ÚLTIMAS MODIFICACIONES EN LA FISCALIDAD DE LOS ARTISTAS (1)

DOMINGO CARBAJO VASCO
Economista y Abogado
Licenciado en Ciencias Políticas.
Inspector de Hacienda del Estado. Delegación Central de Grandes Contribuyentes


ÚLTIMAS MODIFICACIONES EN LA FISCALIDAD DE LOS ARTISTAS (1)


Si hablamos de los problemas de las “sociedades” de los artistas, profesionales similares y actuaciones inspectoras tenemos que referirnos a la NOTA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE INTERPOSICIÓN.

La presente Nota tiene como principal cometido poner a disposición de los contribuyentes y asesores las pautas necesarias para facilitar, en garantía de los principios de transparencia y seguridad jurídica, el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias, lo que sin duda servirá para reducir la litigiosidad, y advertir de aquellas conductas que la Administración tributaria considera contrarias al ordenamiento jurídico y, por tanto, susceptibles de regularización.

La experiencia en este tipo de control, sustentada en la doctrina administrativa y en los numerosos pronunciamientos de los tribunales al respecto, ha permitido establecer una serie de criterios generales que están siendo aplicados por la Administración tributaria para afrontar la comprobación de los riesgos fiscales mencionados.

No se trata de impedir la posibilidad de que un contribuyente pueda realizar una actividad profesional por medio de una sociedad, lo cual se enmarca, a priori, en el derecho que asiste a cualquier profesional a elegir libremente la forma en que quiere desarrollar su profesión. Pero eso no significa que la Administración tributaria deba aceptar automáticamente la validez jurídica de todo tipo de operaciones de prestación de servicios realizadas por una persona física a través de una sociedad profesional, ni asumir necesariamente que en toda operación realizada a través de una sociedad profesional ha de admitirse que la intervención de la sociedad es real, ni tampoco admitir la valoración de las prestaciones cuando estas no respondan a un verdadero valor de mercado.

A continuación, esta nota, en su apartado II, nos indica RIESGOS ASOCIADOS A LA INTERPOSICIÓN DE SOCIEDADES EN El DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES.

Advirtiendo que el hecho de que un profesional tenga libertad para elegir la manera en que decide prestar sus servicios, de ninguna forma puede servir para amparar prácticas tendentes a reducir de manera ilícita la carga fiscal mediante la utilización de las sociedades a través de las cuales supuestamente se realiza la actividad (elusión de la práctica de retenciones, aplicación del tipo del Impuesto sobre Sociedades en lugar del IRPF, remansamiento de rentas, etc.).

En palabras del TSJ de Madrid de 28 de enero de 2015 (rec. 1496/2012), sentencia confirmada por STS de 4 octubre de 2016 (rec. 2402/2015): “Es cierto que el ordenamiento permite la prestación de servicios profesionales a través de sociedades mercantiles, pero lo que la norma no ampara es que se utilice una sociedad para facturar los servicios que realiza una persona física, sin intervención de dicha sociedad instrumental, que es un simple medio para cobrar los servicios con la única finalidad de reducir la imposición directa del profesional”.

Las indicaciones de esta interesante nota van en tres sentidos:

  1. Determinar que la sociedad dispone de medios personales y materiales adecuados y que ha intervenido realmente en la operación de prestación de servicios.
  2. Si dichas prestaciones se encuentran correctamente valoradas conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS).
  3. Impedir la confusión entre el patrimonio del socio y de la sociedad. la experiencia ha permitido perfilar un conjunto de riesgos asociados al remansamiento de rentas en estructuras societarias que en ocasiones solo pretende impedir que estas rentas tributen conforme a la verdadera naturaleza de las operaciones que las originan.

El ultimo párrafo de esta nota termina ….

En definitiva, todas estas conductas podrían llevar aparejadas contingencias regularizables en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre el Patrimonio.

¿LAS DEUDAS TIENEN QUE PAGARSE? Ley de 2ª Oportunidad

Ángel Luis Vázquez
Economista - Administrador Concursal


La Ley de 2ª Oportunidad - una gran desconocida en España

LUCES Y SOMBRAS DE LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD


Creo que nadie discute, que las deudas hay que pagarlas. El principio de responsabilidad patrimonial universal por deudas esta consagrado en nuestro ordenamiento jurídico y se ve reflejado por doquier:

  • En el articulo 1911 del Código Civil
  • En el articulo 178.2 de la Ley Concursal.
  • También en el articulo 1.091 del Código civil se recoge el principio “pacta sunt servanda” locución latina que se traduce “lo pactado obliga” según el cual el contrato obliga a los contratantes y debe ser puntualmente cumplido, sin excusa ni pretexto.

En conclusión “La persona endeudada, mientras pueda pagar debe hacerlo”


Pero si partimos de una posición practica “Si el deudor insolvente no tiene nada, nada va a cobrar el acreedor por mucho que intente apurar al máximo una ejecución infructuosa”.


Es aquí donde opera la Ley de 2ª oportunidad, solo en caso muy especiales de sobreendeudamiento el ordenamiento jurídico mediante este mecanismo ofrece una solución al deudor insolvente DE BUENA FE para que una vez liquidado su patrimonio, y bajo determinadas condiciones se le exonere de las deudas que han quedado pendientes.

¡Que nadie se lleve las manos a la cabeza! Esto que estamos tratando hoy como novedad, se remonta a hace mas de 4.000 años. Ya en el Código de Hammurabi, en el 1762 a.c. en su Ley 117 decía que cuando un deudor, para pagar su deuda, se entregaba tanto el como su familia en servicio del acreedor, se establecía un periodo máximo de tres años y una vez cumplido este periodo se daba la deuda por cancelada.

En EE. UU., en 1898 ya se regula una Ley muy parecida a la existente hoy.

En Europa es a partir de 1.984 cuando Dinamarca empieza la regulación de los sistemas de insolvencia personal. Francia en 1989, Noruega 1992, Austria y Finlandia en 1993, Bélgica 1997, Holanda 1998, Portugal en el 2004, Grecia en el 2010, Italia en el 2012, y … en España tendremos que esperar al Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, y posterior Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

Además, ¿Quién no se merece una segunda oportunidad? A Walt Disney le despidieron de un periódico por “falta de imaginación y ausencia de ideas originales” ¿Se lo pueden creer?

Fundamentalmente es un mecanismo de exoneración de deuda que trasforma los esquemas del mercado del crédito y la relación entre acreedores y deudores.

Y que su objetivo principal es la “exoneración de deudas” lo dice la propia La Ley 25/2015 en su exposición de motivos dice “su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación que una persona física a pesar de un fracaso económico, empresarial o personal tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida sin tener que arrastrar una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”.

En conclusión, podemos decir que La Ley ofrece una vía directa hacia la exoneración de las deudas del deudor insolvente de buena fe y la hace en sede judicial para dotar a este mecanismo de las máximas garantías.

Un mecanismo de 2ª oportunidad se articula en tres fases:

¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a la 2ª oportunidad?

  • Personas que perdieron su empleo
  • Emprendedores de negocios que fracasaron
  • Personas que avalaron personalmente a sus empresas.
  • Familias que avalaron a sus hijos para la compra de un piso
  • Familias que avalaron a sus hijos en un negocio.
  • Familias que no llegan a final de mes y se sobre-endeudan con tarjetas de crédito o microcréditos.
  • Tantos perfiles como historias, pero un nexo en común “Agobio vital por no poder hacer frente a sus pagos”

¿Cuáles son los requisitos para que pueda operar la Ley de 2ª oportunidad?

Los principales requisitos son los siguientes:
  • Particular o autónomo.
  • No tener antecedentes penales.
  • Acreditar insuficiencia de recursos.
  • Buena fe.
  • Que la deuda sea inferior a 5 millones de euros.
  • No haber estado en concurso anteriormente.

¿Cuál es el proceso?

De forma muy reducida podemos decir que el proceso consta de 4 partes diferenciadas:
  1. SOLICITUD. Todo se inicia con la solicitud de un mediador concursal, a través de una notaria si se trata de una persona física no empresario, o a través del Registro Mercantil si se trata de una persona física empresario.
  2. AEP (Acuerdo Extrajudicial de Pagos). El mediador concursal prepara un plan de pagos y convoca a los acreedores a efectos de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos.
  3. CONCURSO. De no existir acuerdo se tramita concurso de acreedores.
  4. EXONERACION. Si se cumple con los requisitos legales, el concurso finalizara con con la exoneración de deudas y la emisión del documento BEPI

¿Cuánto cuesta tramitar un expediente de 2ª oportunidad?

En teoría el coste es ínfimo pues si el propio interesado es el que se encarga de realizar todos los tramites, los costes notariales están bonificados, y los costes del mediador concursal son los del arancel concursal, bonificados en un 50% si se trata de persona física empresario y del 70% si se trata de persona física no empresario.

Además, si no existe acuerdo, y se va a concurso consecutivo, los honorarios pagados al mediador concursal incluyen los honorarios del Administrador concursal (es el mismo) en la fase común, lo que normalmente suponen cantidades muy pequeñas.

En la practica, raramente son los interesados los que realizan estos tramites, y son profesionales especializados los que se encargan de gestionar todos estos expedientes con un coste del orden de los 2.500 a los 5.000 euros, aunque últimamente han surgido empresas “gestoras” que cobran una media de 150 a 200 euros mensuales durante el proceso, que si bien fraccionan el pago a la larga sale bastante mas caro pues alargan el proceso y los costes pueden superar los 6.000 euros.

¿Qué sería lo mejor y lo peor de esta Ley?

 

LO MEJOR
LO PEOR
Para el deudor, la posibilidad de empezar de nuevo.

La no inclusión de los créditos de derecho publico.
Para el deudor, la posibilidad de abandonar la economía sumergida a la que se ve avocado normalmente.

Los plazos tan largos de ejecución.
Fomenta el emprendimiento, la innovación y la reactivación económica al eliminar la estigmatización del fracaso.
La propia Comisión Europea señala este efecto en su recomendación del 12 de marzo del 2014 sobre nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial.

El arancel de notarios y mediadores concursales, que en un afán del legislador de reducir costes los ha reducido tanto que desincentiva a estos profesionales a aceptar las designaciones.

Se reducen los costes judiciales al archivar las ejecuciones infructuosas.
Plazos muy largos en el proceso.
Se fomenta una concesión de crédito responsable por parte de las entidades financieras y proveedores.


Al acreedor le va a ahorrar costes de interminables ejecuciones infructuosas.


A la sociedad, la incorporación nuevamente al sistema de un elemento productivo que ha sido expulsado por fracasar una vez pero que quizás todavía tenga mucho que aportar.


La Ley de 2ª oportunidad en España es un mecanismo infrautilizado en relación a otros países de entorno cono Francia o Alemania en los que se gestionan mas de 100.000 casos anuales, y que si se aplica con los criterios de sensatez y buenas practicas que están aplicando estos países vecinos, aporta beneficios al deudor, al acreedor y a la sociedad en conjunto.
 
Entonces ¿Por qué no se utiliza mas?, nuestra opinión es por “desconocimiento del ciudadano”, desconocimiento que en algunos casos viene muy bien a algunos sectores como el financiero.

En el siguiente link https://youtu.be/KDPrYZtyIVE tiene un video en el que se explica de forma muy sencilla en que consiste y cuales son sus beneficios.

En el siguiente link https://yip-online.es/ley-2-oportunidad/ tiene información sobre todo el proceso, e incluso un formulario para ver si usted se puede acoger a la misma.

LOTERIA NACIONAL Y PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Ángel Luis Vázquez
Economista - Administrador Concursal

LOTERIA NACIONAL Y PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES




Aunque todas las semanas existen sorteos de la Lotería Nacional, no acercamos a los dos sorteos mas importantes del año, El Sorteo de Navidad, y el Sorteo del Niño.

El próximo 22 de diciembre, el Sorteo Extraordinario de Navidad repartirá un total de 2.240 millones de euros en premios, exactamente la misma cifra que el año anterior, por lo que los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 640 millones de euros a repartir con este premio principal.

En total, el sorteo repartirá 24,4 millones de premios. Para ese día, se han emitido 160 series de 100.000 billetes cada una, con una emisión que asciende a 3.200 millones de euros, de los cuales el 70 por ciento se destina a premios. El segundo premio ascenderá a 1,25 millones de euros y el tercero es de 500.000 euros. Además, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros y ocho quintos de 60.000 euros.

Tan solo dos semanas después del Sorteo de la Lotería de Navidad, es el turno de repartir suerte de la Lotería del Niño. El sorteo de la Lotería del Niño que se celebra el 6 de enero, Día de Reyes reparte un total de 700 millones de euros.

Es decir, en apenas 15 días se reparten en premios prácticamente 3.000 millones de euros, lo que da lugar celebraciones y muestras de euforia en la oficina, en la fabrica, e incluso en la calle.


Y mientras los premiados sueñan con lo que van ha hacer con el dinero que les quede después del famoso “tapar algunas deudas”, existen algunos personajes al acecho a ver si pueden hacerse con parte del dinero premiado.

Tradicionalmente estos personajes eran entidades y asesores financieros que quieren captar a los premiados como clientes para gestionar sus inversiones, pero también están los espabilados que ofrecen participar a los premiados en fabulosas inversiones que al final son una ruina, y por ultimo, tenemos a los que quieren comprar el decimo premiado con el objetivo del blanqueo de capitales.
Esta practica no es nueva, y existen casos famosos como Juan Antonio Roca, principal acusado en el caso malaya. El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella admitió que compró en 2005 varios décimos premiados con 646.000 euros.

También fue muy comentado el caso del exsenador por Coalición Canaria, Miguel Zerolo, sin duda uno de los hombres más afortunados de España pues entre el 2001 y el 2002, resultó agraciado con 145 premios entre décimos y participaciones y aunque fue investigado por ser “muy sospechoso”, Hacienda no pudo probar la existencia de irregularidad alguna.

Conscientes de esta practica, Hacienda en el 2013 comenzó a gravar los premios obtenidos con un impuesto de un 20% a los premios superiores a 2.500 euros. Pero desde la propia Administración Tributaria se admite que la medida no ha sido muy efectiva, y el mínimo exento se eleva en el 2018 a 10.000 euros, para pasar este año a los 20.000 y en 2020 llegará a 40.000 euros.

¿Cómo funciona?

La practica es bastante sencilla. Supongamos que eres agraciado con un decimo[i] del Gordo[ii] de Navidad de este año, es decir, por un decimo de 20 te tocarían 400.000 euros, y que como hemos indicado anteriormente en el 2019 están exentos los primeros 20.000 euros, y el resto grabado con un 20%, el premio neto seria de 324.000 euros, importe que puedes ingresar tranquilamente en tu cuenta bancaria pues la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A[iii]. te emite un certificado acreditando la procedencia legal del premio.

Antes de cobrar el premio, un “intermediario” te ofrece comprarte el decimo, que no se nos olvide es un documento al portador, ofreciéndote una prima del orden del 10%, por ejemplo, te ofrece comprarte el decimo por 360.000 euros.

El comprador cobrará el decimo y habrá blanqueado 324.000 euros, pues evidentemente los 360.000 euros entregados al vendedor se han entregado “en efectivo” (En negro).

El vendedor recibe los 360.000 euros en efectivo, y tendrá que como vulgarmente se dice “guardarlo debajo del colchón” hasta que lo pueda “gastar en efectivo” (teniendo en cuentas las limitaciones existentes a los pagos en efectivo) pues no podrá ingresar el dinero en ninguna cuenta bancaria al no poder acreditar su procedencia.

Y aunque como se admite desde la propia Agencia Tributaria “Normalmente a las personas a las que pillamos es por un descuido o por imprudencia, porque perseguir este delito es muy complicado”. En estos casos, al vendedor del decimo puede salirle muy mal la jugada, los impuestos que se aplican y la multa “te dejan sin la totalidad del premio”. A esto hay que añadir que, si la sanción es superior a 120.000 euros, se convierte en un delito fiscal con pena de prisión. Además, si se demuestra que lo ha vendido a otra persona cuyo objetivo era blanquear dinero, la pena de cárcel puede incrementarse como cooperador necesario.

Así que como dice el sabio refranero español “A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga” es decir que la persona agraciada debe celebrar su suerte, cobrar el premio que le ha tocado y disfrutarlo, pues si pretende rentabilizarlo aún mas vendiendo el decimo, le puede salir muy caro.


[i] En la Lotería de Navidad se juegan 100.000 números, que corresponden a las 100.000 bolas que contiene el primer bombo del sorteo; el segundo bombo, más pequeño, contiene 1.807 bolas que corresponden a los premios del sorteo (primer premio, segundo, tercero, pedreas…)
Entonces, ¿qué es un décimo de Lotería de Navidad?  Los décimos son cada uno de los boletos con un número que puedes adquirir en un punto de venta autorizado de lotería para participar en el Sorteo de Navidad. Para entendernos, se trata del boleto o papeleta que compras en una administración de lotería. Cada décimo cuesta 20 euros y te da la posibilidad de ganar hasta 400.000 euros, que es el importe del Gordo o primer premio del Sorteo de Navidad.
No hay que confundir los décimos con los billetes, que son agrupaciones de diez décimos del mismo número y serie. Este error es habitual porque, tanto en el reverso de los décimos como cuando los niños de San Ildefonso cantan el Gordo, se habla de un premio de 4 millones de euros. Este premio corresponde a todo el billete, es decir, hay que repartirlo entre diez décimos, y de ahí salen los 400.000 euros que puedes ganar con un décimo. Si quieres comprar un billete entero, deberás abonar 200 euros (el coste de 10 décimos de 20 euros cada uno).
[ii] Primer premio del Sorteo de Navidad y que consiste en 20.000 euros por cada euro jugado.
[iii] Loterías y Apuestas del Estado (legalmente «Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A.») es un operador de loterías y juegos de azar español de titularidad pública responsabilidad del Gobierno de España y adscrito al Ministerio de Hacienda, a quien corresponde la dirección estratégica y la evaluación y control de eficacia. Esta entidad se encarga de la gestión, explotación y comercialización de todo tipo de loterías y juegos de ámbito nacional o siempre que sobrepasen el ámbito de una comunidad autónoma.
La empresa tiene sus orígenes en el "Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado" (ONLAE), creado en 1984 mediante la integración y unificación de las instituciones que hasta ese momento venían gestionando los juegos de titularidad estatal — el "Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas" y el "Servicio Nacional de Loterías". En el año 2000 se transforma en «Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado» y en 2010 pasa a ser la actual «Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado» (SELAE).