29-10-2020
Ángel Luis Vázquez
Economista - Administrador Concursal
A VUELTAS CON LAS EMPRESAS ZOMBIS, LAS PÓCIMAS
PARA LA RECUPERACIÓN Y LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN DE DARWIN
Como ya predecíamos en el pasado
mes de julio, las empresas zombis siguen creciendo y las pócimas mágicas del Gobierno,
lamentablemente, no están funcionando, tal como indica Cristina Alonso en un
magnífico artículo de “La
Información” de 12-10-2020.
(Imagen “El Economista”
24/12/2019)
EMPRESA ZOMBI. Dícese de aquella compañía con beneficio insuficiente para cubrir sus propios gastos financieros. A grandes rasgos, no es viable, es un 'muerto viviente' que incurre en pérdidas de manera sistemática y afronta serios problemas de solvencia, y que consigue mantenerse en pie, gracias a los bancos y a las ayudas públicas.
¡Bueno! No diría yo tanto. Si bien
es cierto que España es el país que más ha utilizado “el aval público” para los
préstamos a empresas afectadas por el Covid-19, como destaca el BCE (Banco
Central Europeo) en su informe del 24/09/2020 (“Expansión Económica” de
25/09/2020), también es cierto que, como destaca el mencionado informe,
mientras que el importe total de los préstamos garantizados ascendió a cerca de
95.000 millones de euros (entre abril y julio pasados), los flujos netos de
crédito en el mismo periodo solo se elevaban a 35.000 millones, es decir que, en España,
los créditos garantizados no se han utilizado para aumentar la liquidez de las
empresas, sino para renovar los créditos ya existentes.
¿Qué quiere decir esto? Pues que,
en gran medida, los bancos han utilizado el aval del Estado para sanear sus
balances, renovando bajo la fórmula de créditos ICO muchas de las operaciones
existentes en las que antes soportaban el 100% del riesgo de impago y, ahora,
mediante los avales ICO, es el Estado quien soporta la mayor parte del riesgo.
En el caso de autónomos y pyme,
el aval garantizará el 80% del principal de las nuevas operaciones de
financiación y de las renovaciones. Para el resto de las empresas, que no
tengan la consideración de pyme, el aval cubrirá el 70% en el caso de nuevas
operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones.
Supongamos una Pyme, que tiene
contratada con una entidad financiera una póliza de crédito a un año por
100.000 euros, y que la va renovando anualmente desde hace más de 10 años.
Mediante esta operativa, se le renueva a 3 años con un aval ICO por el 80% de la
operación, es decir, si existe impago, el Estado cubrirá 80.000 de los 100.000
euros y el banco solo cubriría los 20.000 euros restantes.
Pensemos en cualquier director de
oficina bancaria, que tiene como clientes algunas Pyme, las cuales ya empiezan
a estar un poco “tocadas” por los efectos del Covid-19 y que les vencen las
líneas de crédito dentro de poco.
No se nos olvide que las oficinas
bancarias son las que mejor conocen a sus clientes y sus negocios, pues la
“banca de proximidad” es una de las principales virtudes que tenía el sistema
crediticio español.
Así, que el director de la
oficina se encuentra en una disyuntiva porque, por un lado, no quiere dejar a
clientes de toda la vida en la estacada, entre otras cosas, porque le baja la
cifra de inversión y muy posiblemente eso afectará a su “bonus”, pero, por otro
lado, conociendo la posible evolución de la empresa, no cree que pueda pasar un
riguroso control del Departamento de Riesgos y, en cualquier caso, no le ilusiona
tampoco encontrarse con un fallido dentro de un año.
¡La solución! Se formaliza la
renovación mediante un crédito ICO y se pide al cliente que avale la parte no
cubierta.
¿Piensen que es posible que parte de
los 95.000 millones formalizados en créditos ICO entre abril y julio pasado
puedan estar en las circunstancias anteriores? ¡Dejemos la pregunta en el aire!
El Banco
de España ha alertado de que, aproximadamente, una cuarta parte de las
compañías está en situación de quiebra técnica, y más recientemente ha estimado
que el 16,6% de las empresas tienen una deuda neta superior al doble de su
patrimonio, por lo que podríamos afirmar que ya 1 de cada 5 de nuestras
empresas es lo que hemos convenido en llamar una empresa zombi.
En este contexto, la economista
senior de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), María Jesús Fernández,
estima que el porcentaje de empresas en posible riesgo de zombificación o
desaparición se sitúa en estos momentos en una horquilla entre el 17% y el 25%.
Esta previsión puede verse desagregada por tamaño y sector en los siguientes
gráficos cuya fuente es el Banco de España:
Tanto en la comparación deuda con
patrimonio, como en el caso de patrimonio neto negativo, estamos hablando de una
quiebra técnica de más de un 20% de las Pyme y los sectores mas perjudicados
serian el de hostelería y restauración con más de un 40% de quiebras técnicas,
y el de vehículos a motor con mas de un 30%, en el escenario más desfavorable.
En cuanto a las pócimas para la recuperación
El Fondo Monetario Internacional
(FMI) considera que las medidas de apoyo de Política Económica para luchar
contra los efectos negativos de la COVID-19, como los expedientes de regulación
temporal de empleo (ERTE) o los préstamos del Instituto de Crédito Oficial
(ICO) avalados con fondos públicos, siguen siendo esenciales a corto plazo y,
en particular, para los sectores más afectados por la pandemia.
En este sentido, apuesta por la
continuidad de las medidas de mantenimiento de rentas y apoyo a la liquidez, de
manera focalizada y flexible, hasta que la recuperación se encuentre firmemente
encarrilada.
La Comisión Europea, por su
parte, también ha bendecido esta estrategia del Gobierno español para remediar
el estrés de liquidez de las empresas y aliviar las tensiones de rentas.
¿Se tienen que mantener esos apoyos a todas las
empresas o solo a aquellas que sean viables?
La clave, en nuestra opinión,
está en ampliar las medidas sin zombificar el tejido empresarial, dirigiendo
los recursos hacia las empresas viables. Para ello, resulta fundamental un
análisis pormenorizado de la situación particular de cada compañía.
En línea con lo comentado
anteriormente, la mencionada economista María Jesús Fernández comenta que: "Es
posible que hasta ahora los bancos hayan tenido manga ancha a la hora de
conceder estos créditos …”. Se trata, en definitiva, de evitar a toda costa que
las entidades financieras se conviertan en cooperadoras necesarias de la
zombificación de la economía, debiendo revaluar la solicitud de las próximas
renovaciones, canalizando el crédito hacia las empresas viables, dejando morir
a las inviables, pues mantener su agonía solo puede arrastrar, como un efecto
dominó, a las empresas que todavía tienen posibilidad de salvarse.
En esta misma línea, el
economista Javier Santacruz, pone el foco en los ERTE para advertir de que, la
limitada capacidad de la Administración a la hora de analizar en detalle si cada
empresa solicitante es viable o no, hace que se estén tomando medidas
indiscriminadas.
Llegados a este punto, el
problema es que es en las entidades crediticias, descansa toda la
responsabilidad en determinar que empresas son viables y cuáles no, pues bien
si estas entidades tienen unos magníficos departamentos de riesgos, no es menos
cierto que, como hemos visto antes, en muchos supuestos, son “parte interesada”,
lo cual sería como poner al zorro a guardar el gallinero.
Puestos a buscar soluciones
imaginativas, pensemos que la Agencia Tributaria, AEAT,
tiene un magnifico plantel de técnicos, acostumbrados a revisar y
evaluar todo tipo de negocios y empresas y, además, la AEAT dispone de la mayor
base de datos de las actividades económicas, con conexión directa al Registro
Mercantil. ….
¿Sería muy complicado entonces
que un cuerpo especializado y entrenado como el de los técnicos e inspectores de
Hacienda revisara e informara los expedientes gestionados por los bancos, antes
de enviárselos al ICO para su tramitación?
Yo creo que, con los adelantos
técnicos en el trabajo remoto que se ha implantado, como consecuencia de la
pandemia, no sería muy difícil, complicado, ni costoso la implantación de un
modelo de este tipo.
Prohibir los despidos no va a ayudar a las empresas
solventes a salir de las crisis.
En esta línea, el citado economista
Santacruz pone el énfasis en la necesaria modernización de las herramientas del
Estado, para hacer en cada caso un análisis pormenorizado de la situación de
cada empresa y, con ello, determinar si necesita acogerse a una congelación de
su capital humano o, por el contrario, debe ser forzada a ajustar plantilla y,
por tanto, a sobrevivir o desaparecer.
En este contexto, añade,
"medidas como prohibir los despidos durante seis meses no ayudan a
clarificar la solvencia o insolvencia de una empresa[i]".
Tampoco la imposibilidad de solicitar un concurso
necesario va a ayudar mucho.
El Consejo General de Economistas
de España (CGE) ha dado también la voz de alarma, tras la moratoria y las
limitaciones de la actividad judicial, al anunciar que “se prevé una avalancha
de insolvencias empresariales, con un alza de más del 40% en 2021”.
El CGE recomienda que cada
empresa realice un análisis de la situación económica de cada empresa y, en
función de la misma, acudir a mecanismos de refinanciación y reestructuración,
así como de mediación concursal y segunda oportunidad.
En cualquier caso, desde el CGE se
alerta del riesgo de colapso de los juzgados, ante el aluvión de concursos que
se esperan desde el último trimestre de 2020 (jurídicamente, será desde el
primer trimestre de 2021), tras el fin de la moratoria.
Por su parte, el gobernador del
Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha apuntado que la clave de bóveda de
la estrategia gubernamental ante este escenario debería ser la reforma de la Ley
Concursal para agilizar los procesos de reestructuración empresarial tras la
quiebra.
En conclusión
Como bien advertía el Banco de
España desde que se dejó atrás el pico de la pandemia: las políticas económicas
deben reorientarse hacia proyectos empresariales viables para facilitar una
salida ordenada del mercado de aquellos a los que la crisis ha ocasionado daños
permanentes de difícil resolución o que, incluso, estaban 'tocados' desde
antes.
O, en palabras del famoso
científico Charles Robert Darwin:
No es el más fuerte ni el más inteligente
el que sobrevive, sino aquel que más se adapta a los cambios. Charles Darwin.
[i] Se refiere a la cláusula
de salvaguarda que obliga a los empresarios a mantener intactas sus plantillas durante
seis meses tras el ERTE y que tantos dolores de cabeza está provocando a la
patronal, incapaz hasta ahora de convencer a la ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, de que levante ese veto.
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