DOMINGO CARBAJO VASCO
Economista y Abogado
Licenciado en Ciencias Políticas.
Inspector de Hacienda del Estado. Delegación Central de Grandes ContribuyentesÚLTIMAS MODIFICACIONES EN LA FISCALIDAD DE LOS ARTISTAS (2)
Entre un elenco de medidas de
diferente naturaleza, incluyendo cuestiones de carácter social y de
cotizaciones de la Seguridad Social, derivadas de un non nato “Estatuto del
artista”, denominación rimbombante, carente, por otro lado, de cualquier rigor
jurídico; nos encontramos con disposiciones de carácter fiscal dirigidas a
mejorar la situación de los artistas del espectáculo y profesiones conexas,
grupo de poder de indudable capacidad de presión, al detentar en sus manos la
difusión de la “cultura”. Nos referimos al Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de
diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación
artística y la cinematografía (“Boletín Oficial del Estado” de 29).
Como indica la Exposición de
Motivos del Real Decreto-ley:
“El informe aprobado por el Congreso de los Diputados demanda
que el Gobierno apruebe medidas de urgencia sobre la creación artística, con el
objetivo de mejorar las condiciones laborales de los creadores españoles. Las
medidas se centran en los tres principales problemas que los representantes de
la cultura trasladaron a la Subcomisión: la fiscalidad del sector; la
protección laboral y de Seguridad Social; y la compatibilidad entre
prestaciones por jubilación e ingresos por derechos de autor”
Hay que tomar en consideración
que las medidas incluidas en el Decreto-Ley, no sólo afectan al “artista”,
persona física, sino como se encarga de señalar, asimismo, la Exposición de
Motivos:
“En consecuencia, las medidas propuestas en esta norma que
recogen recomendaciones del informe, pretenden incluir a todas las personas,
actividades y procesos intermedios que participan en la creación cultural, de
forma que estas medidas sirvan para mejorar las condiciones de todos los
profesionales de la cultura, independientemente de su localización territorial,
sector o convenio colectivo que les sea aplicable.”
Y como señala el informe de la
Subcomisión, «se apuesta por
que las diferentes personas, actividades y momentos del proceso cultural entren
en esta propuesta normativa: quien crea la obra y para hacerlo debe formarse e
investigar, quien diseña el escenario, quien lo ilumina, quien escribe la
música y quien la ejecuta, quien la promueve, quien ilustra un poema y quien lo
recita, quien comisaría el conjunto, quien lo hace llegar al público y, en
general, quien sostiene o gestiona todo el proceso con su trabajo visible,
invisible o ambos a la vez. Todas estas personas son indispensables para
disfrutar de una obra de teatro, una exposición, un libro, una pintura, una
fotografía, una película, una ópera o un concierto. Sin ellas nadie pagaría el
precio de la entrada, la suscripción, el libro o la obra de que se trate.»
En conclusión, con las propuestas del informe que se
recogen en esta norma, se pretende mejorar las condiciones de todos los
trabajadores de la cultura….
Entre las disposiciones de
carácter tributario tenemos las siguientes:
- En el ámbito tributario, se modifica en primer lugar, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para reducir el porcentaje de retención e ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos de capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor, del 19 al 15 por ciento[1].
- Por lo que respecta a la regulación proyectada en relación con el tipo impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a los servicios prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos que sean personas físicas, se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, a fin de aplicar el tipo reducido a los servicios prestados por personas físicas en calidad de intérpretes, artistas, directores y técnicos a los productores y organizadores de obras y espectáculos culturales, recuperando la aplicación del tipo reducido del Impuesto a estos servicios esenciales de la industria cultural, que habían pasado a tributar al tipo impositivo general del 21 por ciento en el año 2012.
- En materia del Impuesto sobre Sociedades, se plantean novedades para la deducción[2] en inversiones cinematográficas, artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de diciembre, para los gastos realizados en territorio español para la ejecución de una producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada.
Pero los cambios no se limitan al
ámbito tributario. También la Seguridad Social se ve afectada mediante el Real
Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la
pensión contributiva de jubilación y la actividad de creación artística, en
desarrollo de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28
de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación
artística y la cinematografía.
El efecto de este RD es muy importante “La
compatibilidad de pensiones y percepción de derechos de autor”
[1] En Ceuta
y Melilla, ese porcentaje se reducirá un 60%, es decir, este porcentaje se
reducirá en un 60 por ciento cuando se trate de rendimientos que tengan derecho
a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley procedentes
de las sociedades a que se refiere la letra h) del número 3.º del citado
artículo.
[2] Según
esta norma, la cinematografía y las artes audiovisuales constituyen un sector
de importancia estratégica en España que goza de incentivos fiscales regulados
en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Las
obligaciones impuestas a los productores que se acogieran a este incentivo
fiscal pueden tener consecuencias indeseadas sobre proyectos de rodaje en curso
en España que afectarían a nuestra política cultural del cine y las artes
audiovisuales y que suponen un riesgo cierto para la efectiva realización de
producciones extranjeras en España, pudiendo provocar un efecto expulsión de
los rodajes en España y de la consiguiente contratación de servicios, de los
cuales el coste asumido por productores españoles en relación con la producción
española es objeto de la deducción regulada en la Ley del Impuesto. Por esta
razón resulta imprescindible derogar tales obligaciones con efectos para el
período impositivo 2018.
No obstante lo anterior, se incorpora un reenvío
reglamentario para el establecimiento de las obligaciones que se considere que
deben asumir los productores que se acojan a este incentivo fiscal, que
resulten proporcionadas y ajustadas a esta deducción.