Cierre Ordenado

Ángel Luis Vázquez
Economista - Administrador Concursal

Cierre Ordenado


La paralización económica debida al confinamiento de la población ha producido un incremento desorbitado del cierre de empresas y un aumento del desempleo, lo que tendrá grandes consecuencias en el déficit y la deuda públicos a muy corto plazo.

Así lo alerta el Banco de España en el Informe de Estabilidad Financiera que hace público este lunes, en el que avisa de que las familias impactadas por la crisis del Covid-19 dejarán de pagar primero los créditos al consumo, después las facturas (luz, agua...) y, por último, la hipoteca.

La Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid ha elaborado un informe sobre las consecuencias del impacto económico del Covid-19 en la región con cuatro posibles escenarios este año teniendo en cuenta el avance del proceso de 'desescalada' que ha propuesto el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El peor de los vaticinios contempla una caída del PIB en la región del 17,8% y la pérdida de 1,1 millones de empleos si las actividades del turismo y la hostelería se postergan a diciembre.

Y una vez llega la tan deseada desescalada, nos encontramos con que solo abrirán un 20% de los pequeños comercios. La Confederación Española del Comercio (CEC), organización que representa a miles de pequeñas y medianas empresas, ha denunciado hoy "el contexto de incertidumbre y desinformación con los protocolos de seguridad" y aspectos concretos en los que se está llevando a cabo esta vuelta a la actividad.

La hostelería, al igual que el comercio, apenas abrirá tal y como está planteada la fase de desescalada. Desde la patronal Hostelería de España aseguran, no obstante, que "al ampliarse los aforos es posible que sí que haya ya algunas terrazas que puedan abrir".

Llegados hasta aquí, la gran pregunta es ….

¿Cuántos negocios no llegaran a abrir jamás?


Entre los expertos se manejan multitud de cifras, pero una de la más consensuada es que como consecuencia del Covid-19, un total de 250.000 Pymes y autónomos echaran el cierre definitivamente.

Y ante esta realidad ……

¿Qué es lo que tienen que hacer las Pymes y autónomos que se estén planteando no volver a abrir su negocio?

Sin duda, ante esta realidad, la mejor opción es un “cierre ordenado”, es decir, planificar el abandono de la actividad cumpliendo toda la normativa mercantil y laboral a efectos de no incurrir en responsabilidades legales en caso de echar el cierre sin más.

Cuando se pone en marcha un negocio se hace con toda la ilusión y esmero, pero cuando uno se ve obligado a cerrar el negocio, lo único que se quiere es terminar la mala experiencia cuanto antes. Pero cerrar “a la francesa” puede significar hacerlo mal y que, al cabo del tiempo, lleguen reclamaciones del casero, la la compañía de la luz, facturas del banco sin pagar, etc.

¿Se puede hacer un cierre ordenado en las circunstancias actuales?

Claro que se puede hacer, solo es cuestión de análisis y planificación.


Todo tiene que empezar con un buen análisis de la situación actual del negocio. Analizar el endeudamiento y el patrimonio, las garantías existentes, las posibles contingencias (fiscales y laborales), las implicaciones a nivel personal de los socios y administradores. Una vez contemplados todos estos aspectos, se pueden planificar las mejores alternativas.
Por poner un ejemplo, recuerdo un caso de la anterior crisis financiera, en la que una Pyme dedicada al sector de las “reformas”, después de ir aguantando a base de ir tirando todos los meses del patrimonio personal del matrimonio, únicos accionistas y administradores de la SL, se dieron cuenta de que por más que les doliera era “una muerte anunciada”.

Se pusieron en manos de un experto, que les confirmó que el negocio en las circunstancias actuales ya no era viable económicamente, y que lo mejor que podían hacer era cerrar el mismo.

La mayor preocupación del matrimonio es que tenían avalado a nivel personal 300.000 euros en líneas de crédito y préstamo en entidades bancarias, y los casi 50.000 euros que tenían atrasados en Hacienda y la Seguridad Social.

Los expertos diseñaron un plan en dos fases.


En la primera fase, se centraron en la empresa, cesaron la actividad, y se centraron en recuperar los derechos de crédito de clientes y en realizar el poco activo existente, y con los fondos obtenidos liquidaron a los trabajadores y resolvieron la relación laboral.

Con la empresa, sin actividad, y prácticamente sin activo, pues los saldos de clientes que quedaban eran prácticamente incobrables, se solicitó el concurso de acreedores.

Por el lado personal del matrimonio, pidió el nombramiento de un mediador concursal, y se intentó un acuerdo extrajudicial de pagos. Al no conseguir los quórums necesarios, se solicitó concurso consecutivo y solicitud del BEPI (Beneficio Exoneración de Pasivos Insatisfechos).

Al cabo de quince meses, la sociedad se había disuelto judicialmente, y el matrimonio había obtenido el BEPI que les liberaba de los avales prestados a la sociedad.


Lo último que sé de ellos es que habían cambiado de ciudad y habían montado un negocio de hostelería, espero que no sean de los que tengan que cerrar como consecuencia del Covid-19.

A nivel económico general es satisfactorio y legítimo que las empresas que se encuentren en dificultades utilicen las herramientas que da la Ley para estos casos, pues de nada sirven empresas zombies que solo existen para engrosar las cifras de los procedimientos judiciales. Es mejor que la empresa, si no puede continuar, se liquide, y permita al acreedor llevar directamente a pérdidas los créditos incobrables sin problemas fiscales. Y que el emprendedor, al que le ha salido mal esta experiencia, pueda dedicar todos tus esfuerzos a un nuevo proyecto empresarial, puesto que las empresas son el pilar fundamental de una sociedad libre, y cuantos mas emprendedores y empresas tengamos mayor será el nivel de bienestar del país.

A nadie le gusta cerrar su negocio, pues para un emprendedor es como un hijo, y cerrarlo significa un fracaso personal, pero cuando el negocio se hace inviable, por lo que sea, es mejor cerrar que poner en peligro la economía familiar, o incluso de la propia familia, pues recuerden el viejo proverbio árabe que dice “Cuando la miseria se asoma por la puerta, el amor salta por la ventana.



Conclusión, si su negocio no va bien, con el asesoramiento de un experto, si tiene que cerrarlo, ciérrelo, pero de una forma ordenada, si no, se acordará del negocio fallido por mucho tiempo.

EL REAL DECRETO-LEY 16/2020 Y LAS EMPRESAS “ZOMBIES”

 

EL REAL DECRETO-LEY 16/2020 Y LAS EMPRESAS “ZOMBIES”.


1.  CONSIDERACIONES GENERALES.


La incidencia de la pandemia COVID-19, auténtico “cisne negro” de la economía mundial, está empezando a adquirir proporciones catastróficas, situándose las estimaciones económicas de descenso del Producto Interior Bruto mundiales en la rango del -6 al -10% y la pérdida de puestos de trabajo en más de 160 millones, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

Los datos para España son todavía más negativos; así, recientemente, el Banco de España evaluaba el descenso del PIB entre el -6,6% y el -13,6%, existiendo otras evaluaciones, caso de la formulada por la CEOE, todavía más negativas (hasta un -15% de minoración del PIB en el ejercicio 2020).

La situación social es todavía más preocupante ya que, solo en dos meses, marzo y abril de 2020, se han perdido los puestos de trabajo recuperados desde la crisis de 2006 en los dos últimos ejercicios y los trabajadores bajo ERTE superan los 4 millones.

Inquirir sobre las razones que explican el diferencial negativo, en términos de empleo, renta y riqueza, entre España y la media mundial y, en especial, la media europea (con descensos del 6% del PIB) sería preguntarnos por los errores en nuestro diseño de modelo económico (excesivo predominio del turismo, carencia de investigación y desarrollo, servicios de bajo valor añadido, etc.), nuestro desastroso mercado de trabajo (temporal, fraccionario, escasamente cualificado, etc.) y también por nuestro débil sistema empresarial, donde hay muchos “empresarios”, que lo son a la fuerza (los falsos autónomos), donde las sociedades de responsabilidad limitada se constituyen con 3.000 euros, cifra que no da siquiera para los gastos de constitución, y donde la ausencia de reservas y colchones de capital impide inversiones de cierta relevancia.

En estas condiciones, no es de extrañar que otro problema crónico de nuestro tejido empresarial sea la proliferación de explotaciones económicas no rentables, en pérdidas, que sobreviven de la explotación de su dueño-trabajador-directivo (“el hombre orquesta”), de un endeudamiento cronificado, de impagos generalizados y morosidades encubiertas y de confundir la caja con los resultados empresariales.

Estas empresas “zombies” podrían haberse reconvertido, de existir un modelo de “segunda oportunidad” rápido, de escasos costes y flexible que permitiera a muchos emprendedores abandonar proyectos no rentables y entrar en nuevas áreas de mercado promisorias, empujados por esa “destrucción creadora” que Schumpeter calificaba como la clave de la economía capitalista moderna.

Desgraciadamente (y, de nuevo, caemos en errores viejos) el Gobierno de turno, ante la crisis del COVID-19, vuelve a caer en idéntica equivocación y, en vez de aprovechar la ocasión, para introducir una nueva disposición legal de segunda oportunidad ágil y eficiente, prefiere conservar empresas sin futuro, multiplicando sin sentido empresas “zombies”.

Y eso es, a nuestro entender, un grave dislate económico que vuelve a explicar por qué España sufre más que nadie en la Unión Europea las crisis económicas y porque tardamos más en recuperarnos: porque nuestros Gobiernos son incompetentes y yerran lamentablemente en las recetas, cuando no en el diagnóstico, de los problemas de nuestro modelo económico.

 2.  EL REAL DECRETO-LEY 16/2020, DE 28 DE ABRIL.


El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, “Boletín Oficial del Estado”, BOE, de 29, es el epítome de lo que indicamos con anterioridad.

Siguiendo la senda que viene siendo habitual en la actuación de nuestro Gobierno últimamente, consistente en pretender resolver los innumerables problemas sanitarios, económicos y otros a que nos enfrentamos, mediante disposiciones legislativas, siempre improvisadas y sin pasar por las Cortes, en las que, con escaso orden y falta de técnica legislativa, se amontonan cuestiones fiscales, laborales, mercantiles, etc.; resulta que, en el BOE del pasado 29 de abril, nos encontramos de improviso con el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

El citado texto legislativo dedica a implementar medidas en materia concursal, institución jurídica que debería ser el eje de la solución de las crisis empresariales y más de las súbitas, como la derivada el DOVID-19, el Capítulo II, rotulado como Medidas concursales y societarias, compuesto por los arts. 8 a 18, ambos inclusive y la Disposición Transitoria 2ª, intitulada Previsiones en materia de concurso de acreedores.

Las medidas adoptadas sobre la materia son, básicamente, las siguientes:

1.- Modificación del convenio concursal:

Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma, el concursado, podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento. Las mayorías exigibles para la aceptación de la propuesta de modificación serán las mismas que para la aceptación de la del convenio originario, cualquiera que sea el contenido de la modificación.

En ningún caso, la modificación afectará a los créditos devengados o contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio originario ni a los acreedores privilegiados a los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se hubieran adherido a él, una vez aprobado, a menos que voten a favor o se adhieran expresamente a la propuesta de modificación.

El Juez, por su parte, dará traslado al concursado de las solicitudes de declaración del incumplimiento del convenio que se presenten dentro de los 6 meses desde la declaración del estado de alarma, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurran 3 meses desde que finalice ese plazo.

Durante esos 3 meses, el concursado podrá presentar propuesta de  modificación del convenio, cuyo tenor se tramitará con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento.

Estas reglas serán de aplicación a los acuerdos extrajudiciales de pago.

2.- Aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la liquidación

Durante un año desde la declaración del estado de alarma, el deudor no tendrá el deber de solicitar la liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones posteriores a la aprobación del convenio, siempre que presente una propuesta de modificación del convenio y esta se admita a trámite dentro de dicho plazo.

Durante ese mismo plazo, el Juez no dictará auto, abriendo la fase de liquidación aunque el acreedor acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fundamentar la declaración de concurso.

En caso de incumplimiento del convenio aprobado o modificado dentro de los 2 años desde la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos contra la masa los derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza concedidos al concursado o derivados de garantías personales o reales constituidas a favor de este por cualquier persona, incluidas las que tengan la condición de especialmente relacionadas con él, siempre que en el convenio o en la modificación constase la identidad del obligado y la cuantía máxima de la financiación a conceder o de la garantía a constituir.

3.- Acuerdos de refinanciación

Durante de un año desde la declaración del estado de alarma, el deudor que tuviere homologado un acuerdo de refinanciación, podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo en vigor o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.

Durante los 6 meses siguientes a la declaración del estado de alarma, el Juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación se presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite hasta que transcurra un mes desde la finalización de dicho plazo.

Durante ese mes, el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de concurso que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el acuerdo en vigor homologado o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud de homologación.

Si, dentro de los 3 meses siguientes a la comunicación al Juzgado, el deudor no hubiera alcanzado un acuerdo de modificación del que tuviera en vigor u otro nuevo, el Juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento presentadas por los acreedores.

4.- Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores

Hasta el 31 de diciembre de 2020, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia, no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al Juzgado competente para la declaración de este la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.

Hasta igual fecha, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde la declaración del estado de alarma.

Si, antes del 31 de diciembre de 2020, el deudor hubiera presentando solicitud de concurso voluntario, se admitirá ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.

Si, antes del 30 de septiembre de 2020, el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, se estará al régimen general establecido por la ley.

5.- Financiaciones y pagos por personas especialmente relacionadas con el deudor

En los concursos que se declaren dentro de los 2 años siguientes a la declaración del estado de alarma, tendrán la consideración de créditos ordinarios:

(i)   Los derivados de ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga naturaleza, que desde la declaración del estado de alarma le hubieran sido concedidos al deudor por quienes tengan la condición de personas especialmente relacionadas con él; y

(ii)       Aquellos en que se hubieran subrogado quienes, según la ley concursal, tengan la condición de personas especialmente relacionadas con el deudor como consecuencia de los pagos de los créditos ordinarios o privilegiados realizados por cuenta de este, a partir de la declaración de ese estado.

6.- Impugnación del inventario y de la lista de acreedores

En los concursos en los que la administración concursal aún no hubiera presentado el inventario provisional y la lista provisional de acreedores y en los que se declaren dentro de los 2 años a contar desde la declaración del estado de alarma, en los incidentes que se incoen para resolver las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores, los únicos medios de prueba admisibles serán las documentales y las periciales, sin que sea necesaria la celebración de vista salvo que el Juez del concurso resuelva otra cosa. 

Los medios de prueba de que intenten valerse las partes, deberán acompañar a la demanda incidental de impugnación y a las contestaciones que se presenten.

La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los demandados se considerará allanamiento, salvo que se trate acreedores de derecho público.

7.- Tramitación preferente

Hasta que transcurra un año a contar desde la declaración del estado de alarma, se tramitarán con carácter preferente determinadas actuaciones judiciales que la norma enumera.

8.- Enajenación de la masa activa

En los concursos que se declaren dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma y en los que se encuentren en tramitación a dicha fecha, la subasta de bienes y derechos de la masa activa deberá ser extrajudicial, aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa.

Se exceptúa de lo anterior la enajenación del conjunto de la empresa o de unidades productivas.

Si el juez hubiera autorizado la realización directa de los bienes y derechos afectos a privilegio especial o la dación en pago o para pago de dichos bienes, se estará a los términos de la autorización.

9.- Aprobación del plan de liquidación

Cuando a la finalización del estado de alarma hubieran transcurrido 15 días desde que el plan de liquidación hubiera quedado de manifiesto en la oficina del juzgado, el Juez deberá dictar auto de inmediato, en el que, según estime conveniente para el interés del concurso, aprobará el plan, introducirá en él las modificaciones que estime necesarias u oportunas o acordará la liquidación conforme a las reglas legales supletorias.

Cuando a la finalización de la vigencia del estado de alarma, el plan de liquidación presentado aún no estuviera de manifiesto en la oficina del Juzgado, el Letrado de la Administración de Justicia así lo acordará de inmediato y, una vez transcurrido el plazo legal para formular observaciones o propuestas de modificación, lo pondrá en conocimiento del Juez para que proceda conforme a lo establecido en el párrafo anterior.

10.- Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial de pagos

Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido 2 faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado, a los efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicándolo al Juzgado.

11.- Suspensión de la causa de disolución por pérdidas

A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020.

Si, en el resultado del ejercicio 2021, se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio, en el plazo de 2 meses a contar desde el cierre del ejercicio la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente. 

Todo ello, sin perjuicio del deber de solicitar la declaración de concurso de acuerdo con lo establecido en el presente Real Decreto Ley.

Régimen transitorio

Durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley, RDL:

(i)    Si se hubiera presentado alguna solicitud de concurso necesario, se aplicará la suspensión de la causa de disolución por pérdidas prevista en el RDL; y

(ii)       Si algún deudor hubiera presentado solicitud de apertura de la fase de liquidación ante la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio, el Juez no proveerá sobre la misma si el deudor presentara propuesta de modificación del convenio conforme a las disposiciones del RDL.

Si, en la fecha de entrada en vigor del presente RDL, algún acreedor hubiera presentado solicitud de apertura de la fase de liquidación o de declaración de incumplimiento de convenio, se aplicará lo dispuesto respecto de la modificación del convenio y el aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la liquidación.

 3.       CONCLUSIONES.

Como habrá observado el atento lector, la finalidad que guía al legislador, de una parte, es la de evitar que se declare el concurso y la liquidación a cualquier coste, incluso el de sembrar nuestro ámbito económico de empresas insolventes, verdaderos muertos vivientes, cuya existencia, únicamente, habrá de servir para asignar recursos escasos a finalidades inviables y crear dificultades a las empresas que si pueden funcionar y de otra, la de logar que los Juzgados de lo Mercantil puedan atender la avalancha de concursos que se les viene encima.

Lo segundo, puede ser un objetivo plausible, aunque mucho habría que decir sobre la “agilidad” de unos Juzgados, incapaces de cumplir los plazos de la vigente Ley Concursal, incluso en situaciones ordinarias.

Pero lo primero, es decir, el retraso en el tiempo de que empresas insolventes, sin futuro ni posibilidad de sobrevivir, incompetentes e ineficaces, sigan aparentemente vivas en un entorno económico dinámico, lábil y hostil, nos condena, nuevamente, a arrastrar morosidades, impagos, deudas incobrables, juicios y pleitos innecesarios, costes de transmisión crecientes, etc., impidiendo un “fresh start”, una renovación empresarial, objetivo esencial buscado por el nuevo modelo de reorganización empresarial que predica la Unión Europea y al que España, teóricamente, da cumplimiento con la fórmula del acuerdo extrajudicial de pagos.

No creemos, por lo tanto, que esta sea la mejor manera de lograr la reactivación de nuestra economía, evitando que se depuren de la actividad empresarial, las entidades que no funcionan.

 4.     CODA.

Para añadir “sal a la herida”, se aprueba un Texto Refundido de la Ley Concursal, ya totalmente obsoleto antes de salir a la luz pública, inadaptado para dar cumplimiento al nuevo Derecho Europeo de restructuración empresarial y que ha demostrado, asimismo, su falta de ligazón con la realidad empresarial; en vez de haber aprovechado la ocasión para, al menos, reformar el acuerdo extrajudicial de pagos que, como sabemos, sí puede ser un mecanismo útil para dar salida a particulares y empresas endeudadas, permitiendo al núcleo de buenos emprendedores que existen entre ese colectivo, empezar una nueva actividad empresarial.

Madrid, 5 de mayo de 2020.

ADMINISTRADORES SOCIETARIOS - Responsabilidad Tributaria

DOMINGO CARBAJO VASCO

Economista y Abogado

Licenciado en Ciencias Políticas.
Inspector de Hacienda del Estado. Delegación Central de Grandes Contribuyentes

ADMINISTRADORES SOCIETARIOS

LA ESPADA DE DAMOCLES DE LA RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA.


NOTA PREVIA.

Sin ningún género de dudas, una de las figuras tributarias más discutidas, tanto en lo que respecta a sus orígenes como a la hora de identificar su naturaleza y su función en nuestro sistema tributario, es la de la responsabilidad tributaria.
Figura escasamente regulada en la norma básica de nuestro Ordenamiento Tributario, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT), artículos 41 a 43, ambos inclusive, plantea muchos interrogantes.

SU NATURALEZA.

Considerada en principio como un instrumento similar al del aval o a la fianza en las deudas privadas, la responsabilidad tributaria se calificaba, desde la perspectiva tradicional de esta herramienta, como una simple garantía recaudatoria, cuando el obligado tributario principal (el “deudor principal” en la terminología confusa del artículo 41.1, que además no delimita el concepto) impagaba una deuda tributaria y, entonces, tras su persecución y excusión por el Fisco, se buscaba que un tercero (el avalista o fiador) pagase esa cantidad, repercutiéndola posteriormente sobre el deudor principal, tal y como también permite expresamente el artículo 41. 6 de la LGT.

Pero la paulatina incorporación de nuevos supuestos de responsabilidad, la amplia utilización de esta figura en procedimientos tributarios que no eran ya solo el recaudatorio y su extensa aplicación por los órganos recaudatorios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT,  la han ido configurando en una especie de “tertium genus”, con componentes de medida cautelar, sanción por actos ilícitos y sanción civil por omisión o incumplimiento de funciones.
Convertida en un arma generalizada por parte de la Recaudación Tributaria, con ánimo de obtener la deuda tributaria que no abona en primera instancia el “deudor principal” o como última ratio para recaudar, una vez que se manifiesta como crédito incobrable la deuda tributaria a pagar por citado “deudor principal”, la responsabilidad tributaria se ha convertido en un protagonista ordinario y estándar en los diferentes procedimientos de la Hacienda Pública, generalizándose y ampliándose su uso, como demuestran las estadísticas que, a este respecto, se publican en la Memorias anuales de la AEAT, alcanzándose el número de 16.714 derivaciones de responsabilidad en el ejercicio 2018, último para el cual se dispone de información[i].

Clasificadas en responsabilidades tributarias solidarias, artículo 42 LGT, donde el responsable del pago de la deuda tributaria lo es “junto” con el deudor principal y subsidiarias, artículo 43 LGT, una vez declarada incobrable la deuda de este deudor principal; lo cierto es que tal distinción, con vagas reminiscencias en la vieja dicotomía obligación tributaria mancomunada y solidaria, ha perdido relevancia en los últimos tiempos, a medida que, por un lado, se normalizaba su uso, se incorporaba la exigencia de las sanciones tributarias en la cuantía por la que ha de responderse (frente al pretendido principio general que las excluye, artículo 41.6 LGT) y se multiplicaban sus modalidades.

Además, la compatibilidad entre diferentes clases de responsabilidad, reconocida por la doctrina de los Tribunales Económico-Administrativos y la jurisprudencia, ha llevado a que, una misma persona, puede ser responsable por diferentes supuestos, según su función y relación con el deudor principal y su comportamiento.
En estas circunstancias, cualquier obligado tributario ha de tener en cuenta no sólo sus deudas tributarias “directas”, sino las consecuencias que puedan tener sobre su patrimonio las deudas tributarias “indirectas”, de terceros, que puedan derivársele como responsable tributario.

LOS ADMINISTRADORES Y LAS RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS.

Y si hay algún deudor “secundario” que pueda temer de manera más acusada los rasgos anteriores de normalización, generalización y expansión de los casos de responsabilidad tributaria, son los administradores de sociedades.

Hoy, no sólo por el Derecho Tributario, sino por la amplia expansión de las responsabilidades que se le exigen en otros Ordenamientos, ser administrador societario único o miembro de un Consejo de Administración, conlleva un elevado riesgo y una importante responsabilidad; de ahí, la proliferación de seguros de responsabilidad civil para estos cargos.

Pues bien, en la LGT, al menos, dos responsabilidades tributarias de naturaleza subsidiaria hacen referencia principal a los administradores societarios (de hecho, o de Derecho, pues en el ámbito tributario, lo relevante es la sustancia, no la forma o denominación).

Se trata de las citadas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 43 LGT, es decir:

 1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
    a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

    b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago…


Pero es que, además, existen otras responsabilidades tributarias que, de manera común o estándar, se les suele aplicar; así sucede, en primer orden, con la responsabilidad tributaria solidaria del artículo 42.1, a) LGT, cuya compatibilidad expresa se cita en el mencionado art. 43.1, a) LGT, es decir:


Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.
Y la regulada específicamente para los administradores concursales (que, como sabemos, en los denominados concursos de suspensión, son también los administradores societarios de la entidad) en el artículo 43.1, c) LGT, a saber:
…c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios. De las obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán como administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración…

Esto conlleva que, antes de adoptar cualquier decisión empresarial de relevancia, especialmente, en períodos de crisis como el presente (debido al impacto del coronavirus), antes de precipitarse con medidas poco meditadas, como puedan ser el cierre fáctico del establecimiento comercial o de la explotación mercantil, el abandono del negocio o el impago generalizado de las deudas tributarias, si usted es un administrador societario debe tener el máximo cuidado, ya que, más pronto o más tarde, pagará personalmente por los errores cometidos y por los impagos e incumplimientos de la entidad que administra o gestiona.

Evidentemente, cada una de las responsabilidades anteriores, así como la compatibilidad entre ellas (empezando porque puede plantearse si existe o no una jerarquía en su aplicación), ha generado problemas e interpretaciones variadas, en las cuales la breve extensión de este artículo impide profundizar, pero creemos relevante hacer un aviso a navegantes, a los administradores societarios…

 “en tiempos de turbación, no hacer mudanza”.

Señores administradores societarios: no tomen decisiones precipitadas y cualquier planteamiento radical sobre su futuro empresarial sopésenlo detenidamente, siga cauces jurídicos ordenados para llevar a la práctica sus meditadas decisiones y acudan para su realización a un buen asesoramiento.


LOS AEP (ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE PAGOS)

Ángel Luis Vázquez
Economista - Administrador Concursal

LOS AEP (ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE PAGOS)

Los grandes olvidados de la Ley de Segunda Oportunidad y la única forma de financiación, a coste “0”, del desastre económico que se nos avecina como consecuencia del coronavirus.


Me gustaría comenzar con unas estrofas de un poema de mi buen amigo Domingo Carbajo Vasco:

Retorna a tu centro, búscate, respira,
Piensa, crea, ordena, ilumina
Construye, reza y, ante todo, medita
Tu tiempo es finito y todo, a la postre, termina.

Pues, en estos días de confinamiento, es necesario meditar sobre la que se nos viene encima cuando, por fin, podamos volver a nuestra vida cotidiana ¿Qué nos vamos a encontrar en lo que a la economía se refiere?

No voy a especular con los distintos escenarios que nos podemos encontrar, pues ya estamos saturados de previsiones de empresas muy prestigiosas[i], pero un asunto está claro, “la cosa no pinta bien”, y si algo me ha enseñado mi experiencia, es que. cuando se trata de prevenir situaciones complejas, la posibilidad de error es muy alta, ya que, en los distintos escenarios, se manejan multitud de variables endógenas y exógenas de muy difícil control, pero al albur de los datos de que disponemos, parece claro que, cuando esto pase, nos vamos a encontrar una situación económica, cuanto menos muy complicada, sobre todo para los de siempre, las PYME y los empleados por cuenta ajena menos protegidos.

Cuando hablamos de PYME, podemos englobar en el concepto a los “autónomos”, los cuales no son otra cosa que empresarios individuales o trabajadores por cuenta propia[ii] y que, a menudo, nos olvidamos de que, en España, estas “empresas” son el 98% del tejido empresarial, generan el 75% del empleo y el 65% del PIB.

¿Qué se pueden esperar estas pymes cuando, después de varios meses cerradas, vuelvan a abrir sus negocios? … Se lo pueden imaginar ¿Verdad?

Por otro lado, ¿Qué va a pasar con todos aquellos empleados por cuenta ajena quienes, ya antes de la alarma sanitaria, difícilmente llegaban a final de mes y que, ahora, se encuentran con un ERTE, y que después de unos meses pueden verse en la cola de desempleados … Se lo pueden imaginar también ¿Verdad?

El Gobierno de la nación ha planteado, ciertamente, una serie de medidas de apoyo[iii], insuficientes, descoordinadas[iv] y poco ambiciosas, pues lo primero que se tendría que realizar, desde mi humilde punto de vista, es eliminar todas las partidas de gastos de los Presupuestos Públicos que son  improductivas y reasignar todas estas cantidades a dotar de liquidez al tejido empresarial principalmente, para las PYME, pero esta es otra cuestión.

Llegados a este punto, para cuando toda la serie de ayudas y subvenciones anunciadas no sean suficientes, tenemos una herramienta desconocida por la mayoría de los ciudadanos muy eficaz para los casos de sobreendeudamiento, tanto en el supuesto de personas físicas como jurídicas.

Se trata del Acuerdo Extrajudicial de Pagos, conocido por sus siglas AEP


¿Qué es un AEP?

Se trata de un mecanismo contemplado en la Ley Concursal (LC) con el que se intenta solucionar las deudas contraídas por una persona física o jurídica (pon los límites para estas) con sus acreedores sin tener que recurrir a los tribunales de justicia.

En realidad, se trata del último intento que realiza un deudor, antes de acudir a un concurso de acreedores.

¿Cómo se regula?


Un par de años después, se recupera el concepto de los AEP en el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, donde se convierte en una parte esencial del denominado “Mecanismo de 2ª Oportunidad”, al considerarse necesario el intento de un AEP para poder solicitar el denominado BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho) como veremos más adelante.

Y, por último, el 2/10/2015 se actualiza la Ley 22/003, Concursal, de 9 de julio, cuyo tenor,  en su Título X, artículos 231 a 242, regula los Acuerdos Extrajudiciales de Pagos.

Existe una confusión bastante común entre los Acuerdos Extrajudiciales de Pagos y la Ley de 2ª Oportunidad, pues, aunque están muy relacionados no son lo mismo. “A grosso modo”, podemos decir que la Ley de 2ª Oportunidad, regulada como hemos visto antes en el citado Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, comprende una serie de “instituciones jurídicas”” orientadas a aliviar la carga de los deudores de buena fe sobre endeudados, unas de carácter extrajudicial como los AEP (Acuerdos Extrajudiciales de Pagos), y otras de carácter judicial, como es la concesión del BEPI (Beneficio Exoneración Pasivo Insatisfecho).

Tampoco debemos confundirlos con los denominados “Acuerdos de Refinanciación[v]”, según los cuales, el deudor, empresario persona física o persona jurídica, puede suscribir un acuerdo de refinanciación con sus acreedores y conseguir así la continuidad de su actividad profesional o empresarial.



¿Puede utilizar todo el mundo un AEP?


¿Cómo funciona un AEP?

La solicitud de nombramiento de un mediador concursal (artículo 232 de la Ley Concursal) se realizará en diferentes sedes, dependiendo de la tipología del deudor:
  • Persona física no empresario a través del Colegio Notarial.
  • Empresarios y sociedades, a través del Registro Mercantil. En este caso, también podrán presentar la solicitud en las Cámaras Oficiales de Comercio.

La solicitud se efectuará mediante un formulario normalizado en el que figurará un inventario de bienes y derechos, los ingresos regulares previstos, así como una lista de acreedores, del deudor, especificando todos los datos económicos e identificativos de los acreedores, indicando también aquellos acreedores con garantía real (prenda o hipoteca), y de los acreedores de Derecho Público (Hacienda, Seguridad Social, …), aunque en estos casos pueden no verse afectados por el acuerdo como veremos más adelante.

El mediador concursal deberá convocar a la Junta de Acreedores en un plazo máximo de dos meses (un mes en caso de persona natural no empresario)  desde la fecha de su aceptación, y con una antelación de veinte días (quince días en el caso de persona natural no empresario) a la fecha de la reunión, deberá remitir el plan de pagos, teniendo un plazo de diez naturales días los acreedores a realizar propuestas alternativas.

Para más información sobre el plan de pagos, ver  la publicación “El Plan de Pagos dentro de un AEP” en el siguiente link.

En la reunión de acreedores, dependiendo de las “quitas” y “esperas” planteadas en el plan de pagos, existe una serie de mayorías necesarias para que el acuerdo se considere aprobado (artículo 238.1 Ley Concursal)  ver mas.

Una vez realizada la Junta de Acreedores, si esta obtiene un resultado positivo, el acuerdo alcanzado con el plan de pagos aprobado se elevará a público, se publicará en el BOE (“Boletín Oficial del Estado2) y en el RPC (“Registro Público Concursal”), siendo el mediador concursal el responsable de supervisar el cumplimiento del plan de pagos.

Si no existe acuerdo, el mediador concursal estará obligado a la presentación de la solicitud de concurso consecutivo en el Juzgado de los Mercantil que corresponda.

Ventajas de un AEP
Desventajas
El deudor podrá seguir con su actividad habitual, con la única obligación de abstenerse de realizar operaciones que se salgan del tráfico habitual y buenas prácticas de su negocio (artículo 235 LC).
Es un proceso complejo. El que el deudor va a necesitar la asistencia de expertos que se asesoren en la presentación y durante todo el proceso del expediente
Mientras un deudor esté realizando un AEP, ningún acreedor podrá instar concurso de acreedores (artículo 5 bis LC).
Es un proceso largo. Unos seis meses desde que se inicia la tramitación.
Mientras se negocia el AEP, ningún acreedor podrá iniciar o continuar ningún tipo de ejecución sobre el patrimonio del deudor.
Es un proceso costoso:
-        Gastos Notariales. Según arancel
-  Honorarios expertos. Depende de la cuantía y de los profesionales elegidos [1].
-      Honorarios mediadores concursal. Según arancel.
-       En algunos casos, honorarios procurador.


[1] Los honorarios de los profesionales que asesoren al deudor en toda la tramitación del expediente son sin duda los costes mas importantes, no bajando por lo general de los 3.000 €, aunque en ocasiones pueden ser muy superiores.
Para el deudor es de vital importancia elegir bien a los profesionales que le van a gestionar todo el expediente, asegurándose que los servicios contratados incluyen no solo la presentación de la solicitud sino todos los tramites relativos al expediente, para evitar cargos adicionales por cualquier tipo de gestión adicional.
Desde el mismo momento del inicio del AEP, los importes adeudados dejarán de generar intereses ni gastos de ningún tipo.
Durante el proceso del AEP, el mediador concursal, junto con el deudor y sus asesores, podrán negociar con los acreedores distintas opciones para alcanzar los quórums necesarios para la aprobación del acuerdo.
Una vez alcanzado el acuerdo con las mayorías indicadas en el articulo 238 de la LC, será de carácter obligatorio para todos los acreedores, excluyéndose solo aquellos acreedores de Derecho Público (Hacienda, Seguridad Social, …) y los acreedores con derechos privilegiados, como es el caso de las hipotecas.
Una vez alcanzado el AEP, mientras se cumpla el plan de pagos, el deudor legalmente se encuentra al corriente de sus compromisos, por lo que será eliminado de cualquier registro de morosos, como puedan ser RAI, Asnef, o cualquier otro.

Pongamos un ejemplo

Supongamos un autónomo que, como consecuencia de su mala situación económica, se ha visto obligado a sobre endeudarse para poder cubrir sus compromisos pues los ingresos de su actividad económica no cubren los gastos.

La situación actual es que, después de dos meses de cierre obligatorio de la actividad, se encuentra con el siguiente balance:

Descripción
Tipo Deuda
           Importe
Deuda con la Seguridad Social por cotizaciones pendiente al régimen de autónomos.
Se ha solicitado un fraccionamiento y la Seguridad Social lo ha admitido para pagar la deuda a razón de 100 € mensuales
Privilegiada
2.000 €
Hipoteca vivienda habitual [1]
[1] La vivienda se adquirió en el “boom” de la construcción, por lo que el valor de mercado, aun después de haber estado pagando el crédito hipotecario durante más de cuatro años, es sensiblemente inferior a la deuda pendiente.
La hipoteca se encuentra al corriente de pago. La cuota a pagar mensualmente es de 450 €.
Privilegiada
69.000 €
Tarjeta de crédito (Tipo revolving)
normal
6.000 €
Microcréditos con varias entidades financieras, que no se han pagado a su vencimiento y acumulan, junto al principal, unos gastos financieros muy importantes, duplicando casi la deuda original
normal
35.000 €
Deuda con una financiera para la adquisición de la furgoneta que utiliza en su actividad productiva. No existe reserva de dominio.
normal
10.000 €
Deudas con privilegio
71.000 €
Deudas normales
51.000 €
Total, deudas
122.000 €

NOTA. - Las deudas con privilegio no se ven afectadas por el AEP, pero deben informarse en la solicitud que presenta el deudor a efectos de que el resto de los acreedores conozcan su situación real y su capacidad de pago.

Las deudas, sin contar los créditos con privilegio (Seguridad Social e hipoteca), ascienden a 51.000 euros, las cuales le están generando a nuestro autónomo unas cuotas mensuales a pagar de 1.780 euros, cuantía por la cual, en la situación actual, no puede hacer frente.

En las circunstancias presentes, por el contrario, nuestro autónomo estima que puede generar unos ingresos brutos mensuales de 2.900 euros, de los cuales podría destinar:

  • 450 euros mensuales al pago de la hipoteca.
  • 100 euros al mes, para cumplir con el plan de pagos presentado a la Seguridad Social.
  • 900 euros mensuales para los gastos del negocio (autónomos, combustible, suministros, etc.)
  • 800 euros para los gastos de casa (manutención, suministros, colegios, etc.)
  • 100 euros para imprevistos,

Por lo que a nuestro autónomo le queda un remanente de liquidez al mes de unos 550 euros, frente a los 1.780 euros que tendría que pagar mensualmente para cumplir con todos sus compromisos.

Nuestro autónomo se entera de la existencia de los AEP y bien asesorado inicia este procedimiento, solicitando un mediador concursal, y como se trata de un empresario, la solicitud se realizará a través del Registro Mercantil o la Cámara de Comercio.

A la vista de los datos anteriores, el mediador concursal presenta a los acreedores normales (los privilegiados no entran en el AEP) un plan de pagos que contempla una quita[vi] del 40% y una espera[vii] de cinco años.

En estas condiciones, para cumplir el plan de pagos presentado, nuestro autónomo tendría que pagar todos los meses 510 €, frente a los 1.780 € anteriores.

Calculo: 51.000 euros, menos el 40 % de quita; por lo cual, se quedaría en 30.600 euros, que, divididos por los 60 meses de la espera planteada, nos daría un importe de 510 euros mensuales.
Es muy importante señalar que, aunque la deuda se propone pagar en cinco años, no se contempla ningún tipo de interés.

A la reunión de acreedores asisten los tres acreedores ordinarios (los privilegiados se quedan al margen del acuerdo). La financiera del vehículo se opone, pero las entidades acreedoras de los microcréditos y el banco aceptan por lo que se alcanza la mayoría necesaria y se aprueba el plan de pagos, cuyas cláusulas van a obligar tanto a los que han votado a favor, como a los que han votado en contra.

A partir de este momento, nuestro autónomo, pagando 510 euros mensuales (en vez de los 1.780 actuales) durante los próximos 5 años, estará al día con sus acreedores y podrá continuar con su negocio que, de no haber hecho nada al respecto, muy posiblemente se vería obligado a cerrar.

En resumen, los AEP, son largos, complejos y costosos, pero hoy por hoy son un magnífico mecanismo para que aquellos deudores de buena fe, que por diferentes circunstancias se han visto sobre endeudados, puedan llegar a acuerdos con sus acreedores paralizando la carga financiera (intereses y gastos) y negociando unos importes y plazos que puedan asumir con sus ingresos actuales.


[i] Durante la semana pasada, diferentes instituciones financieras y de análisis económico publicaron varias estimaciones sobre el posible efecto que la crisis del COVID-19 puede tener en la actividad productiva. Así, la estimación del Deutsche Bank, la más citada hasta hace unos días, apuntaba a una más que probable contracción del PIB en varios países de no menos del 25%, cifra jamás observada salvo en tiempos de guerra. Igualmente, en este mismo blog, José E. Boscá, Rafael Doménech y Javier Ferri publicaban los resultados de una simulación del impacto sobre el PIB que puede tener la parada económica a la que nos obliga la necesidad de frenar los contagios del virus. Sus estimaciones indicaban que las medidas de confinamiento podían llevar aparejadas una caída del PIB de entre el 4% y el 8%. Posteriormente, los mismos autores también publicaban sus estimaciones sobre la capacidad que las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 8/2020 podrían tener para frenar esta caída del PIB. En este caso, obtienen que las medidas aprobadas sí permitirían minorar esta contracción hasta el 0,6% y 4,5%, respectivamente.

Por supuesto, todas estas estimaciones están realizadas para un escenario moderado, con un confinamiento de unos dos meses y que suponen que de algún modo en la segunda mitad del año se produzca una recuperación parcial. Sin embargo, y al contrario de lo que ocurre con la contracción que se experimentará en este segundo trimestre, se espera que la salida de la crisis sea probablemente mucho más tortuosa y lenta, mostrando un fenómeno de histéresis.

[ii] Aunque en realidad, muchos de ellos no son sino personas que, aun desean ser trabajadores por cuenta ajena, no les queda más remedio que actuar como empresarios, careciendo de toda capacidad empresarial y de los medios necesarios. Entramos en los llamados “falsos autónomos”, una figura que pese a tener relación laboral con la empresa está encuadrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.

[iii] Todas y cada una de las políticas planteadas son convenientes. Pero creemos que podemos y debemos ir más allá. La tipología de esta crisis, caracterizada por el riesgo de una paralización abrupta de la economía cuya causa viene inducida por factores externos, como son las medidas de confinamiento para frenar la propagación del COVID-19, obliga a ser originales respecto a las políticas para minorar sus efectos y superarla y a ir más allá de lo aplicado hasta ahora. Trasladar hacia el futuro políticas del pasado más reciente, concebidas para una crisis de naturaleza muy distinta, no va a funcionar. https://nadaesgratis.es/admin/politicas-extranas-en-tiempos-confusos

[iv] El 80% de los trabajadores que se han visto afectados por un Erte en marzo (cerca de 3,2 millones en total) verán retrasado el cobro de su prestación de paro. La causa estriba en el colapso que sufren los Servicios de Empleo y que ha hecho que, actualmente, menos del 20% de esos expedientes estén ya tramitados.
La situación es tan grave que Trabajo pide ayuda a los bancos para que aceleren en mayo este desembolso y no sea necesario esperar al día 10. Con todo, es muy probable que los pagos se demoren a las primeras jornadas de mayo y el final de abril se complique así aún más para miles de trabajadores. Lamentablemente, esta demora no constituye un hecho aislado, sino que se aprecia en otros ámbitos clave de su acción contra la histórica crisis que el coronavirus desató. Fue clara en la puesta en marcha de la moratoria de los pagos a la Seguridad Social de los autónomos. Tanto tardó que su anuncio se produjo en el mismo día que estos trabajadores ya hicieron efectiva su cuota relativa a marzo. Ha ocurrido también con el programa de avales públicos. Su primer tramo no estuvo disponible hasta ayer y ya se encuentra agotado. El Economista

[v] Los acuerdos de refinanciación son mecanismos preconcursales que permiten afrontar situaciones de crisis empresarial en un marco extrajudicial.
Los acuerdos de refinanciación fueron introducidos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal por el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal (última modificación, recogida en la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal).
Existen dos grandes grupos de acuerdos de refinanciación: los generales, previstos en el artículo 71 bis de la Ley Concursal, y los específicos, previstos en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal. A su vez, dentro de los generales podemos encontrar los acuerdos de refinanciación colectivos (artículo 71 bis 1 de la Ley Concursal) y los singulares (artículo 71 bis 2 de la Ley Concursal).

[vi] En el argot, se refiere a una reducción de la deuda.

[vii] En el argot, se refiere al plazo que se solicita para la devolución de la deuda.