

Nuevamente, se “olvidan” que el ser humano interactúa, tiene emociones, necesita comunicarse con otros humanos y, asimismo, que los débiles de todo tipo (personas mayores, discapacitados, torpes inveterados y otras yerbas) encuentran difícil la tecnología, las máquinas, los procesadores, los “hardware” y los “software”.

 

Visto en perspectiva, es como si los gurús que dirigen el cotarro financiero menospreciaran a los humanos, aunque, ya se sabe lo que dijo Nietzsche: “humano, demasiado humano”,

 

Paralelamente, crecía en el mundo la tecnología de las tarjetas de crédito, siendo 1958 el año en el que, el “Bank of América” puso en circulación la primera tarjeta bancaria conocida como Bankamericard (actualmente, VISA), y en el que también “American Express” lanzó su primera tarjeta de crédito. Por su parte, en el año 1967, el “First American National Bank” of Nashville creó la tarjeta denominada “MasterCharge” (actualmente, “MasterCard”).

 

El banquero Carlos Donis de León fue quien trajo la tarjeta de crédito a España y la primera tarjeta de crédito fue emitida por el Banco de Bilbao y se le otorgó el número 0001 a Carlos Donis.

 

Ya en los años 80 se generalizó su uso, pues todo eran ventajas para el usuario, su emisión era gratis, tenían seguros asociados a su utilización, existían planes de fidelización que asignaban puntos en función se su utilización, pero ,¡oh, sorpresa¡, una vez que su utilización ya ha superado a la del pago en efectivo, la cosa cambia, ya no se emiten gratis tienen gastos periódicos de mantenimiento y se han “perfeccionado” como artilugios como las tarjetas “revolving”, es decir, herramientas para mantenernos endeudados de por vida, como nuevos esclavos sin posibilidad de liberación.

 

Todo estos detalles anticipaban una nueva “Aurora”. Allá por 1983, el Reino Unido fue el primer país en desarrollar lo que podrían definirse como los primeros pasos para las aplicaciones de la llamada “banca digital”. En España, por el contrario, tuvimos que esperar hasta 1995, cuando se implementaron los sistemas telefónicos que darían paso a los sistemas de soporte iniciales de banca por Internet.


Durante los primeros años, se podían realizar algunas de las operaciones bancarias en digital como, verbigracia, la solicitud de extractos de movimiento, la remesa de efectos, y poco más. Era un procedimiento rudimentario, con interfaces de usuario nada intuitivas ni prácticas, las cuales, puedo asegurar por experiencia propia que daban ganas de desistir y realizar las operaciones por el sistema tradicional.

Eran tiempos en los que las conexiones se realizaban sobre líneas analógicas con los famosos “modem” (modulador-demodulador) y en los que el servicio, no solo era gratis, sino que, además, la Banca, interesada en su implantación, te regalaba los “modem” e incluso la línea.


Sin embargo, el 15 de agosto de 1996 iba a cambiar todo. Nokia lanza el “Nokia 9000 Communicator”, herramienta que tenía las características de un computador de escritorio: “software” de oficina, Internet y “fax”. Las ventas comenzaron el 15 de agosto de 1996. Su precio: 800 dólares en EE.UU. (715 euros al cambio).

En España, con fecha 25 de julio de 1995, el Gobierno autorizó a Telefónica Móviles a iniciar el servicio de GSM.

 

Pero todavía tendríamos que esperar hasta enero de 2007, fecha en la que en la convención Macworld, Steve Jobs subió al escenario para anunciar que estaban a punto de lanzar el primer teléfono de Apple. Unos meses más tarde, el 29 de junio de 2007, nació el iPhone original y se lanzó al público.


El uso masivo de “Smartphone” por parte de, prácticamente toda la población, sobre todo por los mas jóvenes, consiguió ese cambio de mentalidad en la sociedad, haciendo normal la utilización del móvil para cualquier tipo de transacción y, por supuesto, para la operativa bancaria.

 

De esta forma, la utilización de medios digitales para las transacciones bancarias ha crecido continuamente hasta alcanzar un 62% de la población europea en el 2020, según https://es.statista.com/

El número de clientes digitales de los principales bancos españoles no cesa de crecer a nivel mundial. Según los datos facilitados por statista, el Grupo Santander encabezaba el ranking, en 2020, con más de 40 millones de clientes digitales, seguida por el  BBVA, con más de 34 millones[v].

 

Por si fuera poco, según las recomendaciones sanitarias, una de las formas más eficientes de contener la epidemia actual de Covid-19 es evitar el contacto personal, lo que implica reducir al mínimo los desplazamientos y permanecer el máximo tiempo posible en casa.

 

Siguiendo estas indicaciones, la gran mayoría de entidades bancarias de los países afectados han reducido su horario de atención presencial y recomiendan a sus clientes utilizar la banca “online”, siempre, por supuesto por nuestro bien, como si, en realidad, no hubieran tomado en consideración la enorme reducción de costes que este cambio de operatoria les supone.

 

Para potenciar este canal, además de los mensajes positivos, recordando a sus clientes los beneficios de la banca digital como, por ejemplo, la facilidad para realizar cualquier operación 24/7 o el acceso permanente a toda su información financiera en tiempo real, también han utilizado mensajes disuasorios, (nuevamente,  por nuestro bien, fin esencial de su existencia), y no por el ahorro de costes que supone, reducir los horarios de atención al publico, solo atender personalmente mediante cita previa, reducir el horario de caja (de 9 a 11), eliminar el servicio de caja de muchas oficinas, retirar cajeros automáticos, y por supuesto, que toda la operativa se la realice el cliente a través de la banca “on-line”, con lo cual, nosotros, los clientes, trabajamos gratis para la banca, entregándole nuestro tiempo y esfuerzo. Asimismo, lógicamente, los errores y responsabilidades son de nuestra culpa y, como ya no necesitan trabajadores para atendernos, despiden masivamente a sus empleados.

 

Sin duda, es el beneficio social y el interés general el que guía tan excelsa revolución digital bancaria que, sorprendentemente, no va unida a una reducción de los costes o retribuirnos por nuestros trabajos y tiempo al servicio de la banca, sino, por el contrario, por un aumento de los costes y comisiones bancarias.

 

No podemos dudar, que si nos cobran (haciendo nosotros, los otrora clientes, la mayor parte de los servicios bancarios) es también por nuestro bien, porque, entre otras razones, las inversiones en banca digital son muy costosas y sometidas a altos ratios de incertidumbre tecnológica, por lo cual, no les queda más remedio que cobrarnos por “un servicio” que ya no nos prestan, sino que nos autoprestamos.

 


Sin embargo, nos estamos olvidando de un factor importante y es el que las personas (lástima, que, repito, sigamos siendo humanos) siguen necesitando servicios bancarios, e incluso servicios mínimos presenciales, ya que no todos los usuarios pueden pasar a utilizar los canales digitales de una forma sencilla e inmediata, como es el caso de uno de los colectivos más vulnerables al Covid-19, la tercera edad, para no hablar de los habitantes de la “España vaciada”, “locus” que no nos extraña exista ya que ¿sin en un lugar no se prestan servicios financieros elementales, cómo pretenden que la gente resida en tal lugar?

 

Si miramos a los datos de uso de servicios de banca “on line” por franja de edad en Europa, vemos que, entre los 55 y los 64 años, el uso es del 48%, menos de la mitad y, de los 65 a los 74, baja hasta el 33%.

 


Fuente: https://www.miteksystems.com/es/blog/impacto-covid19-uso-banca-digital

 

Y si nos centramos en España, estos datos son incluso menores: para la franja entre 55 y 64 años, la utilización es del 23,4%y, entre 65 y 74 años, de un 23,02%.

 

Y llegados aquí nos encontramos con un colectivo de personas mayores de 60 años, que:

-         Se adaptaron a que los cobradores del banco no fueran a su casa a cobrar los recibos y no pusieron pegas para domiciliar sus pagos en masa.

-         Se adaptaron a utilizar los cajeros automáticos.

 

-         E, incluso, se acostumbraron a utilizar la tarjeta de crédito


Pero ahora la Banca, les ha cerrado las oficinas, les ha eliminado el servicio de ventanilla o se lo ha reducido drásticamente e, incluso ha quitado un numero considerable de cajeros automáticos, y la única alternativa que les ofrece es el uso de una banca “on-line” que no entienden en su gran mayoría o, asimismo, se les insta a unas comisiones desorbitadas porque les realicen operaciones básicas como es una trasferencia.

 

A la vez, ellos que eran magníficos clientes, se sienten (con razón) menospreciados, marginados, vistos como inútiles o antiguallas.

 

Muchas personas de este colectivo viven solas y, ante las dificultades que les ponen en el banco, tienen que recurrir a familiares o personas de confianza para que los acompañen a una oficina o un cajero a sacar todo el dinero de la pensión para pasar el mes, con el riesgo que esto conlleva para su seguridad personal.

 

No es cuestión de ponerse melodramático, pero, en mi humilde opinión, la banca ha traicionado a este colectivo, que nos lo ha dado todo, y nunca ha pedido nada, y que, con sus libretas y los ahorros de toda una vida de trabajo han hecho grandes a muchas de las entidades que, ahora, les abandonan y, lo que es peor, les menosprecian.


Pero como diría el Gaucho Martin Fierro, “el que a fierro mata, a fierro muere” y no esta lejos el día que esa misma tecnología omnipresente, utilizada para dar la espalda a nuestros mayores, se les vuelva en contra, y los Google y otros gigantes tecnológicos empiecen a realizar transacciones financieras; las “fintech”, el “crowdfunding”, el “crowdlending” o incluso la propia operativa con criptomonedas, tambaleen los ya deteriorados pilares de la Banca tradicional.

Ángel Luis Vázquez Torres

Economista, Experto financiero, Administrador Concursal

Empleado de Banca de 1972 a 1986

A partir de esa fecha, como dirían en la “Guerra de las Galaxias”, me pase “al lado oscuro” (La empresa privada)

 


[i] Copia fotográfica obtenida por medio de la xerografía. De xero- y -grafía. 1. f. Procedimiento electrostático que , utilizando conjuntamente la fotoconductividad y la atracción eléctrica , concentra polvo colorante en las zonas negras o grises de una imagen registrada por la cámara oscura en una placa especial .

[ii] Paul Adolph Volcker, ​​ fue un economista estadounidense, director de la Reserva Federal durante las presidencias de Jimmy Carter y Ronald Reagan.​El 26 de noviembre fue nombrado director del President's Economic Recovery Advisory Board por el presidente Barack Obama

[iii] Un esquema Ponzi ​ es una forma de estafa que atrae a los inversores y paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes.​

[iv] El procesamiento de lenguaje natural, ​​ abreviado PLN​​ —en inglés, natural language processing, NLP— es un campo de las ciencias de la computación, de la inteligencia artificial y de la lingüística que estudia las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano.

[v] Fuente: https://es.statista.com/

 

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¿Es un requisito tener un programa de compliance para poder optar a los Fondos Europeos?

   29-12-2021

Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal

¿Es un requisito tener un programa de compliance para poder optar a los Fondos Europeos?

 


El compliance es el conjunto de procedimientos que permiten identificar y clasificar riesgos normativos, operativos y legales de las empresas, de manera que se establezcan mecanismos de prevención y control que contribuyan al cumplimiento de requerimientos regulatorios.

 

El origen de lo que es compliance, cabe situarlo a inicios del siglo XX con la creación de las Agencias Públicas de Seguridad en Estados Unidos, por ejemplo, la Agencia de medicamentos y alimentos “Food and Drug Administration” creada en 1906.

 

Asimismo, se registró un avance importante en el concepto de qué es compliance en los años 70 y 80 cuando, tras sonados escándalos de corrupción y financieros que afectaron a importantes compañías, se dictó la Foreign Corrupt Practices Act o FCPA (1977), que incorporó requerimientos y prohibiciones en materia de sobornos, libros y registros.

 

En nuestro país se introdujo ya hace varios años en dos sectores ampliamente regulados como son el sector financiero y farmacéutico.

 

Pero solo tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de la Reforma del Código Penal, que introdujo en España la responsabilidad penal de la persona jurídica, y posteriores reformas, se empieza a desarrollar el compliance en la empresa española, si bien es cierto, que sobre todo en grandes empresas, y sectores que se ven condicionados bien por clientes multinacionales que les obligan a implantar un sistema de compliance para poder trabajar con ellos, o bien porque suma créditos para trabajar con la Administración.

 

En resumen, podemos decir que hasta ahora la gran ventaja de una empresa que cuente con un sistema de compliance implantado, es que además de poder trabajar con clientes multinacionales, sobre todo de origen americano, y en caso de que un empleado o un directivo incumpla la Ley en el seno de la empresa, esta, con un sistema de cumplimiento normativo, se podrá librar de una posible condena penal o de una sanción administrativa.

 

Pero a partir de ahora, además de las ventajas anteriores, va a poder cumplir con los requisitos necesarios para acceder a las ayudas de los fondos europeos.

 

El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de recuperación temporal, conocido como Next Generation EU (Próxima Generación UE), para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia por COVID, aportando a los países miembros unos fondos por un importe de 750.000 millones de euros, a precios constantes de 2018, de los cuales, España podrá recibir hasta 140.000 millones.

 


Estos fondos irán destinados a las Administraciones Públicas y a las empresas en forma de ayudas consistentes en subvenciones directas, ventajas fiscales, garantías y bonificaciones de préstamos, ayudas a la I+D, ayudas a productos sanitarios, medidas de recapitalización o aplazamiento de impuestos y cotizaciones, entre otros mecanismos.

 

Aunque puede solicitar esos fondos cualquier tipo de empresa y no se excluye ningún sector, se priorizan los proyectos que intervengan en la transformación digital, transición ecológica, cohesión social y territorial, e igualdad de género.

 

Estos fondos se regulan en España, a través del RD-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 

Y es a raíz de la publicación de esta Orden ministerial donde se desata la polémica, pues en sus artículos:

 

  • Artículo 2.2.d[i]. Principios de gestión específicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
  • Artículo 6[ii]. Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
  • Artículo 8.1.e[iii]. Identificación del perceptor final de fondos: beneficiarios de las ayudas, contratistas y subcontratistas.

 

A raíz de su aprobación, se ha abierto un debate sobre si dicha norma obliga a las empresas a contar con un programa de cumplimiento normativo para tener derecho a cobrar las ayudas europeas.

 

Hay especialistas en compliance que entienden que no es obligatorio un sistema de compliance global, sino sólo un “plan de medidas antifraude”, sin embargo otros profesionales, en cambio, interpretan que sí es obligatorio un completo plan de cumplimiento.

 

En cualquier caso, lo que parece claro, es que, si una empresa dispone de un sistema de compliance, será mucho más fácil acceder a los fondos europeos, que otra que no lo dispone,  lo que puede significar un importante empuje en la implantación del compliance en España.

 


[i] Artículo 2. Principios de gestión específicos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas se rigen por un conjunto de normas de carácter general que garantizan un planteamiento homogéneo en relación con el desarrollo de la gestión. Partiendo de este marco jurídico común, se adapta e incorpora al ámbito interno los criterios que vienen determinados por el planteamiento de la Comisión Europea, en relación con las distintas reformas e inversiones del Plan.

A su vez y a estos efectos, se deberá tomar en consideración los pronunciamientos y actos delegados publicados por los servicios de la Comisión Europea en relación con los requerimientos relativos a cada principio.

 

2. Son principios o criterios específicos, de obligatoria consideración en la planificación y ejecución de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por lo tanto transversales en el conjunto del Plan, y atendiendo a las definiciones establecidas en los artículos 3 y siguientes de esta Orden:

a) Concepto de hito y objetivo, así como los criterios para su seguimiento y acreditación del resultado.

b) Etiquetado verde y etiquetado digital.

c) Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente (do no significant harm, DNSH), seguimiento y verificación de resultado sobre la evaluación inicial.

d) Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude la corrupción y los conflictos de interés.

e) Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación.

f) Identificación del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un contrato o subcontratista.

g) Comunicación.

 

[ii] Artículo 6. Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

1. Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos del MRR, toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

 

2. Son de aplicación las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses contenidas en la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE).

A efectos de lograr una homogeneidad en el diseño de esas medidas por parte de tales participantes, y sin perjuicio de la aplicación de medidas adicionales atendiendo a las características y riesgos específicos de la entidad de que se trate, se recoge en el anexo II.B.5 un cuestionario de autoevaluación relativa al estándar mínimo, y en el anexo III.C orientación sobre medidas de prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de intereses, en el que se hace referencia a las posibles medidas a adoptar para garantizar una apropiada protección de los intereses financieros de la Unión en la ejecución de actuaciones financiadas o a financiar por el MRR.

 

3. Los participantes en la ejecución del PRTR deberán atenerse estrictamente a lo que en relación con esta materia establece la normativa española y europea y los pronunciamientos que al respecto de la protección de los intereses financieros de la Unión hayan realizado o puedan realizar las instituciones de la Unión Europea.

 

4. Se configuran como actuaciones obligatorias para los órganos gestores, la evaluación de riesgo de fraude, la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) y la disponibilidad de un procedimiento para abordar conflictos de intereses.

La elección de las medidas de prevención y detección se deja a juicio de la entidad que asuma la responsabilidad de gestión, atendiendo a sus características específicas y siempre teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una conveniente protección de los intereses de la Unión.

 

5. El «Plan de medidas antifraude» deberá cumplir los siguientes requerimientos mínimos:

a) Aprobación por la entidad decisora o ejecutora, en un plazo inferior a 90 días desde la entrada en vigor de la presente Orden o, en su caso, desde que se tenga conocimiento de la participación en la ejecución del PRTR.

b) Estructurar las medidas antifraude de manera proporcionada y en torno a los cuatro elementos clave del denominado «ciclo antifraude»: prevención, detección, corrección y persecución.

c) Prever la realización, por la entidad de que se trate, de una evaluación del riesgo, impacto y probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su revisión periódica, bienal o anual según el riesgo de fraude y, en todo caso, cuando se haya detectado algún caso de fraude o haya cambios significativos en los procedimientos o en el personal.

d) Definir medidas preventivas adecuadas y proporcionadas, ajustadas a las situaciones concretas, para reducir el riesgo residual de fraude a un nivel aceptable.

e) Prever la existencia de medidas de detección ajustadas a las señales de alerta y definir el procedimiento para su aplicación efectiva.

f) Definir las medidas correctivas pertinentes cuando se detecta un caso sospechoso de fraude, con mecanismos claros de comunicación de las sospechas de fraude.

g) Establecer procesos adecuados para el seguimiento de los casos sospechosos de fraude y la correspondiente recuperación de los Fondos de la UE gastados fraudulentamente.

h) Definir procedimientos de seguimiento para revisar los procesos, procedimientos y controles relacionados con el fraude efectivo o potencial, que se transmiten a la correspondiente revisión de la evaluación del riesgo de fraude.

i) Específicamente, definir procedimientos relativos a la prevención y corrección de situaciones de conflictos de interés conforme a lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 61 del Reglamento Financiero de la UE. En particular, deberá establecerse como obligatoria la suscripción de una DACI por quienes participen en los procedimientos de ejecución del PRTR, la comunicación al superior jerárquico de la existencia de cualquier potencial conflicto de intereses y la adopción por este de la decisión que, en cada caso, corresponda.

 

6. En el supuesto de que se detecte un posible fraude, o su sospecha fundada, la entidad correspondiente deberá:

a) Suspender inmediatamente el procedimiento, notificar tal circunstancia en el más breve plazo posible a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realización de las actuaciones y revisar todos aquellos proyectos, subproyectos o líneas de acción que hayan podido estar expuestos al mismo;

b) Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora, o a la entidad ejecutora que le haya encomendado la ejecución de las actuaciones, en cuyo caso será ésta la que se los comunicará a la entidad decisora, quien comunicará el asunto a la Autoridad Responsable, la cual podrá solicitar la información adicional que considere oportuna de cara a su seguimiento y comunicación a la Autoridad de Control;

c) Denunciar, si fuese el caso, los hechos a las Autoridades Públicas competentes, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude –SNCA-, para su valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude;

d) Iniciar una información reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente disciplinario;

e) Denunciar los hechos, en su caso, ante el Ministerio Fiscal, cuando fuera procedente.

 

7. La entidad afectada deberá evaluar la incidencia del posible fraude y su calificación como sistémico o puntual y, en todo caso, retirar los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR.

 

[iii] Artículo 8. Identificación del perceptor final de fondos: beneficiarios de las ayudas, contratistas y subcontratistas.

Con la finalidad de dar adecuado cumplimiento al mandato establecido en la letra d) del apartado 2 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se configura el siguiente procedimiento de incorporación de información específica:

 

1. Las entidades decisoras y ejecutoras de los componentes incluirán en las convocatorias de ayudas previstas en el Plan, al menos, los siguientes requerimientos en relación con la identificación de los beneficiarios, sean personas físicas o jurídicas:

a) NIF del beneficiario.

b) Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica.

c) Domicilio fiscal de la persona física o jurídica.

d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Modelo anexo IV.B).

e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión (Modelo anexo IV.C).

f) Los beneficiarios que desarrollen actividades económicas acreditarán la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.