Directiva europea de "Segunda Oportunidad" para empresas

Ángel Luis Vázquez
Economista - Administrador Concursal

Publicada la Directiva europea de "segunda oportunidad[1]" para empresas insolventes que permitirá la plena exoneración de las deudas contraídas en un plazo máximo de tres años

Cada año, en Europa 200.000 empresas entran en concurso de acreedores lo que se traduce en la pérdida de 1,7 millones de puestos de trabajo directos.

La Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, pretende garantizar a las empresas que se hallen en dificultades financieras el acceso a medidas de reestructuración preventiva que les permitan continuar su actividad.

Las dos medidas más novedosas son:

  1. Los deudores podrán disfrutar de una suspensión de las ejecuciones singulares durante cuatro meses para favorecer las negociaciones del plan de reestructuración.
  2. También establece sistemas de alerta temprana para detectar a tiempo las condiciones que puedan llevar a la insolvencia inminente.
La propia Directiva marca tres objetivos fundamentales:
  1. Garantizar que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a marcos nacionales efectivos de reestructuración preventiva que les permitan continuar su actividad.
  2. Que los empresarios de buena fe insolventes o sobreendeudados puedan disfrutar de la plena exoneración de sus deudas después de un período de tiempo razonable, lo que les proporcionaría una segunda oportunidad.
  3. Que se mejore la eficacia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, en particular con el fin de reducir su duración[2].
En principio, la norma no será de aplicación a personas físicas que no tengan la condición de empresario. No obstante, los Estados miembros podrán ampliar la aplicación de los procedimientos de exoneración de deudas también para personas físicas insolventes que no sean empresarios.

Marcos de reestructuración preventiva
Igualmente, la nueva Directiva permitirá a las empresas deudoras tener acceso a un marco de reestructuración preventiva, para que puedan afrontar esta situación cuando todavía son viables y evitar llegar a la insolvencia.
En estos planes de reestructuración se debe incluir una descripción de la situación económica; la mención de las partes afectadas y sus categorías de deuda o condiciones; las condiciones del plan, así como una exposición de motivos que explique por qué el plan ofrece una perspectiva razonable para evitar la insolvencia del deudor y garantizar la viabilidad de la empresa.
Los deudores que acometan una reestructuración preventiva podrán disfrutar de una suspensión de las ejecuciones singulares durante un periodo máximo de cuatro meses, para facilitar el proceso.
Durante ese periodo los acreedores individuales no podrían reclamar su parte de la deuda y bloquear por sí solos el proceso de reestructuración.
En este contexto, se facilitará también la negociación del plan con el nombramiento de administradores concursales cuando las circunstancias así lo aconsejen. Por ejemplo: en caso de que el deudor disfrute de una suspensión general de ejecuciones singulares; cuando el plan de reestructuración deba ser confirmado por medio de una reestructuración forzosa de la deuda aplicable a todas las categorías; cuando el plan de reestructuración incluya medidas que afecten a los derechos de los trabajadores, o cuando el deudor o sus administradores sociales hayan actuado de modo delictivo, fraudulento o perjudicial para las relaciones empresariales.
No será aplicable esta Directiva en el caso de deudores que constituyan empresas de seguros o de reaseguros, entidades de crédito, empresas de inversión u organismos de inversión colectiva, entidades de contrapartida central, depositarios centrales de valores u otras entidades y entes financieros recogidos en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2014/59/UE; organismos públicos con arreglo al Derecho nacional y personas físicas que no tengan la condición de empresario. Asimismo, la norma detalla aquellos supuestos en que los Estados miembros podrán modificar su ámbito de aplicación.

Alertas tempranas
De entre las novedades destacables resaltamos la aprobación de un sistema de alertas que permita detectar circunstancias que puedan provocar una insolvencia inmediata, con el objeto de advertir al deudor de la necesidad de actuar sin demora.
Estas herramientas pueden incluir:
a) Mecanismos de alerta en caso de que el deudor no haya efectuado determinados tipos de pagos;
b) Servicios de asesoramiento prestados por organismos públicos o privados;
c) Incentivos, con arreglo a la normativa nacional, para que los terceros que dispongan de información pertinente sobre el deudor, como contables, administraciones tributarias y de seguridad social, adviertan al deudor sobre cualquier evolución negativa.

Facilitación de las negociaciones sobre los planes de reestructuración preventiva
La Directiva prevé la facilitación de las negociaciones sobre los planes de reestructuración preventiva. En este contexto, establece que los Estados miembros velen por que el deudor que sea parte en los procedimientos de reestructuración preventiva conserve totalmente, o al menos en parte, el control sobre sus activos y sobre la gestión diaria de la empresa.
Asimismo, los Estados miembros deben establecer disposiciones para nombrar un administrador en materia de reestructuración que asista al deudor y a los acreedores en la negociación y elaboración del plan: a) cuando una autoridad judicial o administrativa acuerde la suspensión general de las ejecuciones singulares y la autoridad judicial o administrativa decida que dicho administrador es necesario para salvaguardar el interés de las partes, b) cuando el plan de reestructuración deba ser confirmado por una autoridad judicial o administrativa por medio de un mecanismo de reestructuración forzosa de la deuda aplicable a todas las categorías, y c) cuando el deudor o una mayoría de acreedores lo solicite, siempre y cuando, en el último caso, los acreedores carguen con los costes del administrador en materia de reestructuración.

Suspensión de las ejecuciones singulares
Esta Directiva establece que los Estados miembros velarán por que el deudor pueda disfrutar de una suspensión de las ejecuciones singulares para favorecer las negociaciones de un plan de reestructuración en un marco de reestructuración preventiva, y podrán prever que las autoridades judiciales o administrativas puedan denegar una suspensión de las ejecuciones singulares cuando esta no sea necesaria o cuando no cumpla el objetivo establecido.
Los Estados miembros habrán de velar por que la suspensión de ejecuciones singulares pueda abarcar a todas las categorías de créditos, incluidos los créditos garantizados y los créditos preferentes. La suspensión de ejecuciones singulares podrá ser general, para todos los acreedores, o limitada, para uno o varios acreedores individuales o categorías de acreedores.
La duración inicial máxima de una suspensión de ejecuciones singulares no superará cuatro meses. No obstante, se podrá permitir a las autoridades judiciales o administrativas ampliar la duración de una suspensión de ejecuciones singulares o acordar una nueva suspensión de ejecuciones singulares a petición del deudor, de un acreedor o, en su caso, de un administrador en materia de reestructuración. La duración total de las ejecuciones singulares, incluidas las ampliaciones y las renovaciones, no podrá exceder de 12 meses.

Planes de reestructuración
La norma:
  1. Detalla el contenido mínimo de los mismos.
  2. Regula su proceso de adopción y las condiciones para su confirmación por la autoridad judicial o administrativa, incluyendo las que deben concurrir para que un plan de reestructuración no aprobado por las partes afectadas en todas las categorías de voto pueda ser confirmado por una autoridad judicial o administrativa a propuesta de un deudor o con el consentimiento del deudor, y convertirse en vinculante para las categorías de voto disidentes, cuando el plan de reestructuración cumpla determinadas condiciones.
Por lo que respecta a los trabajadores, la norma establece que los Estados miembros garantizarán que no se vean afectados por el marco de reestructuración preventiva los derechos laborales individuales y colectivos establecidos en la normativa laboral de la Unión Europea y nacional, y que cuando el plan de reestructuración incluya medidas que conduzcan a modificar la organización del trabajo o las relaciones contractuales con los trabajadores, las mismas serán aprobadas por dichos trabajadores, cuando la normativa nacional o los convenios colectivos prevean tal aprobación en esos casos.
Asimismo, los Estados miembros garantizarán que un recurso contra una decisión confirmatoria o denegatoria de un plan de reestructuración adoptada por una autoridad administrativa se interponga ante una autoridad judicial.
Financiación
Los Estados miembros deben garantizar que se proteja adecuadamente la nueva financiación y la financiación provisional, de forma que en el caso de una posterior insolvencia del deudor la nueva financiación y la financiación provisional no podrán ser declaradas nulas, anulables o inejecutables y a los prestadores de dicha financiación no se les podrá exigir responsabilidad civil, administrativa o penal por el motivo de que dicha financiación sea perjudicial para el conjunto de los acreedores, a no ser que concurran otros motivos adicionales establecidos en la normativa nacional.
Exoneración de deudas e inhabilitaciones
La Directiva fija además que los empresarios que sean declarados insolventes tengan acceso a un procedimiento que pueda llevar a la plena exoneración de sus deudas en un plazo no superior a tres años[3].

Cuando un empresario insolvente obtenga una exoneración de deudas, cualquier inhabilitación para iniciar o continuar una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional dictada por el mero hecho de que el empresario es insolvente debe dejar de tener efecto, a más tardar, al final del plazo de exoneración

La Directiva contempla la posibilidad de que los Estados Miembros puedan mantener o introducir disposiciones que denieguen o restrinjan el acceso a la exoneración de deudas o revoquen una exoneración o que establezcan plazos más largos para la obtención de la plena exoneración de deudas o períodos de inhabilitación más largos en determinadas circunstancias bien definidas y siempre que tales excepciones estén debidamente justificadas como ocurre en los casos siguientes:
  1. Cuando el empresario insolvente haya violado sustancialmente las obligaciones asumidas en virtud de un plan de pagos o cualquier otra obligación jurídica orientada a salvaguardar los intereses de los acreedores, incluida la obligación de maximizar los rendimientos para los acreedores.
  2. Cuando el empresario insolvente haya incumplido sus obligaciones en materia de información o cooperación con arreglo al Derecho de la Unión y nacional.
  3. En caso de solicitudes abusivas de exoneración de deudas.
  4. En caso de presentación de una nueva solicitud de exoneración dentro de un determinado plazo a partir del momento en que el empresario insolvente haya obtenido la plena exoneración de deudas o del momento en que se le haya denegado la plena exoneración de deudas debido a una vulneración grave de sus obligaciones de información o cooperación.
  5. Cuando no esté cubierto el coste del procedimiento conducente a la exoneración de deudas.
  6. Cuando sea necesaria una excepción para garantizar el equilibrio entre los derechos del deudor y los derechos de uno o varios acreedores.
Entrada en vigor
La Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio de 2019, entrará en vigor el 18  de julio de 2019[4].

Transposición
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 17 de julio de 2021[5], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva, a excepción de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento al artículo 28, letras a), b) y c)[6] y las disposiciones necesarias para dar cumplimiento al artículo 28, letra d)[7]


[1] Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) (D.O.U.E.L. Nº 172 de 26 de junio de 2019)

[2] Los procesos de insolvencia en Europa duran de media dos años y los acreedores solo recuperan el 65 % de sus deudas. En España los datos son bastante mas desalentadores 4,7 años en un procedimiento ordinario y mas del 90% de las empresas termina en liquidación.
[3] A computar, en el caso de los procedimientos que incluyan un plan de pagos, desde la fecha de la decisión de una autoridad judicial o administrativa de confirmar el plan o el inicio de la aplicación del plan, y en todos los demás procedimientos desde la fecha de la decisión de la autoridad judicial o administrativa de abrir el procedimiento, o la fecha en que se determine la masa concursal del deudor.
[4] A los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
[5] Como excepción, los Estados miembros que experimenten especiales dificultades para aplicar la Directiva podrán disfrutar de una prórroga máxima de un año del plazo de aplicación.
[6] Utilización de medios electrónicos de comunicación para reclamaciones de créditos, presentación de planes de reestructuración o reembolso, y notificaciones a los acreedores, que se adoptarán y publicarán a más tardar el 17 de julio de 2024,
[7] Presentación de impugnaciones y recursos a través de dichos medios electrónicos de comunicación, que se adoptarán y publicarán a más tardar el 17 de julio de 2026.

CREACION DE LA POLICIA FINANCIERA EUROPEA - UN PROYECTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Ángel Luis Vázquez
Economista - Administrador Concursal
 
CREACION DE LA POLICIA FINANCIERA EUROPEA
UN PROYECTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Comité especial del Parlamento Europeo sobre delitos fiscales quiere que se establezca un organismo fiscal global dentro de la ONU.
FUENTE: euroreporter 28/02/2019


El Comité fiscal especial del Parlamento Europeo del miércoles 27 de febrero de 2019, adoptó una hoja de ruta detallada hacia una tributación más justa y efectiva, y la lucha contra los delitos financieros.

Las recomendaciones adoptadas por este Comité van desde la mejora en la cooperación de todas las autoridades involucradas, a la creación de nuevos organismos a nivel europeo y mundial.

Entre las numerosas recomendaciones incluida en el informe, podemos destacar:
  • La Comisión Europea trabajará de inmediato en una propuesta para crear una fuerza policial financiera europea.
  • Debería establecerse un organismo de control propio de la UE contra el lavado de dinero.
  • Deberia establecerse un organismo fiscal global dentro de la ONU.
  • Existe gran preocupación por la falta general de voluntad política de los Estados miembros en el Consejo Europeo para abordar la elusión / evasión fiscal y el delito financiero.
  • Siete países de la UE (Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos) muestran rasgos de actuar como un paraíso fiscal y facilitan la planificación fiscal agresiva.
  • Los “visados de oro y los “pasaportes comprados” son una practica que debería eliminarse[1].
  • Los esquemas de fraude, como el conocido “cum-ex[2]” muestra claramente que la complejidad de los sistemas tributarios da lugar a lagunas legales y que los tratados tributarios multilaterales, no bilaterales, son el camino a seguir.
  • Deberían preverse contramedidas contra los Estados Unidos si no garantiza la reciprocidad de FATCA[3].
  • El Consejo debería evaluar adecuadamente la situación en Suiza para garantizar que no se introduzcan regímenes fiscales perjudiciales. Las cláusulas de «buena gobernanza fiscal[4]» deberían incluirse sistemáticamente en los nuevos acuerdos de la UE con países no pertenecientes a la UE.
  • Los denunciantes y los periodistas de investigación deben estar mucho mejor protegidos, y el sistema de recompensas[5] de los denunciantes en los EE. UU. podría replicarse en la UE.
  • Malta y Eslovaquia deben hacer todo lo posible para identificar a los instigadores detrás de los asesinatos de dos periodistas de investigación.
El texto del Comité apunta que los ingresos por actividades delictivas en la Unión ascienden a 110 000 millones EUR por año, lo que equivale al 1 % del PIB total de la UE.

El informe se publica tras los escándalos en los últimos años sobre el blanqueo de capitales, que involucraron a bancos europeos, y las revelaciones de los periodistas de investigación, como LuxLeaks y los papeles de Panamá, sobre casos de evasión y elusión fiscal.

Uno de los responsables de las recomendaciones en el Parlamento Europeo, el eurodiputado checo Luděk Niedermayer,  del Partido Popular Europeo, destaca que el blanqueo de dinero tiene siempre una dimensión internacional, debido  a la falta de cooperación y coordinación entre las autoridades de dentro y fuera de los Estados miembros.

Las conclusiones del informe son impactantes. Tras un año de investigaciones, el Comité sobre Delitos Financieros concluye. "Lo triste es que Europa tiene un problema sistemático con el lavado de dinero y la elusión y evasión fiscales".

El presidente del Comité, Petr Ježek (ALDE, CZ), dijo: “La considerable cantidad de trabajo realizado por este Comité comité durante su mandato de doce meses ha arrojado luz sobre temas sin precedentes que afectan a los sectores bancario y financiero.
Según el diputado socialista danés Jeppe Kofod (S&D, DK), "Hemos creado con éxito el Mercado Interior más atractivo y rico del mundo, con libre circulación de movimiento de capitales y servicios, pero aún nos falta una cooperación efectiva en materia de supervisión, investigación y aplicación transfronterizas ".

“Europa tiene un grave problema de lavado de dinero y fraude fiscal. Tenemos el Mercado Único más grande, más rico y más integrado del mundo con libre movimiento de capitales, pero con poca o ninguna supervisión fiscal transfronteriza y 28 disposiciones nacionales diferentes contra el lavado de dinero y el fraude fiscal Esto crea una serie de lagunas, que son demasiado fáciles para que los delincuentes abusen para lavar grandes cantidades de dinero como en el escándalo de Danske Bank, o diseñan esquemas de robo de impuestos altamente rentables como CumEx. "Necesitamos una regulación más estricta a nivel de la UE, severas sanciones a los bancos que facilitan los delitos financieros y una nueva policía financiera europea dentro de Europol".

Cuando se le pregunta por el hallazgo más "impactante", Luděk Niedermayer (PPE, CZ) hace referencia a la cantidad de dinero blanqueado, los bancos implicados y a la forma de trasponer la legislación europea por parte de algunos Estados miembros. Dijo: "Los casos recientes de lavado de dinero han demostrado que necesitamos con urgencia que se apliquen mejor las normas ALD existentes, sanciones disuasorias y un impulso para mejorar la cooperación y coordinación de las autoridades pertinentes dentro y entre los Estados miembros. así como una asociación activa con el sector privado. El Comité insta a la UE a liderar el debate mundial sobre la búsqueda de una solución para gravar impuestos a la economía digitalizada y garantizar regímenes fiscales eficientes, transparentes y justos, al tiempo que se mantenga una competencia fiscal justa y transparente".

Otra de las conclusiones impactantes es, desafortunadamente, la resistencia de algunos Estados miembros (en las reuniones del Ecofin) a tomar medidas, que se oponen con fuertes justificaciones y afirman que estas prácticas traerían beneficios a la sociedad europea. Se refiere sobre todo al régimen definitivo del IVA, la base imponible consolidada común del impuesto de sociedades y otras iniciativas que están estancadas o han sido rechazadas por el Consejo, como la tributación digital”.

El informe fue aprobado por 34 votos contra cuatro y tres abstenciones, y aunque algunos piensan que tiene muy pocas posibilidades de éxito, ahora se pasará al plenario para su aprobación en Estrasburgo (TBC),
 
 

[1] El informe critica los privilegios fiscales, los llamados "visados de oro", que 18 Estados miembros ofrecen y que pueden favorecer el ingreso de criminales ricos en la Unión Europea.

Se estima que en la última década se han vendido más de 100.000 visados y 6.000 pasaportes, sobre todo a ciudadanos rusos y a ciudadanos de otros países bajo la influencia rusa, a cambio de inversión financiera en la UE.

Los permisos no sólo implican privilegios fiscales para los beneficiarios. También dan acceso a la libre circulación, que puede ser aprovechada para lavar dinero y evadir impuestos.

[2] Son operaciones con las que se pretende trasladar temporalmente la titularidad de las acciones a terceros con el objetivo de reducir los impuestos que se pagan por el cobro de dividendos. En una operación cum/ex, un fondo de inversión encarga a un bróker o a un banco de inversión la compra de acciones de una empresa cotizada días antes del pago del dividendo. Esos títulos son adquiridos a un vendedor a corto o al descubierto, que en realidad no posee las acciones en el momento de la venta.

[3] La normativa FATCA (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras o Foreign Account Tax Compliance Act) tiene como propósito principal obligar a todas las entidades financieras a identificar, clasificar y reportar todas aquellas cuentas de clientes que tengan obligaciones fiscales en EEUU.

El acuerdo FATCA, firmado entre España y Estados Unidos el 14 de Mayo del 2013, entró definitivamente en vigor el 1 de Julio de 2014, y su principal objetivo es dotar a las administraciones de ambos países de nuevas herramientas a nivel internacional para luchar contra el fraude fiscal.

[4] El 14 de mayo de 2008 el Ecofin (los Ministros de Finanzas de la UE reunidos en Consejo) definen la buena gobernanza fiscal en base a los principios de transparencia, intercambio de información y competencia fiscal conforme a las reglas. A ello posteriormente se añadirá la Responsabilidad Social Corporativa.

[5] En Estados Unidos, una de las primeras normativas que mencionó las recompensas fue la “False Claims Act” de 1863, firmada por el presidente Lincoln durante la guerra civil americana para combatir la especulación. Entonces se prometía un porcentaje del dinero recuperado por el Gobierno y se ofrecía protección frente a posibles represalias laborales. A raíz de aquello se aprobaron medidas similares para sectores como el energético, el medioambiental o el de la aviación.

En 2006, la Hacienda estadounidense empezó a contar con un sistema de recompensas que permitía premiar a los delatores hasta con el 30% de lo que el fisco pudiera recobrar. Dos años más tarde, con el estallido de la crisis económica, también se vio la necesidad de ampliar las ayudas a las denuncias de delitos financieros. Así, en 2010, Obama firmaba la famosa “Ley Dodd-Frank”.