LA MEDIACIÓN CONCURSAL Y LOS ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE PAGOS (VI - Cuestiones prácticas) - Problemática del arancel concursal

                                                                      09-06-2021

Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal

LA MEDIACIÓN CONCURSAL Y LOS ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE PAGOS

(VI - Cuestiones prácticas) - Problemática del arancel concursal

 

El arancel concursal es el arancel por el que se rigen los honorarios de los MC (Mediadores Concursales) y de los AC (Administradores Concursales).

 

El arancel concursal se estableció mediante un real decreto de 2004, y fue modificado por una ley en 2015, fijando un máximo de 1,5 millones de euros, quizás por la presión mediática en la que fueron objeto de debate los honorarios devengados en concursos como los de FADESA, IXOLUX, o PESCANOVA, utilizando calificativos como muy elevados, abusivos, desproporcionados o incluso inmorales, argumentos que de alguna forma crearon el mito del “AC insaciable” e influyeron en el legislador que procedió a fijar el máximo indicado.


Estos argumentos, además de inciertos, son injustos.

 

En el concurso operan principalmente dos profesionales. El juez, cuyo coste lo soportan las administraciones públicas, y el administrador concursal, cuyos honorarios van a cargo del deudor. Pero, a diferencia de otros profesionales sujetos al arancel como notarios y registradores, en el caso de los AC son totalmente “inciertos” en su cobro, pues solo podrán cobrar si la concursada genera recursos suficientes para poderles pagar, y en caso contrario, tienen que realizar su función sin cobrar nada, y créanme, esto ocurre en muchísimos casos.

 

Pero centrémonos en lo que nos interesa de cara a los AEP objeto de este trabajo. Los honorarios del MC (Mediador Concursal) se fijan en función del mismo arancel concursal comentado, con dos particularidades:

  • En caso de que el deudor sea una persona física empresario, se practicará una reducción sobre el importe obtenido, aplicándose el arancel concursal del 50%.
  • En el caso de que el deudor sea una persona física no empresario, se practicará una reducción sobre el importe obtenido aplicándose el arancel concursal del 75%.

El arancel concursal vigente es el siguiente:


Para ilustrar lo que digo vamos a poner varios ejemplos:

  • Caso 1. Deudor sin activos, muy habitual en el caso de AEP personas físicas, y unas deudas de 60.000 euros.
  • Caso 2. Deudor con activos por valor de 30.000 euros y deudas de 90.000 euros.
  • Caso 3. Deudor con activos de 50.000 euros y deudas nada despreciables de 150.000 euros.
  • Caso 4. Deudor con activos de 100.000 euros y deudas de 500.000 euros.

 

En el siguiente caso reflejamos los honorarios devengados por un MC en cada uno de los casos, contemplando además si se trata de persona física no empresario o persona física empresario.


Si consideramos que la deuda media de los AEP iniciados no llega a los 100.000 euros, podemos comprobar como los honorarios de un profesional altamente cualificado como es el mediador concursal, por un procedimiento de más de un año y con múltiples actuaciones estaría en torno a los 150 euros.

 

Con estos datos ¿Le extraña a alguien que muchos MC renuncien al nombramiento?

 

Si el lector desea más información, para contactar con el autor puede dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: alv@vazqueztorres.com 

 

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Los Acuerdos Extrajudiciales de Pago: Intervención en el programa "Directos al Derecho" 03-06-2021

                                                                                                                                                         07-06-2021

Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal

Los Acuerdos Extrajudiciales de Pago: Intervención en el programa "Directos al Derecho" 03-06-2021


En el siguiente enlace os invito a que sigáis la intervención que tuve en el programa de mi buen amigo Aruto Ortiz, "Directos al Derecho" el pasado jueves, día 3 de junio, en el que estuvimos abordando el tema de los Acuerdos Extrajudiciales de Pago. Espero que os guste.

Directos al Derecho: Los AEP


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LA MEDIACIÓN CONCURSAL Y LOS ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE PAGOS Esos Grandes Desconocidos (V Cuestiones prácticas)

                                                                                                            01-06-2021

Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal

LA MEDIACIÓN CONCURSAL Y LOS ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE PAGOS

Esos Grandes Desconocidos (V Cuestiones prácticas)

Problemática de la designación de Notario y Mediador Concursal

 

Desde siempre, nuestro legislador ha sido “garantista” lo cual casi siempre conlleva inmediatamente la lentitud en los procesos y, muchas veces, para proteger los derechos de los ciudadanos, diseña complejos procedimientos legales.

 

Tal es el caso de la mediación concursal, en lo que se refiere a la designación de notario (en el caso de deudor persona física no empresario) y del mediador concursal.

 

Empecemos por la designación de notario. El proceso va a depender de la “plaza” donde resida el deudor y el notario sea competente pues si, en la plaza, ejercen varios notarios habrá que, primeramente, turnar el oficio.

 

Para poder aceptar el requerimiento de inicio del acta y la designación de mediador concursal, el notario debe comprobar que la solicitud la formula un deudor que reúna los siguientes requisitos:

 

  • Que el deudor esté domiciliado en la localidad donde el notario sea competente conforme a la legislación notarial.
  • Que su pasivo sea inferior a cinco millones de euros.
  • Que no haya sido condenado por sentencia firme por delitos de carácter fundamentalmente patrimonial (contra la Seguridad Social, Hacienda, patrimonio, falsedad documental…) en los diez años anteriores. Para acreditar este requisito podrá aportarse (y es conveniente solicitarlo, para dejarlo incorporado al acta) el certificado de antecedentes penales.
  • Que, en los cinco años anteriores, no haya sido declarado en concurso o haya alcanzado un Acuerdo Extrajudicial de Pagos (en adelante, AEP) o un acuerdo de refinanciación, homologado judicialmente.
  • Que no esté en ese momento negociando un acuerdo de refinanciación ni tenga solicitada la declaración del concurso.

 

Una vez concretados y comprobados estos aspectos, el notario procederá a iniciar el proceso de designación del mediador concursal, mediante solicitud al portal del BOE donde encuentra la lista oficial de mediadores concursales, proporcionada por el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia, el cual, de forma secuencial, proporcionará al notario la persona natural o jurídica a la que corresponderá la aceptación del cargo.

 

Este proceso, a falta de regulación específica, se hacía interminable, por lo que el colectivo de notarios, mediante la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 14 de mayo de 2019, nos aclara que, transcurridos dos meses desde el primer intento de nombramiento de mediador concursal (MC), sin que ningún profesional acepte el cargo, se considerará el intento de AEP fallido y se podrá solicitar el concurso consecutivo, indicando en la solicitud este extremo este extremo.

 

Con la publicación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, hasta el 31/12/2020, ahora prorrogado por la Ley 3/2020, se limita a dos el número de intentos para el nombramiento de MC y, si ambos resultan fallidos, se considerará el intento de AEP fallido y se podrá solicitar el concurso consecutivo.

 

Con la publicación del RD-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia del Covid-19, se confirma que se considerará “intentado por el deudor sin éxito” el AEP si se acredita la NO aceptación por parte de dos mediadores concursales, facultándose, de esta forma, el inicio del concurso consecutivo en el juzgado.

 

Una vez aceptado el cargo de mediador concursal, el notario deberá realizar comunicaciones a diversos registros: BOE; Registro Civil; Registro Publico Concursal; Registro Propiedad; Agencia Tributaria; Seguridad Social; Juzgado de la plaza donde resida, mantener abierta hoja para reflejar el resultado del AEP, tanto si existe acuerdo como si, por el contrario, no existe acuerdo y, por lo tanto, tenemos que acudir al concurso consecutivo.

 

Es decir, una labor ímproba, y dicho sea de paso, “no pagada” pues tenemos que decir que los aranceles notariales son mínimos en estas actuaciones.

 

Continuemos con la designación del mediador concursal. Como hemos visto, nuestro legislador ha diseñado también un complejo sistema secuencial que garantiza que todos los profesionales que figuran inscritos en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia, puedan intervenir como mediadores en los AEP, pero algo no debe funcionar bien, pues como hemos expuesto anteriormente, la mayoría de los profesionales renuncian a la designación como MC, en cuanto realizan un cálculo de los honorarios que se devengarían en el expediente y ven que, con los mismos, en muchos casos no pagan ni la gasolina de ir a la notaria a formalizar la aceptación.

 

Y nos estamos olvidando del actor principal de un AEP, el deudor, quien, por haberse visto imposibilitado a hacer frente a sus deudas, solicita un AEP y ve como se inicia un “vía crucis” interminable en el cual se consumen los meses y su situación personal y financiera se empeora.

 

Es decir, el sistema es magnífico en apariencia, en el papel legal, pero todo el mundo está enfadado con su funcionamiento. El notario, porque trabaja mucho y cobra poco, el mediador concursal, porque el arancel no le cubre los gastos mínimos, y el deudor, porque su expediente se retrasa eternamente.

 

Esto nos lleva  a un interesante artículo que he podido leer en el medio de comunicación “El Ecoonomist&Jurist” del jueves, 20 de mayo del 2021, en el cual,  Luis Miguel Díaz Simón de la sociedad “Deuda Fix” comenta como, en el Reino Unido, más de 100.000 personas cada año solicitan con éxito el mecanismo de la Ley de la Segunda Oportunidad.

Se trata de  un proceso ágil y rápido, con una duración de 1 a 3 meses desde la formalización del expediente hasta la finalización.

 

En este sistema no intervine el notario y el cliente puede elegir el Mediador Concursal. Esto beneficia al cliente sobreendeudado, dado que no tiene que abonar a ningún profesional cantidad alguna adicional, tan solo al experto concursal elegido, pero sobre todo el gran beneficio para el cliente es una rapidez impensable en nuestro sistema actual.

 

Quizás nuestros legisladores deberían reflexionar al respecto.

 

Lo indicado para el deudor persona física no empresario, es, asimismo, d aplicación al deudor persona física empresario, salvo en algunas peculiaridades como es el que, en vez de intervenir un notario, es el Registro Mercantil el que asume las labores preliminares.

 

 

Si el lector desea más información, para contactar con el autor puede dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: alv@vazqueztorres.com 

 

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LA MEDIACION CONCURSAL Y LOS ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE PAGOS. Esos Grandes Desconocidos (V - Cuestiones prácticas)

                                                                                                                                        25-05-2021

Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal

LA MEDIACION CONCURSAL Y LOS ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE PAGOS

Esos Grandes Desconocidos (V - Cuestiones prácticas)


La problemática de la vivienda habitual

A la hora de plantearnos un AEP para un deudor de buena fe, en muchos casos la problemática de la vivienda habitual puede suponer un obstáculo importante para el deudor.

 

Si planteamos un AEP y no existe acuerdo con los acreedores, tendremos que ir al concurso consecutivo, y esto implica la liquidación del patrimonio del deudor para saldar las deudas que se puedan con lo que se obtenga de esa venta, y aquí aparece el gran problema, pues muchos deudores de buena fe ya han liquidado todo su patrimonio para pagar las deudas y lo único que les queda es la “vivienda habitual” es decir, la vivienda habitual de la familia, y que frecuentemente está hipotecada.

 

En teoría, todos los bienes del deudor se deberán liquidar para hacer frente a las deudas, pero en la práctica esta liquidación de bienes no siempre afecta a la “vivienda habitual”

 

Realmente existe un vacío legal en este sentido, pues el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC) no hace mención de este extremo, que sí recoge el artículo 23.3. b) de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia[i] al prever la posibilidad de que “no se ejecute la vivienda principal del empresario insolvente, y cuando corresponda, de su familia”

 

A pesar del vacío legal actual, los jueces de lo Mercantil de Barcelona, siempre pioneros en la práctica concursal abordaron esta cuestión en el 2016 y fijaron criterios para determinar las situaciones en las que el concursado puede seguir siendo propietario de su vivienda cuando el deudor esté al día de los pagos de la hipoteca, si el valor de la garantía es superior al valor de mercado del inmueble.

 

Los jueces de Barcelona, con muy buen criterio vienen a decir, que si la vivienda está al día de los pagos hipotecarios, y el valor de mercado es similar a la garantía hipotecaria ¿qué les aporta a los acreedores que se liquide el bien en subasta?

 

Lo cierto es que la ejecución de la vivienda habitual no beneficia a nadie. Ni al acreedor hipotecario, que no olvidemos que es un acreedor con privilegio, pues si el deudor está cumpliendo con los pagos de la hipoteca, su interés es que el deudor siga pagando y no ejecutar la garantía, pues lo más normal es que en la subasta no se obtenga ni el importe pendiente de la deuda, y mucho menos le interesa quedarse con un bien, que al final se va a paquetizar y vender por mucho menos de su valor real a un fondo, pues los bancos son entidades financieras y no entienden de gestión inmobiliaria.

 

Y si no le interesa al acreedor hipotecario, mucho menos le interesa al resto de los acreedores ordinarios, pues lo normal es que una vez que el acreedor privilegiado ejecute su garantía, no va a quedar nada para el resto de los acreedores.

 

Lo dicho anteriormente ha originado numerosas resoluciones judiciales, siendo la más ilustrativa el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que explica los supuestos en los que se deben excluir la vivienda habitual del plan de liquidación:


  • El préstamo hipotecario se está pagando puntualmente” y
  • La posible venta de la vivienda no reportaba beneficio alguno al resto de acreedores porque no había una previsión razonable de alcanzar un “precio superior” al de la hipoteca.

 

La idea subyacente de no incluir un bien del deudor que no aporta ningún valor a los acreedores ha ido más allá, pues algunos jueces están entendiendo que cuando se trata de bienes, ya sea la vivienda habitual o una vivienda en alquiler, si el bien se encuentra al corriente de pago de la carga hipotecaria y el valor de realización del bien es inferior al de la deuda hipotecaria, liquidar el bien no beneficia a nadie y por lo tanto eliminan el bien del plan de liquidación. En este sentido, ver  sentencia del Juzgado de lo mercantil nº 1 de Oviedo.

 

Esperemos que, con la trasposición de la Directiva ya comentada, se clarifique este tema controvertido y de gran importancia para muchos deudores, que cumpliendo todos los objetivos para acudir a la Ley de Segunda Oportunidad mantienen reparos de iniciar un AEP por la inseguridad existente en cuanto a la posible pérdida de su vivienda habitual.

 

Si el lector desea más información, para contactar con el autor puede dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: alv@vazqueztorres.com 

 

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[i] Esta norma europea deberá ser incorporada al derecho español antes del próximo 17 de julio, aunque la fecha podría demorarse si se cumple la prórroga de un año solicitada por España para hacerla efectiva.


Tributación preparada para el futuro

                                                                                                                                                            21-05-2021

Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal

Tributación preparada para el futuro

La Comisión propone un nuevo y ambicioso programa para la tributación de las empresas

 


https://diariolaley.laleynext.es/Comisión europea, 19-05-2021


Nuestro compañero de Comisión Unión Europea y Monetaria del Colegio de Economistas de Madrid, Dimitri Murube, ha tenido la gentileza de enviarme una noticia publicada por el Diario La Ley digital, en relación con la Comunicación de la Comisión "La fiscalidad de la empresas para el siglo XXI, para propiciar un sistema de tributación empresarial sólido, eficiente y justo en la UE", que tengo el gusto en compartir en este post.

 

La Comisión Europea ha adoptado la Comunicación «La fiscalidad de las empresas para el siglo XXI» para propiciar un sistema de tributación empresarial sólido, eficiente y justo en la Unión Europea.



La pretensión es establecer una estrategia a corto y largo plazo para apoyar la recuperación de Europa de las secuelas de la pandemia de COVID-19 y garantizar que haya suficientes ingresos públicos en los próximos años. Su objetivo es crear un entorno empresarial equitativo y estable que pueda impulsar un crecimiento sostenible y generador de empleo en la UE y aumentar nuestra autonomía estratégica abierta. La Comunicación integra los progresos realizados en los debates del G-20 y la OCDE sobre una reforma fiscal mundial.

 

En primer lugar, la Comisión presentará de aquí a 2023 un nuevo marco de tributación de las empresas en la UE que reducirá la carga administrativa, eliminará los obstáculos tributarios y creará un entorno más favorable para las empresas en el mercado único. El nuevo marco «Empresas en Europa: Marco para el impuesto sobre sociedades» (o «BEFIT», por sus siglas en inglés) fijará un código normativo único para la UE en materia de impuesto sobre sociedades, que supondrá una distribución más justa de la potestad tributaria entre los Estados miembros. BEFIT reducirá los trámites administrativos y los costes de conformidad, minimizará las oportunidades de elusión fiscal y apoyará el empleo en la UE y la inversión en el mercado único. También sustituirá a la infructuosa propuesta de base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, que se retirará finalmente. La Comisión pondrá en marcha una reflexión de mayor calado sobre el futuro de la tributación en la UE, que culminará en un simposio fiscal en 2022 sobre la estructura tributaria en la UE de cara a 2050.

 

En segundo lugar, la Comunicación desglosa un programa tributario para los próximos dos años, con medidas que fomentan inversiones productivas y el espíritu empresarial, salvaguardan mejor los ingresos nacionales y apoyan las transiciones ecológica y digital, basado en la hoja de ruta establecida en el Plan de acción fiscal presentado por la Comisión el pasado verano. Las medidas que se adoptarán consistirán en:

 

  • Garantizar una mayor transparencia pública proponiendo que determinadas grandes empresas que operen en la UE publiquen sus tipos impositivos reales. El uso abusivo de sociedades fantasma también se atajará mediante nuevas medidas contra la elusión fiscal.
  • Apoyar la recuperación reduciendo el sesgo deudista en los impuestos sobre sociedades actuales, que trata la financiación de las empresas con deuda de forma más favorable que la financiación con fondos propios. Esta propuesta tiene por objeto incentivar que las empresas financien sus actividades con fondos propios en lugar de endeudarse.

 

En tercer lugar, la Comisión ha adoptado una Recomendación sobre el tratamiento fiscal de las pérdidas. La Recomendación insta a los Estados miembros a permitir que las empresas puedan compensar retroactivamente bases imponibles negativas, como mínimo, en el ejercicio fiscal anterior. Esta medida será ventajosa para las empresas que eran rentables en los años anteriores a la pandemia, permitiéndoles compensar las bases imponibles negativas de 2020 y 2021 con las cuotas tributarias que pagaron antes de 2020. Esta medida beneficiará especialmente a las pymes.

 


Antecedentes


La Comunicación adoptada forma parte de un programa más amplio de reforma fiscal de la UE en los próximos años. Además de las reformas del impuesto sobre sociedades establecidas en la Comunicación, la Comisión presentará pronto medidas para garantizar una tributación justa en la economía digital; propondrá un impuesto digital, que servirá de recurso propio de la UE. La Comisión también presentará pronto una modificación de la Directiva sobre fiscalidad de la energía y del mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono, en el contexto del paquete «FitFor55» y del Pacto Verde Europeo.

 


Declaraciones de los miembros del Colegio de Comisarios

 

Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas, ha declarado: «La tributación tiene que ir a la par de nuestras economías, que nunca dejan de evolucionar, y de nuestras prioridades. Nuestra normativa tributaria debe contribuir a que la recuperación sea inclusiva, ser transparente y poner fin a la elusión fiscal; debe, asimismo, ser eficiente tanto para las grandes empresas como para las pequeñas. La Comunicación de hoy deja sentadas las bases para un sistema europeo del impuesto sobre sociedades adecuado al siglo XXI y que nos ayude a hacer de nuestra sociedad una sociedad más justa y sostenible».

 

Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ha declarado: «Ha llegado la hora de replantearse la tributación en Europa. A medida que nuestras economías pasan a un nuevo modelo de crecimiento de la mano de NextGenerationEU, nuestros sistemas tributarios también deben adaptarse a las prioridades del siglo XXI. La renovación de la relación transatlántica brinda la oportunidad de avanzar de forma decisiva hacia una reforma tributaria mundial. Debemos hacer lo posible para aprovechar esta oportunidad y pactar un acuerdo internacional que proteja los principales intereses de Europa. Hoy desglosamos cómo se aplicará en la UE este posible acuerdo mundial y las demás medidas que tomaremos en los próximos tres años para aumentar la transparencia fiscal y ayudar a las empresas, pequeñas y grandes, a recuperarse, crecer e invertir».


LA MEDIACION CONCURSAL Y LOS ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE PAGOS Esos Grandes Desconocidos (IV Parte Proceso)

                                                                                                                                                         17-05-2021

Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal

LA MEDIACION CONCURSAL Y LOS ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE PAGOS

Esos Grandes Desconocidos (IV Parte Proceso)


La actividad del mediador concursal no ha finalizado todavía, incluso una vez que ha adquirido firmeza el AEP.

Supervisión del cumplimiento del AEP


Según la legislación concursal, el mediador concursal estará obligado a supervisar el cumplimiento del acuerdo, pero no dice nada de como debe realizar esta supervisión por lo que en la práctica, el mediador concursal, siguiendo el pragmático dicho anglosajón “no news is good news”, dejará el expediente abierto hasta la finalización del plan de pagos, y si no recibe notificación de ningún acreedor estimará que se está cumpliendo el acuerdo.

 

Aunque no se dice nada al respecto, a la finalización del acuerdo el mediador concursal solicitará al deudor la documentación acreditativa del cumplimento del plan de pagos, y si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera íntegramente cumplido, el mediador concursal lo hará constar en acta notarial que se publicará en el Registro público concursal.

 

Por el contrario, si el acuerdo no se ha cumplido, una vez el mediador concursal tenga conocimiento del incumplimiento se pondrá en contacto con el deudor a efectos de averiguar si es un error subsanable o el incumplimiento es recurrente y sin posibilidades de cumplimiento a corto plazo, en cuyo caso el mediador concursal deberá presentar concurso consecutivo.

 

La Legislación concursal[i] nos indica que el mediador concursal deberá solicitar de inmediato la declaración de “concurso consecutivo” de acreedores del deudor que fuera insolvente, si el acuerdo extrajudicial de pagos fuera anulado por el juez o fuera incumplido por el deudor, pero nada impide, que el concurso consecutivo sea presentado por el propio deudor, o incluso un acreedor, pero esto es poco probable en la práctica.

 

Nada dice la legislación concursal sobre el plazo que tiene el mediador concursal para presentar el concurso consecutivo, pero considerando que el plazo para tramitar el expediente del acuerdo extrajudicial de pagos, de conformidad con el artículo 662.4 TRLC, es dos meses siguientes a la fecha de la aceptación o de treinta días si el deudor fuera persona natural que no tuviera la condición de empresario, el mediador concursal deberá presentar la solicitud de concurso consecutivo “de inmediato” por lo que entendemos que es en el plazo de 10 días desde que tenga constancia del incumplimiento.

 

En cualquier caso, la presentación del concurso consecutivo fuera de este plazo no significa su inadmisión, sino que simplemente al presentarse fuera del plazo concedido, el deudor pierde los beneficios adquiridos bajo el AEP durante el tiempo que supere el plazo establecido.

 

En este sentido el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 entre otras disposiciones, prorroga la moratoria concursal, cuya duración se extiende hasta el 31/12/2021.

 

Y hasta aquí la actuación de esta figura controvertida del mediador concursal que a buen seguro va a jugar un papel muy importante en la economía española en los próximos años, pues los daños en el tejido empresarial ocasionados por la pandemia de la COVID-19 son tan grandes que se estima que el número de Acuerdos Extrajudiciales de Pagos se incrementará sustancialmente en los próximos meses.

 

Por otro lado, esta figura seguro que sufre una importante transformación con la implantación de la Nueva Directiva de Insolvencias, en la que va a jugar un papel todavía mas importante.

 

Si el lector desea más información, para contactar con el autor puede dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: alv@vazqueztorres.com 

 

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[i] Articulo 705 TRLC (Texto Refundido Ley Concursal).