03-09-2020

Ángel Luis Vázquez

Economista - Administrador Concursal 

El COVID-19 ¿Causa o Disculpa?

¿Podemos decir que el COVID-19 es la causa de la catastrófica situación económica de España?

Recuerdo en el 2005 una caricatura en el ABC referente al huracán Wilma a su paso por Centroamérica que no podría ser de mas actualidad. Se veía al ojo de Dios mirando acusadoramente al huracán Wilma con el mapa de Centroamérica de fondo, y este le respondía que no se le culpe de todos los males, pues antes de llegar ÉL, estos países ya estaban muy mal. Como no lo he podido recuperar literalmente, lo he reproducido siguiendo mis recuerdos.  

Y me ha venido a la cabeza a esta imagen, porque todo el mundo apunta a la COVID-19 como la causante de todos los males de la economía española.

Y, a lo mejor, tenemos que empezar a plantearnos que quizás la economía estaba ya en estado comatoso antes de llegar el COVID-19 y que, a buen seguro, tendría que haber entrado en la UVI europea como ocurrió en su momento con Grecia, Italia, y en cierta medida con Portugal, como indica el compañero economista y ex director general de COFIDES, Felipe Carballo, quien subraya que, en la era precovid, ya se estimaba una caída directa del PIB estructural del 3%.

Según un estudio de la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), casi el 30% de las empresas españolas tenía problemas de liquidez antes del Covid-19. El informe revela que los sectores que se están viendo más afectados en las primeras etapas de la crisis del coronavirus, así como sobre los que se prevé una salida más tardía (como el comercio o la hostelería) son precisamente algunos de los que partían en peores condiciones. Entre ellos, también se sitúan las manufacturas, la energía, las actividades artísticas y recreativas, las actividades inmobiliarias, la educación o las telecomunicaciones. Asimismo, ya el 14,6% de las empresas (el 8,5% del empleo) en la misma fecha se encontraban en riesgo financiero por tener rentabilidad insuficiente en comparación con sus costes financieros.

Por otro lado, el informe Dinámica empresarial en España y digitalización: retos ante la nueva crisis del Covid-19 publicado también por el Ivie destaca la falta de dinamismo empresarial en el país, puesto que el 51% de las nuevas compañías no sobrevive a los cinco primeros años de vida. Esto, junto al excesivo peso de las empresas que no crecen, entre las que predominan las de reducido tamaño, es uno de los principales problemas que puede lastrar la salida de la crisis.

Por lo tanto, al igual que el huracán Wilma se escusa en la viñeta diciendo que los países de Centro América ya estaban mal antes de llegar el, si el COVID-19 pudiera hablar, nos diría, que la economía española ya estaba bastante mal antes de llegar el.

Barros cuyos lodos se han agrandado con la pandemia, con la inseguridad de no poder precisar si la emergencia médica ya se ha superado o si, por el contrario, debemos esperar nuevos brotes con intensidad y duración desconocida que puedan afectar a la actividad económica, una vacuna que no termina de llegar, todo tipo de teorías de la conspiración y, por si lo anterior fuera poco, la precaria actuación del Gobierno de turno que ni siquiera ha sido capaz de sacar adelante unos Presupuestos, congelados desde el 2018 y, ahora, se encuentra inmerso en poner en marcha el plan de recuperación más ambicioso que recuerde la historia de España con unas premisas de partida bastante discutibles y cuyos contenidos reales se desconocen.

El panorama con el que nos encontramos actualmente, podríamos describirlo en pocas pinceladas:   

En esta situación, parece claro que los 140.000 millones del Fondo de Recuperación Europea, de los que, prácticamente, la mitad tienen que devolverse, serán insuficientes para la recuperación en España, y casi podemos asegurar, que el BCE, en aplicación de las medidas de seguimiento y cautela de los recursos comunitarios, enviará a sus famosos “hombres de negro” en un fututo próximo para velar por el uso responsable que hacen nuestros políticos de los fondos recibidos.

Érase una vez una Unión Europea, basada en valores universales de libertad y solidaridad. Una Europa que tenía como objetivo, no sólo el libre movimiento de capitales y de personas, sino también la integración social y los mecanismos de solidaridad. Ese cuento pasó hace tiempo a la Historia, pues desde que, en 1993, se aprobara el tratado de Maastricht, las políticas neoliberales han determinado la política de la Unión Europea y eventos como el Brexit y la pandemia han demostrado, una vez más, que el viejo cuento de cohesión y solidaridad no existe.

Como nos dice Joseba Permach, economista y sociólogo, en su artículo del 31 de julio “De cuentos y cuentas”.

En este contexto, tras unas largas negociaciones, el Consejo Europeo ha acordado la puesta en marcha de un fondo para la recuperación económica. En estas negociaciones, Holanda, Suecia, Austria, Dinamarca y Finlandia han conformado un bloque, autodenominado “los frugales[ii]” que, bajo la reivindicación de la “austeridad”, recuerda a los países del Sur de Europa, especialmente a España que viven y gastan por encima de sus posibilidades y que, si quieren la ayuda de sus socios europeos, tienen  que regresar a una vida más austera y a ejecutar reformas estructurales en sus economía

No seré yo el que les quite la razón a los “frugales”, en cuanto a la necesidad de regresar a una Política Económica más ortodoxa y austera, pues las aventuras populistas de este Gobierno con medidas, cuanto menos erráticas y desafortunadas, han puesto la economía de este país al borde de la quiebra, pues como hemos dicho al principio, no todo es culpa del COVID, pero lo que me llama sumamente la atención, es que, como paladín de la frugalidad, se nos presenta a un Estado : Holanda que, mediante el “dumping” fiscal, hace que un buen número de multinacionales se ahorren millones de impuestos, tributando en Holanda en detrimento de las arcas públicas de otros estados miembros, entre los que se encuentra España.

Tan importante, descarado y manifiesto es este “dumping” fiscal por parte de Holanda, que Bruselas quiere perseguir a los Estados que aplican regímenes fiscales ventajosos para multinacionales en un momento en que la UE está debatiendo las ayudas para responder al descalabro económico de la crisis del coronavirus y, para ello, el Ejecutivo comunitario está explorando formas de activar un instrumento[iii] de los tratados no utilizado para reducir la capacidad de las multinacionales de aprovecharse de marcos fiscales ventajosos.

Quizás hubiera sido buen momento para que, nuestro Presidente, le recordara al primer ministro holandés, Marck Rutte, que la “frugalidad” debe trasladarse a todos los aspectos de la vida social y económica y que, como paladín de la dicha “frugalidad”, debería de conformarse con recaudar los impuestos que, en justicia le corresponden, en vez de apropiarse de los que pertenecen a otros países como España y, de esta manera, no tendríamos que pedir lo que, con anterioridad, nos ha sido sustraído, pero parece que esto no estaba en las “notas” de nuestro Presidente del Gobierno o no se consideró oportuno plantearlo en esos momentos. Ver articulo “El País de 24-08-2020”

Si analizamos el acuerdo, más allá del triunfalismo de nuestro Presidente, encontraremos que, en primer lugar, las ayudas están “condicionadas” a la supervisión europea de un uso responsable de los fondos, lo cual, supone, aunque se pierda soberanía, personalmente entiendo es algo positivo, pues garantiza que los fondos se destinarán a la recuperación económica y pondrá limite al gasto sin control del ejecutivo actual, es decir, habrá más eficacia y eficiencia en la utilización del gasto público

Los 140 millones de euros en ayudas, que recordemos suponen el 11% de nuestro PIB, se dividen en dos partes: 67,3 mil millones, en forma de préstamos sujetos a condicionalidad y 72,7 mil millones, como ayudas directas, vinculadas a proyectos y reformas que mejoren la competitividad; sin embargo, pero no podemos olvidar la letra pequeña: más de la mitad de los 72,7 mil millones se perderán por el incremento de aportaciones de España a los fondos europeos, y estas aportaciones no están sujetas a “condicionalidad alguna”, es decir, se tendrán que aportar en cualquier caso.

Quiere esto decir, que España se compromete a incrementar su aportación al Presupuesto Europeo en más de 37 mil millones (mientras que Holanda consigue un descuento especial en las aportaciones al Presupuesto de la UE) y, a cambio, recibirá 72 mil millones para aquellos proyectos que propongan los Gobiernos autonómicos y municipales, canalizados por el Ministerio de Hacienda[iv], los cuales deberán tener el visto bueno de Bruselas para liberar los fondos.

En términos coloquiales, podríamos decir que Holanda “se ha venido arriba” después de tumbar a la candidata española Nadia Calviño, y tras su visita a Berlín, Rute declaro “en los países del Sur «ya hemos oído muchas veces promesas de reforma, ahora hay que precisarlas»”, y siguiendo la misma línea, en un acta publicada el 10 de julio por el Parlamento holandés se ve bien la posición de su clase política. El nacionalista y populista Tony Van Dijk dijo: «Lo que España está haciendo ahora es lo típico, en cuanto tengan el botín dirán que va a revertir las reformas en el mercado laboral y en las pensiones (...) Acaba de crear un ingreso mínimo vital y dirán que, como no pueden aumentar su deuda, quieren que se lo regalemos (El Mundo 13-07-2020»

A la vista de esto, me asalta una duda …. Resulta que nos limitan los fondos (pedimos 500.000 millones de euros de ayudas, y nos conceden 140.000); Los condicionan (Nos condicionan la entrega de los fondos concedidos al cumplimiento de un estricto programa económico); Se incrementa nuestra aportación a la UE (Tenemos que aportar a los fondos comunitarios mas de 30.000 millones adicionales a los que se venían aportado); y se siguen quedando con parte de nuestros impuestos por el “dumping” fiscal ….  ¿Los aplausos no se los debería haber llevado el ministro holandés?

Una cosa es entender que, sin los fondos europeos, el gobierno de Sánchez no tenía ni la posibilidad de presentar un Presupuesto el próximo ejercicio 2021o (de ahí su alegría) y otra cosa diferente es pensar que este fondo va a servir para poder sacar a la economía española del “shock” en el que se encuentra, pues como hemos visto antes, arrastramos importantes problemas estructurales que la COVID lo único que ha hecho es intensificar.

Si queremos abordar la recuperación económica con ciertas garantías de éxito, tendremos que abordar estas reformas estructurales que, a buen seguro, tendrán un elevado coste social.

Como ejemplo de la condicionalidad en la utilización de los fondos europeos, podemos indicar que la Comisión Europea ha instado al Estado español a que tome medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Según Bruselas, las pensiones en España son insostenibles. Bruselas estima que la indexación de las pensiones puede incrementar en un 4% del PIB el gasto en esta partida para 2050, llegando en este año a un déficit de 100.000 millones.

El tema de las pensiones es una de las grandes reformas que tiene que acometer España, pues el sistema público de pensiones, que tan buenos resultados dio durante años, ya no da para más y, si queremos garantizar su sostenibilidad, tendremos que desarrollar los sistemas de prevención complementaria que es donde queda constatado el retraso de nuestro país en comparación con el resto de vecinos europeos y con los más desarrollados, de la OCDE.

Concretamente, en nuestro país, los incentivos fiscales para el ahorro privado suponen la mitad de los incentivos fiscales aplicados por nuestros vecinos de la UE (en media), pero si observamos algún caso concreto como es Holanda, los incentivos fiscales holandeses triplican a los españoles[v].

Esto significaría un cambio de modelo muy importante. En aquellos países con sistemas privados de pensiones fuertes, como Holanda, Suiza o el Reino Unido, los fondos de pensiones, con un valor superior al 100% del PIB, canalizan el ahorro privado y constituyen el principal proveedor de capital a la industria, a la vez que constituyen la parte fundamental de la tasa de sustitución del sistema; sin embargo, en España, no alcanzan siquiera el 10% del valor del PIB.

Además, en España, el rescate de los planes de pensiones no tiene ningún tipo de ventaja fiscal, entendida ésta como un tipo de tributación inferior a los rendimientos del trabajo como sí ocurre en otros países, existiendo solamente incentivos en el momento de la aportación, incentivos actualmente cuestionados[vi] y que esperamos, por lo menos, que queden como están pues, de lo contrario, sería un claro caso de doble imposición.

En cuanto a los incentivos respecto de las aportaciones, según Gonzalo Velarde, en un artículo publicado en “El Economista” del 30 de julio, en España este nivel de incentivo, respecto a las aportaciones realizadas, supone el 58% del total respecto a la media OCDE; la intensidad de este incentivo, de media es 40 puntos porcentuales menos.

Y, en lo que refiere a la UE, cuyo promedio es algo peor que el de la OCDE, el sistema de incentivos fiscales en España se sitúa en el 65% de la media europea. En cualquier caso, la distancia en relación con los países con mejores prácticas de incentivos fiscales de la OCDE y de la UE es muy superior, ya que Irlanda y Holanda están por encima del 170% de la media de la OCDE, lo cual es equivalente a un incentivo fiscal tres veces superior al de España.

Respecto a la reforma laboral, la Comisión europea vuelve a recordar que las reformas adoptadas en 2012-2013 jugaron un papel importante en la recuperación de los niveles de empleo. Por lo tanto, recomienda que "cualquier medida nueva solo se tome después de una evaluación cuidadosa de su impacto potencial y que se conserven los logros de las reformas anteriores".

En cuanto al tema impositivo, olvídense del mantra impositivo de “Robin Hood” (quitar a los ricos, para repartirlo entre los pobres), porque aquí vamos a pagar todos. Se da por hecho un incremento del IVA del 21% al 23% (Alemania lo ha incrementado recientemente del 16% al 19%), pues es la única manera de aumentar realmente la recaudación, pero se debe tener en cuenta, que, si bien el IVA es el impuesto que más recauda, ante una crisis con importante contracción de la demanda, el incremento de los tipos puede diluirse con la disminución de las operaciones.

La eficacia del incremento de la presión tributaria en épocas de crisis es más que cuestionable. La recesión provocada por la crisis inmobiliaria y financiera de 2008 demostró que el aumento de la presión fiscal no sirvió para aumentar la recaudación por encima de lo ingresado en 2007. El Estado tardó 10 años en recuperar el nivel de sus ingresos, a pesar del incremento de la presión fiscal.

Es muy posible que, para cumplir sus objetivos recaudatorios, el Ejecutivo recurra, no solo al incremento de tipos y utilice toda la artillería del programa electoral de sus socios de gobierno, en línea con los comentarios realizados recientemente por la AIREF en su informe sobre evaluación del gasto público, donde advierte de la existencia de pozos de ineficacia en torno a exenciones[vii], bonificaciones y desgravaciones tributarias, al menos, por valor de 6.000 millones de euros.

Lamentablemente, las recomendaciones de los expertos van en sentido contrario. El Consejo General de Economistas de España, a través de un comunicado, ha realizado una serie de propuestas de urgencia, que constituyen una primera exploración de medidas de carácter eminentemente técnico, agrupadas en base a algunas de las principales áreas de trabajo de los economistas: mercantil-concursal, fiscal, laboral, financiero y cuestiones transversales, del que podemos extraer algunos apartados que nos han parecido de gran trascendencia:

• Que las ayudas y subsidios percibidos como consecuencia del Covid-19 sean declaradas exentas. Según la legislación actual en muchos casos, como en las prestaciones de los ERTE, las subvenciones de los gastos e intereses en los préstamos ICO, etc., estarían sometidas a gravamen en el IRPF.
• Generar nuevas deducciones para las empresas y que, dentro la crisis, puedan compensar los gastos extra a los que ha obligado el coronavirus, como pueden las inversiones para facilitar el teletrabajo o la adaptación de sus instalaciones a la nueva normalidad.
• También ponen sobre la mesa estimular la creación de empleo mediante una deducción proporcional al incremento de plantilla que registre la empresa (un importe multiplicado por cada trabajador año con contrato indefinido) entre marzo de este año y el mismo mes de 2021.
• Apuestan por premiar las donaciones materiales, sociales y monetarias de las empresas en esta crisis. Así, postulan una deducción de, entre el 50% o el 100% de estas contribuciones, aplicándolas en 2021.
• Ampliación de la Reserva de Nivelación.
• Libertad de amortización.
• Incremento del limite deducible de los gastos financieros.
• Ante el previsible incremento de los “impagos”, reducir de 6 a 3 meses el plazo de tiempo que tiene que transcurrir, desde el vencimiento de la obligación al final de ejercicio, para que el importe no satisfecho del crédito sea deducible –artículo 13.1.a) LIS.
• Recuperación de cuotas de IVA repercutidas y no cobradas. Flexibilizar las condiciones y acelerar la recuperación de las cuotas de IVA repercutidas y no cobradas. Por ello, proponen modificar el artículo 80.Cuatro de la LIVA, en el sentido de rebajar los plazos para poder reducir la base imponible que, con la redacción vigente, son de 1 año de 6 meses para grandes empresas y pymes, respectivamente.
• IBI: Establecer una reducción en el IBI de 2020 de todos los locales afectos a las mismas.
• En el ámbito concursal, ante la avalancha de posibles insolvencias:

§  Mejorar la eficiencia en la organización y desempeño de juzgados y tribunales con criterios empresariales.

§  Procedimientos específicos para pymes, micro pymes y autónomos.

§  Implantar y utilizar todas las herramientas tecnológicas para el desempeño de la administración concursal (LextNET, videoconferencia, y otros sistemas electrónicos validos).

§  Urgente trasposición de la Directiva de Insolvencias.

§  Impulso de los procedimientos de 2ª Oportunidad e inclusión en los mismos del crédito público.

§  Desarrollo del “concurso exprés” para determinado tipo de Pymes

§  Impulso de la mediación mercantil, societaria y, especialmente, concursal.

• Flexibilización de las condiciones de préstamos y créditos, en vigor o nuevos, para aquellas pymes y autónomos afectados por el COVID-19, ampliando la moratoria en la devolución de los préstamos –sean o no hipotecarios–, así como ampliando el período de amortización, con objeto de reducir el importe de las amortizaciones de estos.
• Potenciación de mecanismos de inversión como “Venture Capital”, “Business Angels, así como otras fórmulas de financiación colectiva como el “crowdlending” o crowdfunding, así como cualquier forma de capital riesgo.
• Creación de un Macro Fondo de Gestión Pública-Privada de aportaciones tanto de los ciudadanos (ahorro) y de los entes públicos, con desgravación fiscal para los ciudadanos, cuyo objeto sea destinarlo a capitalizar o ayudar a las empresas –especialmente a las pymes–.
• Establecer un procedimiento de urgencia, de tal forma que todas las deudas públicas del Estado con proveedores de bienes y servicios que sean pymes y autónomos se paguen de inmediato (desde Ayuntamientos, CCAA, Estado y empresas públicas); así como agilizar el pago de ayudas y subvenciones de manera inmediata, sin alargar los trámites burocráticos, formales, de aquellas que están ya concedidas. Facilitar también la aprobación de un mecanismo de compensación inmediato a pymes y autónomos, entre sus deudas fiscales y deudas de la Administración Pública con estas.

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En resumen, es muy importante no desincentivar el consumo y la inversión, por lo que habría que ser muy cautos con el IRPF y el Impuesto de Sociedades, creando una serie de incentivos a la inversión, ahorro y el emprendimiento, no solo para los agentes económicos nacionales, si no también para los foráneos, para intentar recuperar la inversión extrajera que se ha perdido en los últimos años.

Pero se nos olvida un tema muy importante, la mejor manera de obtener recursos, es no gastando o mejor dicho gastando eficientemente

En la situación actual la mejor forma de obtener recursos para financiar la recuperación es aplicar una rigurosa política presupuestaria, revisando todas las partidas y eliminando todas aquellas que no sean absolutamente necesarias y que estén ligadas a la “recuperación”.

Créanme, en este aspecto tenemos un gran margen, y lo mismo podemos tener la sorpresa de que, si se eliminan partidas superfluas, se reduce el número de Ministerios, Direcciones Generales y organismos creados “ad hoc” en beneficio de amigos y simpatizantes, es posible que no fueran tan necesarios los fondos europeos.

Pongamos un ejemplo, según el informe del Instituto de Estudios Económicos “La eficacia del gasto publico en España” presentado por su Presidente Iñigo de Fernández de la Mesa), si situamos el coste de servicios públicos en los niveles medios de la OCDE, se podría obtener un ahorro del 14% sobre el montante total del Gasto Publico y, si consideramos que el Gasto Publico en España para el ejercicio 2019 fue de 521.949 millones de euros (41,9% del PIB), con el 14% ya tendríamos 73.000 millones, cantidad equivalente a los prestamos condicionados de la UE, sin necesidad de deberle nada a nadie.

Y, por último, tampoco se le puede escapar al Presidente del Gobierno, que la seriedad y rigor económico de las medidas a tomar, necesitan de una credibilidad de cara a los inversores y mercados, tanto nacionales como extranjeros, muy difíciles de alcanzar con mensajes como los enviado por el Vicepresidente Primero en su entrevista del pasado 8 de mayo en el “Financial Times”, cuando habló de la “Nueva Europa”, la necesidad de “mutualizar la deuda”,  la creación de la “renta mínima ciudadana” y la advertencia de que Europa no sobrevira si no cambia de rumbo.

Estas declaraciones sonaron a una amenaza, parecida a la que planteó el exministro de finanzas griego, Yanis Varoufakis, hace diez años durante la crisis financiera e irritaron a técnicos y políticos activos en Bruselas y acabaron como todos ya conocen.

Los departamentos económicos del Gobierno de Sánchez saben que la Comisión no admitirá medias tintas en las reformas estructurales (pensiones y trabajo). En definitiva, creen que Bruselas exigirá reformas y orden, y no tolerará brotes de rebeldía y, mucho menos, entrar en debate sobre los ejes de la filosofía económica de la UE, como propone el Vicepresidente Primero.

Si, a todo esto, le añadimos la pérdida de confianza de Sánchez entre sus homólogos europeos, todo nos lleva a pensar que el presidente Sánchez va a tener que replantearse los términos de su alianza con el partido morado en los próximos meses.

 

Ciertamente, el acuerdo puede ser valorado positivamente porque es la primera vez que Europa pone en marcha un fondo común de estas características, pero lo cierto es que las cantidades son muy inferiores a las necesidades reales y, además, las reformas que va exigir Europa van a exigir un gran sacrificio por parte de los ciudadanos; pero más allá de todo esto, este acuerdo supone un respiro para un Gobierno que, hasta hace poco, no podía ni sacar adelante un Presupuesto en el cuadrasen las cuentas públicas.

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[i] La mayor caída trimestral en la serie histórica que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que arranca en 1970.

[ii] Dice el diccionario de la RAE que frugal se refiere a “parco en comer y beber”. Hemos pasado del cuento de la austeridad al de la frugalidad, de la reivindicación de la vida austera al de la comida austera.

[iii] Este recurso legal de Bruselas, el artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), permitiría el respaldo de una mayoría calificada de los 27 Estados miembros de la UE, en lugar del apoyo unánime de todos los países, para sortear el veto de países como Irlanda, Holanda o Luxemburgo, por ejemplo.

[iv] España tendrá que presentar planes de inversiones y reformas que habrán de ser aprobados por una mayoría cualificada del consejo (al menos 15 estados) y el desembolso se hará conforme se vaya respetando el desarrollo de los planes. Además, y a petición de Holanda, si uno o varios miembros consideran que hay incumplimiento, podrá activar el “freno de emergencia” y paralizar las ayudas hasta abordar el tema en una reunión de los líderes comunitarios.

[v] Esta es una de las principales conclusiones que recoge el informe sobre El marco fiscal de los planes de pensiones publicado este miércoles por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y que da cuenta de la coyuntura de la fiscalidad del ahorro.

[vi] La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha lanzado un mensaje claro a la Administración en su informe sobre evaluación del gasto público donde advierte de la existencia de pozos de ineficacia en torno a exenciones, bonificaciones y desgravaciones tributarias, al menos por valor de 6.000 millones de euros. Es decir, según el organismo auditor un 20% de los incentivos fiscales que otorga el Estado y que han sido analizados en la presentación segunda fase del Spending Review. (El Economista 24/07/2020)

[vii] La AIReF sitúa como no concluyente la existencia de exenciones del IVA para los servicios de sanidad y educación, con un coste de 3.457 millones de euros. Así, con el objetivo de Reducir los precios para facilitar el acceso a educación y sanidad, y descongestionar el sistema público, el estudio asegura que, de levantarse la exención, el mayor ingreso obtenido por el Estado en concepto de IVA podría ser compensado por un mayor coste de la provisión del servicio por el sistema público.

En el IRPF la AIReF pone el foco en la deducción por donaciones, cuyo coste asciende a 469 millones de euros. Consistente en la exención del 75% de la donación para los 150 primeros euros y del 30% para el resto se pretende fomentar la financiación del tercer sector, el cumplimiento del objetivo resulta no concluyente ya que no se identifica relación de causalidad directa entre el beneficio fiscal y el avance reciente de las donaciones, si bien el análisis a través de encuestas a nivel europeo pone de manifiesto que el incentivo fiscal es uno de los cinco factores principales que influyen positivamente en la decisión de realizar donaciones.