27-08-2026
Administrador Concursal
Experto en Reestructuración e Insolvencia
Fundador de No Más Endeudamiento
Casi 500 autónomos con empleados echan el cierre cada día: ¿qué pasa con sus deudas después?
El deterioro del pequeño tejido
empresarial español está dejando una realidad que va mucho más allá de las
estadísticas: miles de autónomos cierran o dejan de tener trabajadores después
de años intentando mantener su negocio. El problema es que cerrar la puerta del
negocio no significa cerrar también la puerta de las deudas.
42.500 autónomos con empleados menos en solo
tres meses
Los datos publicados por Expansión el 30 de julio de 2026, a
partir de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística
(INE), deberían hacernos reflexionar.
Durante el segundo trimestre de 2026, 42.500 autónomos con
empleados a su cargo dejaron de tenerlos, hasta situarse el colectivo en
933.100 personas.
La cifra equivale a casi 500 autónomos empleadores menos cada día.
Y hay otro dato especialmente significativo: según la información
publicada, el 99% de la caída total de autónomos registrada durante el
trimestre correspondió precisamente a autónomos con trabajadores a su cargo.
No estamos hablando, por tanto, únicamente de personas que deciden
abandonar el trabajo por cuenta propia. Estamos hablando de pequeños
empresarios que generaban empleo.
La evolución resulta todavía más significativa si ampliamos la
perspectiva. En el tercer trimestre de 2023 había aproximadamente 1.032.700
autónomos con empleados. En el segundo trimestre de 2026 quedan 933.100.
Son casi 100.000 menos.
Fuente: Expansión, 30 de julio de 2026, “Casi 500 autónomos con
empleados a cargo echan el cierre cada día”, a partir de datos de la Encuesta
de Población Activa (INE).
Detrás de cada cierre hay una persona
Las estadísticas tienen un problema: convierten situaciones personales
muy complejas en números.
Cuando hablamos de 42.500 autónomos no hablamos de 42.500 expedientes.
Hablamos del propietario de un pequeño comercio, del profesional que
montó un despacho, del transportista que compró un vehículo para trabajar, del
dueño de un restaurante, del instalador que contrató a dos trabajadores o de
quien creó una pequeña empresa familiar.
Y en muchas ocasiones el cierre llega después de haber intentado todo
lo posible para evitarlo.
Primero se reducen los márgenes.
Después se utiliza la póliza de crédito.
Luego llega el préstamo.
Quizá se refinancia la deuda.
Se aplazan impuestos.
Se utiliza la tarjeta.
Y, en algunos casos, el empresario termina avalando personalmente
financiación concedida a su propia sociedad.
El negocio finalmente cierra.
Pero las deudas permanecen.
Y ese es el verdadero problema.
Cerrar un negocio no significa cancelar sus
deudas
Existe todavía una percepción equivocada sobre lo que sucede cuando
fracasa una actividad empresarial.
Cerrar no hace desaparecer las obligaciones económicas.
Para un autónomo, además, la separación entre patrimonio empresarial y
patrimonio personal prácticamente no existe: responde de las deudas de su
actividad con su patrimonio presente y futuro, salvo las excepciones
legalmente previstas.
Y cuando la actividad se desarrolla mediante una sociedad mercantil,
tampoco significa necesariamente que el problema termine con la sociedad.
Puede haber:
- avales
personales a préstamos bancarios;
- garantías
sobre financiación ICO;
- deudas
tributarias o con la Seguridad Social;
- derivaciones
de responsabilidad;
- préstamos
personales utilizados para financiar el negocio;
- tarjetas
y créditos rápidos empleados para obtener liquidez;
- deudas
con proveedores personalmente garantizadas.
Por eso encontramos empresarios cuyo negocio dejó de existir hace años pero que continúan arrastrando las consecuencias económicas de aquel fracaso.
El problema de intentar salvar lo que ya no es
viable
Existe además un comportamiento profundamente humano que puede agravar
el problema.
Los empresarios normalmente no cierran demasiado pronto. Muchas veces
cierran demasiado tarde.
Quien ha creado una empresa, contratado trabajadores y dedicado años a
levantar un negocio difícilmente acepta de un día para otro que el proyecto ha
dejado de ser viable.
Intenta salvarlo.
Y es comprensible.
El problema aparece cuando para ganar tiempo se empieza a sustituir
una deuda por otra.
Un préstamo paga una póliza.
Una tarjeta paga un proveedor.
Un crédito rápido permite pagar una nómina.
Y la financiación que inicialmente pretendía solucionar un problema
temporal termina convirtiéndose en una espiral de endeudamiento.
Por eso, ante dificultades económicas, una de las decisiones más
importantes no consiste en preguntarse únicamente:
“¿Cómo consigo más financiación?”
Hay otra pregunta mucho más incómoda, pero muchas veces más
importante:
“¿Mi negocio sigue siendo económicamente viable?”
Cuando el negocio ya ha cerrado, todavía
existe una salida
Precisamente para estas situaciones existe la Ley de Segunda
Oportunidad.
Su finalidad no consiste en premiar la irresponsabilidad ni en
convertir el impago en una alternativa voluntaria al cumplimiento de las
obligaciones.
Su finalidad es mucho más razonable económica y socialmente:
permitir que una persona de buena fe que ha sufrido una insolvencia
pueda volver a empezar.
La Segunda Oportunidad permite, cuando se cumplen los requisitos
legales, obtener la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, la
cancelación de una parte muy importante de las deudas que la persona ya no
puede pagar.
Cada caso, naturalmente, debe estudiarse individualmente.
Hay que analizar el origen de las deudas, la existencia de patrimonio,
posibles garantías y avales, el crédito público, la actuación previa del deudor
y los restantes requisitos establecidos por la legislación concursal.
Pero lo importante es conocer que el cierre de un negocio no tiene
por qué convertirse en una condena económica de por vida.
Una segunda oportunidad también beneficia a la
economía
A veces se presenta la Segunda Oportunidad como una confrontación
entre acreedor y deudor.
Creo que esa visión es demasiado simple.
Una persona atrapada durante años en una deuda que objetivamente nunca
podrá devolver tiene pocos incentivos para emprender, invertir, generar
patrimonio o incluso declarar plenamente sus ingresos.
El resultado puede ser exactamente el contrario del que interesa a la
sociedad: expulsarla parcialmente del sistema económico.
La exoneración permite que vuelva a consumir, ahorrar, trabajar,
emprender y pagar impuestos.
Por eso la Segunda Oportunidad no es simplemente una institución
jurídica.
Es también un mecanismo de recuperación económica.
Y no es una peculiaridad española. Nuestro actual sistema se encuentra
profundamente condicionado por la Directiva (UE) 2019/1023, que parte
precisamente de la necesidad de que los empresarios insolventes de buena fe
puedan acceder a procedimientos que permitan alcanzar una plena exoneración de
sus deudas.
Mi reflexión
Cuando leemos que casi 500 autónomos con empleados dejan de serlo
cada día, podemos quedarnos con la estadística.
O podemos preguntarnos qué sucede al día siguiente.
¿Qué ocurre con quien ha cerrado después de diez o veinte años
trabajando?
¿Qué pasa con los préstamos, los avales, Hacienda, Seguridad Social o
las tarjetas utilizadas para intentar mantener vivo el negocio?
Ahí comienza otra parte de la historia de la que se habla mucho menos.
Fracasar empresarialmente no convierte a nadie en un fracasado.
El verdadero fracaso de un sistema económico sería impedir que quien
actuó de buena fe pueda levantarse, volver a trabajar, emprender y generar
riqueza.
Para eso existe la Segunda Oportunidad.
No para borrar irresponsabilidades.
Para evitar que un fracaso empresarial razonable se convierta en una
deuda para toda la vida.
Fuente y referencias
- Expansión, 30
de julio de 2026: “Casi 500 autónomos con empleados a cargo echan el
cierre cada día”, con datos de la Encuesta de Población Activa del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
- Texto
Refundido de la Ley Concursal, régimen de exoneración del pasivo
insatisfecho.
- Directiva
(UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de
2019.
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