29-10-2020
Economista - Administrador Concursal
A VUELTAS CON LAS EMPRESAS ZOMBIS, LAS PÓCIMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN DE DARWIN
Como ya predecíamos en el pasado mes de julio, las empresas zombis siguen creciendo y las pócimas mágicas del Gobierno, lamentablemente, no están funcionando, tal como indica Cristina Alonso en un magnífico artículo de “La Información” de 12-10-2020.
¡Bueno! No diría yo tanto. Si bien es cierto que España es el país que más ha utilizado “el aval público” para los préstamos a empresas afectadas por el Covid-19, como destaca el BCE (Banco Central Europeo) en su informe del 24/09/2020 (“Expansión Económica” de 25/09/2020), también es cierto que, como destaca el mencionado informe, mientras que el importe total de los préstamos garantizados ascendió a cerca de 95.000 millones de euros (entre abril y julio pasados), los flujos netos de crédito en el mismo periodo solo se elevaban a 35.000 millones, es decir que, en España, los créditos garantizados no se han utilizado para aumentar la liquidez de las empresas, sino para renovar los créditos ya existentes.
¿Qué quiere decir esto? Pues que, en gran medida, los bancos han utilizado el aval del Estado para sanear sus balances, renovando bajo la fórmula de créditos ICO muchas de las operaciones existentes en las que antes soportaban el 100% del riesgo de impago y, ahora, mediante los avales ICO, es el Estado quien soporta la mayor parte del riesgo.
En el caso de autónomos y pyme, el aval garantizará el 80% del principal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones. Para el resto de las empresas, que no tengan la consideración de pyme, el aval cubrirá el 70% en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones.
Supongamos una Pyme, que tiene contratada con una entidad financiera una póliza de crédito a un año por 100.000 euros, y que la va renovando anualmente desde hace más de 10 años. Mediante esta operativa, se le renueva a 3 años con un aval ICO por el 80% de la operación, es decir, si existe impago, el Estado cubrirá 80.000 de los 100.000 euros y el banco solo cubriría los 20.000 euros restantes.
Pensemos en cualquier director de oficina bancaria, que tiene como clientes algunas Pyme, las cuales ya empiezan a estar un poco “tocadas” por los efectos del Covid-19 y que les vencen las líneas de crédito dentro de poco.
No se nos olvide que las oficinas bancarias son las que mejor conocen a sus clientes y sus negocios, pues la “banca de proximidad” es una de las principales virtudes que tenía el sistema crediticio español.
Así, que el director de la oficina se encuentra en una disyuntiva porque, por un lado, no quiere dejar a clientes de toda la vida en la estacada, entre otras cosas, porque le baja la cifra de inversión y muy posiblemente eso afectará a su “bonus”, pero, por otro lado, conociendo la posible evolución de la empresa, no cree que pueda pasar un riguroso control del Departamento de Riesgos y, en cualquier caso, no le ilusiona tampoco encontrarse con un fallido dentro de un año.
¡La solución! Se formaliza la renovación mediante un crédito ICO y se pide al cliente que avale la parte no cubierta.
¿Piensen que es posible que parte de los 95.000 millones formalizados en créditos ICO entre abril y julio pasado puedan estar en las circunstancias anteriores? ¡Dejemos la pregunta en el aire!
El Banco de España ha alertado de que, aproximadamente, una cuarta parte de las compañías está en situación de quiebra técnica, y más recientemente ha estimado que el 16,6% de las empresas tienen una deuda neta superior al doble de su patrimonio, por lo que podríamos afirmar que ya 1 de cada 5 de nuestras empresas es lo que hemos convenido en llamar una empresa zombi.
En este contexto, la economista senior de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), María Jesús Fernández, estima que el porcentaje de empresas en posible riesgo de zombificación o desaparición se sitúa en estos momentos en una horquilla entre el 17% y el 25%. Esta previsión puede verse desagregada por tamaño y sector en los siguientes gráficos cuya fuente es el Banco de España:
Tanto en la comparación deuda con
patrimonio, como en el caso de patrimonio neto negativo, estamos hablando de una
quiebra técnica de más de un 20% de las Pyme y los sectores mas perjudicados
serian el de hostelería y restauración con más de un 40% de quiebras técnicas,
y el de vehículos a motor con mas de un 30%, en el escenario más desfavorable.
En cuanto a las pócimas para la recuperación
El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que las medidas de apoyo de Política Económica para luchar contra los efectos negativos de la COVID-19, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) avalados con fondos públicos, siguen siendo esenciales a corto plazo y, en particular, para los sectores más afectados por la pandemia.
En este sentido, apuesta por la continuidad de las medidas de mantenimiento de rentas y apoyo a la liquidez, de manera focalizada y flexible, hasta que la recuperación se encuentre firmemente encarrilada.
La Comisión Europea, por su parte, también ha bendecido esta estrategia del Gobierno español para remediar el estrés de liquidez de las empresas y aliviar las tensiones de rentas.
¿Se tienen que mantener esos apoyos a todas las empresas o solo a aquellas que sean viables?
La clave, en nuestra opinión, está en ampliar las medidas sin zombificar el tejido empresarial, dirigiendo los recursos hacia las empresas viables. Para ello, resulta fundamental un análisis pormenorizado de la situación particular de cada compañía.
En línea con lo comentado anteriormente, la mencionada economista María Jesús Fernández comenta que: "Es posible que hasta ahora los bancos hayan tenido manga ancha a la hora de conceder estos créditos …”. Se trata, en definitiva, de evitar a toda costa que las entidades financieras se conviertan en cooperadoras necesarias de la zombificación de la economía, debiendo revaluar la solicitud de las próximas renovaciones, canalizando el crédito hacia las empresas viables, dejando morir a las inviables, pues mantener su agonía solo puede arrastrar, como un efecto dominó, a las empresas que todavía tienen posibilidad de salvarse.
En esta misma línea, el economista Javier Santacruz, pone el foco en los ERTE para advertir de que, la limitada capacidad de la Administración a la hora de analizar en detalle si cada empresa solicitante es viable o no, hace que se estén tomando medidas indiscriminadas.
Llegados a este punto, el problema es que es en las entidades crediticias, descansa toda la responsabilidad en determinar que empresas son viables y cuáles no, pues bien si estas entidades tienen unos magníficos departamentos de riesgos, no es menos cierto que, como hemos visto antes, en muchos supuestos, son “parte interesada”, lo cual sería como poner al zorro a guardar el gallinero.
Puestos a buscar soluciones imaginativas, pensemos que la Agencia Tributaria, AEAT, tiene un magnifico plantel de técnicos, acostumbrados a revisar y evaluar todo tipo de negocios y empresas y, además, la AEAT dispone de la mayor base de datos de las actividades económicas, con conexión directa al Registro Mercantil. ….
¿Sería muy complicado entonces que un cuerpo especializado y entrenado como el de los técnicos e inspectores de Hacienda revisara e informara los expedientes gestionados por los bancos, antes de enviárselos al ICO para su tramitación?
Yo creo que, con los adelantos técnicos en el trabajo remoto que se ha implantado, como consecuencia de la pandemia, no sería muy difícil, complicado, ni costoso la implantación de un modelo de este tipo.
Prohibir los despidos no va a ayudar a las empresas solventes a salir de las crisis.
En esta línea, el citado economista Santacruz pone el énfasis en la necesaria modernización de las herramientas del Estado, para hacer en cada caso un análisis pormenorizado de la situación de cada empresa y, con ello, determinar si necesita acogerse a una congelación de su capital humano o, por el contrario, debe ser forzada a ajustar plantilla y, por tanto, a sobrevivir o desaparecer.
En este contexto, añade, "medidas como prohibir los despidos durante seis meses no ayudan a clarificar la solvencia o insolvencia de una empresa[i]".
Tampoco la imposibilidad de solicitar un concurso necesario va a ayudar mucho.
El Consejo General de Economistas de España (CGE) ha dado también la voz de alarma, tras la moratoria y las limitaciones de la actividad judicial, al anunciar que “se prevé una avalancha de insolvencias empresariales, con un alza de más del 40% en 2021”.
El CGE recomienda que cada empresa realice un análisis de la situación económica de cada empresa y, en función de la misma, acudir a mecanismos de refinanciación y reestructuración, así como de mediación concursal y segunda oportunidad.
En cualquier caso, desde el CGE se alerta del riesgo de colapso de los juzgados, ante el aluvión de concursos que se esperan desde el último trimestre de 2020 (jurídicamente, será desde el primer trimestre de 2021), tras el fin de la moratoria.
Por su parte, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha apuntado que la clave de bóveda de la estrategia gubernamental ante este escenario debería ser la reforma de la Ley Concursal para agilizar los procesos de reestructuración empresarial tras la quiebra.
En conclusión
Como bien advertía el Banco de España desde que se dejó atrás el pico de la pandemia: las políticas económicas deben reorientarse hacia proyectos empresariales viables para facilitar una salida ordenada del mercado de aquellos a los que la crisis ha ocasionado daños permanentes de difícil resolución o que, incluso, estaban 'tocados' desde antes.
O, en palabras del famoso científico Charles Robert Darwin:
No es el más fuerte ni el más inteligente
el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Charles Darwin.
[i] Se refiere a la cláusula de salvaguarda que obliga a los empresarios a mantener intactas sus plantillas durante seis meses tras el ERTE y que tantos dolores de cabeza está provocando a la patronal, incapaz hasta ahora de convencer a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que levante ese veto.
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