NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN PARA LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS

  09-08-2022


Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal


NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN PARA LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS


PUBLICADO REAL DECRETO-LEY POR EL QUE SE ESTABLECE UN NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN PARA LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS Y SE MEJORA LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD.

 


Hoy se ha publicado el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad (Acceso a normativa BOE).

 

Este Real Decreto-Ley con entrada en vigor el 1 de enero de 2023 establece que en los próximos tres años se irá desarrollando progresivamente un sistema de quince tramos que determina las bases de cotización y las cuotas en función de los rendimientos netos del autónomo, como transición al modelo definitivo de cotizaciones por ingresos reales que se producirá como muy tarde en nueve años.

 

Se estructura en una parte expositiva y una parte dispositiva, que consta de seis artículos, tres disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales.

 

Los compañeros de EAL (Economistas. Asesores Laborales) han preparado un informe, del que destacamos los siguientes aspectos:

  • Los rendimientos netos se calcularán deduciendo de los ingresos todos los gastos producidos en ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de ingresos del autónomo. Sobre esa cantidad, se aplica adicionalmente una deducción por gastos genéricos del 7% (3% para los autónomos societarios). El resultado serán los rendimientos netos y esa será la cifra que determinará la base de cotización y la cuota correspondiente.
  • Se habilita así un sistema que permite a los autónomos cambiar su cuota en función de su previsión de ingresos netos (descontando los costes de desarrollar su actividad) hasta seis veces al año (1 de marzo; 1 de mayo; 1 de julio; 1 de septiembre; 1 de noviembre; 1 de enero del año siguiente -actualmente pueden modificar hasta 4 veces al año-). Al final del ejercicio fiscal y una vez conocidos los rendimientos netos anuales, se regularizarán las cotizaciones, devolviéndose o reclamándose cuotas en caso de que el tramo de rendimientos netos definitivos esté por debajo o por encima del indicado por las previsiones durante el año.

§  Será necesaria una declaración de previsión de los rendimientos económicos netos en la solicitud de alta: deberá realizarse una previsión de los rendimientos económicos netos durante el año natural en el que se produzca el alta por su actividad económica o profesional, de forma directa y/o por su participación en la sociedad o comunidad de bienes que determine su inclusión en el régimen especial que corresponda (a excepción de miembros de institutos de vida consagrada de la Iglesia

§  de miembros de institutos de vida consagrada de la Iglesia Católica y trabajadores por cuenta propia incluidos en los grupos segundo y tercero de cotización del Régimen Especial de Trabajadores del Mar).

  • Las cuotas mensuales a la Seguridad Social irán desde los 230 euros al mes a los 500 euros al mes en 2023 y de los 200 euros al mes a los 590 euros al mes en 2025, siempre en función de los rendimientos netos.
  • En términos porcentuales, los autónomos con ingresos más bajos experimentarán una reducción de su cuota de más del 30% respecto a la actual. Los trabajadores autónomos con rendimientos por debajo del SMI, entre los que abundan jóvenes y mujeres, pagarán cuotas entre 200 y 260 euros al mes en 2025. Ese año, los tramos de rendimiento medio tendrán cuotas entre 290 y 294 euros mensuales y quienes ganan más de 6.000 euros al mes, 590 euros.
  • El texto aprobado también fija una cuota bonificada para los nuevos autónomos de 80 euros durante doce meses, extensible a otros doce meses adicionales cuando los ingresos netos siguen siendo bajos
  • Las cuotas se irán ajustando en 2024 y 2025 (ver cuadro).
  • Este sistema será sometido a evaluación cada 3 años.


Acceso al Documento completo de EAL (Economistas Asesores Laborales)

 

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Intervención en el Programa "Directos al Derecho" 28-07-2022

  04-08-2022


Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal

Intervención en el programa "Directos al Derecho" 




Seguidamente me complace compartir mi intervención en el programa Directos al Derecho dirigido por mi buen amigo y compañero Arturo Ortiz del 28-07-2022 en el que tratamos los temas referentes a la Insolvencia Punible de los empresarios.


Intervención Ángel Luis Vázquez




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La Insolvencia Punible

 20-07-2022


Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal

La Insolvencia Punible


No siempre se sale “de rositas” cuando se deja de pagar a los acreedores


La economía española sigue presentando síntomas de agotamiento como consecuencia de una inflación desbordada y las incertidumbres económicas generadas por la guerra de Ucrania, y “los tambores de recesión” empiezan a sonar alto y claro.

 


Este panorama desolador, consecuencia de la pandemia, desastres naturales como Filomena o los incendios forestales, desencuentros internacionales como Marruecos y Argelia e incluso sucesos allende nuestras fronteras como la guerra de Ucrania, está generando una “tormenta perfecta” que se va a llevar por delante a una buena parte de nuestro tejido industrial, sobre todo Pymes y autónomos.

 

En estas circunstancias, en las que el empresario no tiene recursos ni tan siquiera para realizar un cierre ordenado, es muy tentador cerrar la actividad sin cumplir los preceptos establecidos al efecto, lo cual es muy peligroso, pues podemos incurrir en la figura de la insolvencia punible, que vamos a ver a continuación.

 

La insolvencia punible se recoge en los artículos 259 al 261 bis del Código Penal y consiste en el delito que comete el deudor que realiza cualquier acción de omisión con la finalidad de perjudicar a los acreedores en la masa de un concurso.

 

Se trata de un delito penal, en el que se encuentran tipificadas dos conductas:

1)       Ocultación o daños de elementos patrimoniales de la masa concursal

2)       Realización de ciertos actos de disposición que afecten al pago de una deuda

 

En general, son actuaciones contrarias al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y se recogen expresamente en el artículo 259 del Código Penal. Son las siguientes:

  • Ocultación, daños o destrucción de bienes o elementos patrimoniales que están incluidos (o deberían estarlo) en la masa del concurso.
  • Realización de actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.
  • Operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción que carezcan de justificación económica.
  • Simulación de créditos de terceros o reconocimiento de créditos ficticios.
  • Participación en negocios especulativos cuando carezca de justificación económica y resulte, en las circunstancias del caso y a la vista de la actividad económica desarrollada, contrario al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.
  • Incumplimiento del deber legal de llevar contabilidad, llevanza de doble contabilidad, o comisión de irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
  • Destrucción o alteración de los libros contables cuando se dificulte o impida de forma relevante la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
  • Ocultación, destrucción o alteración de la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor.
  • Formulación de las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.
  • Cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.

 


El tipo básico de insolvencia punible está castigado con pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 8 a 24 meses. Si los hechos se cometen por imprudencia se aplicará el tipo atenuado, que consiste en pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses, existiendo el tipo agravado con pena de prisión de 2 a 6 años y multa de 8 a 24 meses.

 

 

Todo lo dicho anteriormente adquiere especial relevancia cuando las consecuencias económicas de la pandemia del Covid y la finalización de la moratoria concursal nos hacen percibir un importante incremento de todo topo de insolvencias, por lo que es muy importante ponerse en manos de profesionales competentes para no incurrir en este tipo de delitos que nos pueden dar sorpresas muy desagradables.


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La Ley de Segunda Oportunidad es una necesidad de cualquier sociedad moderna

    14-07-2022


Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal

La Ley de Segunda Oportunidad es una necesidad de cualquier sociedad moderna


Seguidamente me complace compartir mi última publicación sobre el tema de la referencia en la revista El Economista, espero que os guste:


Ángel Luis Vázquez: "La Ley de Segunda Oportunidad es una necesidad de cualquier sociedad moderna"



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Se consolida la jurisprudencia en sentido contrario al Proyecto de Ley en relación con la exoneración del Crédito Publico

   20-06-2022

Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal

Se consolida la jurisprudencia en sentido contrario al Proyecto de Ley en relación con la exoneración del Crédito Publico

 

Si al final se aprueba el Proyecto de Ley de Modificación del Texto Refundido de la Ley Concursal, como parece que se va a aprobar, tendrá que ser Europa la que ponga las cosas en orden.

 

En una reciente sentencia de la Sección 5 de la  Audiencia Provincial de Zaragoza (sentencia número 000568/2022) del 27/04/2022, en apelación a un auto del Juzgado de Primera Instancia N.º 4 de Zaragoza del 30/04/2021 por el que se concede al deudor el Beneficio de Exoneración de Pasivo Insatisfecho (en adelante BEPI) en la modalidad de “régimen general” de manera definitiva, quedando exonerados los créditos ordinarios y subordinados pendientes a la fecha, y exceptuándose expresamente los créditos de derecho público, anula la exclusión de los créditos de derecho público, e igualmente, aprueba el plan de pagos de los créditos públicos con privilegio general según el importe y el calendario propuesto por la deudora.

 

Esta sentencia, realiza una magnifica exposición de como el TRLC excede el mandato constitucional cayendo en un claro ejemplo de ultra-vires, dando dos magníficos ejemplos:

 

"Mientras que el Art.  178 bis LC, en caso de oposición al BEPI, remitía al incidente concursal, en la actualidad tal remisión sólo está prevista para el régimen general (art 490.2).  En el caso del plan de pagos, el art. 496 solo prevé una mera audiencia a los acreedores “para que puedan alegar cuanto estimen oportuno en relación con la concesión del beneficio” y un nuevo traslado al deudor a fin de que “manifieste si mantiene el plan de pagos o lo modifica atendiendo en todo o en parte a lo alegado”.  La consecuencia sería que, en este  último  caso, no  cabría  recurso  de apelación, ni consiguientemente, recurso  de  casación,  como  sucede  en los casos en que no se ha formulado oposición, donde la falta de recurso tiene sentido."

 

Por otro lado, y siguiendo la mencionada sentencia …

 

"El art. 178 bis LC contenía una doble contradicción  interna:  Por un lado, decía  que  los  créditos  de  derecho  público  y  por  alimentos quedaban excluidos de la exoneración  en el caso del  plan de pagos, pero no decía tal cosa en el  de la exoneración  inmediata,  y  por  otro  lado,  la  norma establecía que el plan de pagos debía ser  aprobado por el juez del concurso, pero a la vez remitía  a los mecanismos administrativos para la concesión por el acreedor público del fraccionamiento y aplazamiento de pago de sus créditos.

 

Estas contradicciones fueron resueltas por la sentencia de Pleno del TS de 2 de julio de 2019 (Roj: STS 2253/2019) en los siguientes términos:

 

“Esta  norma  debe  interpretarse  sistemáticamente  con  el  alcance  de  la exoneración previsto en el ordinal 4.º [exoneración inmediata]

 

3.  Para la exoneración inmediata, si se hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, habría que haber pagado los créditos contra la masa y los créditos con privilegio general, y respecto del resto, sin distinción alguna, el deudor quedará exonerado.

 

La Ley, al articular la vía alternativa del ordinal 5.º [exoneración provisional], bajo la ratio de facilitar al máximo la concesión del beneficio, pretende facilitar el cumplimiento de este requisito del pago de los créditos contra la masa y privilegiados, y para ello le concede un plazo de cinco años, pero le exige un plan de pagos, que planifique su cumplimiento. Bajo la lógica de esta  institución  y  de  la  finalidad  que  guía  la  norma  que  es  facilitar  al máximo la ""plena exoneración de deudas"", debemos entender que también en la alternativa del ordinal 5.º, la exoneración alcanza a todos los créditos ajenos  al  plan  de  pagos.  Este  plan  de  pagos  afecta  únicamente  a  los créditos contra la masa y los privilegiados.

………

 

Continua la sentencia con el siguiente razonamiento …

 

"Sin embargo, el Gobierno ha introducido una modificación en un tema tan sensible, como es el de los exorbitantes privilegios de los créditos de derecho público. De   este   modo, los   créditos   públicos ordinarios y subordinados, que antes de la refundición llevada a cabo por el  Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, quedaban exonerados por ley en el caso del BEPI directo o definitivo (y en el diferido o provisional, por vía jurisprudencial), han pasado a no estarlo por mor del Art. 491, dando un paso atrás en la modernización emprendida con la Ley 25/2015, de 28 de julio, que a su vez se inspiraba en la legislación histórica.

 

A nuestro modo de ver, esto va más allá de ese encargo dado al Gobierno de regularizar, aclarar   y armonizar las normas afectadas, habiendo incurrido  en exceso en el ejercicio de la delegación o ultra vires (Art. 82 CE)."

 

Así pues, llega a la conclusión …

 

"que no rige la excepción prevista en el art. 491 TRLC  que impide  exonerar el crédito público, ya que continúa siendo de  aplicación la  jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo sobre el particular."

 

Y no se queda aquí, dando entrada a la interpretación de la Directiva 2019/1023, la misma que hoy se pretende trasponer mediante un Proyecto de Ley totalmente contrario.

 

"Algunas sentencias han llegado a esta misma conclusión por la vía de la interpretación, conforme de  la  Directiva  UE  2019/1023  del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio   de 2019 sobre marcos de restructuración preventiva y exoneración de deuda, como  hace  el  Auto 116/2021, de 12 de julio de la A.P. Guipúzcoa, secc. 2ª."

 

En conclusión, en la misma sentencia se acepta el exceso ultra-vires en el TRLC, ignora su aplicación, por lo que es de plena aplicación la interpretación del TS en la mencionada sentencia 02/07/2019, y de igual manera acepta la interpretación de la Directiva Europea sobre Reestructuración en sentido contrario al actual TRCL, y por ende, al actual Proyecto de Ley actualmente en trámite parlamentario.



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Nuevo Asistente virtual de Renta sobre inmuebles

  13-06-2022

Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal

Nuevo Asistente virtual de Renta sobre inmuebles

Inteligencia Artificial al servicio de la Agencia Tributaria


Se ha incorporado como herramienta de asistencia virtual de IRPF el "Asistente virtual de Renta sobre inmuebles". Esta herramienta, a diferencia de los Informadores de Renta y de Actividades Económicas, ofrece la posibilidad de formular preguntas utilizando un texto libre en el que, a través de frases concretas, se describan los detalles de tu consulta, que será contestada de forma personalizada mediante el uso de la inteligencia artificial.

La herramienta incorpora exclusivamente temas referentes a inmuebles, si bien, sucesivamente irán incorporándose el resto de materias que afectan al impuesto.

Los temas sobre los que se puede consultar son los referentes a rendimientos derivados de inmuebles dependiendo del uso al que se destinen, como vivienda habitual, a disposición de sus titulares, afectos a actividad económica o inmueble en alquiler, incluyendo en este último caso todas las posibles modalidades de arrendamiento. Además, incluye cómo calcular y declarar las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de inmuebles en sus diferentes modalidades lucrativas y onerosas, así como los casos especiales de extinción de condominio o la dación en pago. Por último, se tratan las deducciones derivadas de la propiedad o el uso de los inmuebles, como son las deducciones por adquisición de vivienda habitual, la deducción por alquiler y el resto de deducciones como las recientemente incorporadas deducciones por obras de eficiencia energética.

Si se formulasen consultas sobre materias no relacionadas con inmuebles, el Asistente respondería derivando a los Informadores de Renta y de Actividades Económicas, a través de los cuales se podrían resolver esas cuestiones.

Como en el resto de las herramientas de Asistencia Virtual, si la respuesta obtenida no contiene toda la información que se solicitaba, se podrá acceder al chat que será atendido por un especialista de la Administración Digital Integral (ADI).


Asistente virtual de Renta sobre inmuebles


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VII CONGRESO NACIONAL Y III CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO CONCURSAL (12 y 13 de mayo de 2022)

   31-05-2022

Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal

VII CONGRESO NACIONAL Y III CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO CONCURSAL
(12 y 13 de mayo de 2022)





Para mi ha sido un honor participar en un congreso con tan magnífico plantel de ponentes y desde aquí agradezco a los organizadores CARBONELL O'BRIEN ABOGADOS y URAZAN ABOGADOS el que contaran conmigo y les traslado mi enhorabuena por la excelente gestión realizada.


En el siguiente link tienen el accedo a mi intervención: "intervención Ángel Luis Vázquez


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