Ángel Luis Vázquez Torres
Economista
Mediador Civil, Mercantil y Concursal
Administrador Concursal
Experto contable, financiero y Fiscal
Coach
Tf: +34 607 900 777
- Fax: +34 912 208 144
Feliz 2017
Implicaciones económicas del funcionamiento de la Justicia en España.
Ángel Luis Vázquez Torres
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Implicaciones económicas del funcionamiento de la Justicia en España.
Según el estudio del
Consejo General de Economistas sobre Implicaciones económicas del
funcionamiento de la Justicia en España, el número de disposiciones
normativas aprobadas en España por el Estado y las diecisiete comunidades
autónomas multiplica por diez las producidas por el Estado federal alemán con
una población que casi duplica la española.
Concretamente, en
2015 se publicaron casi un millón de páginas en los boletines oficiales de
ámbito estatal y autonómico.
En su informe, El
Consejo apunta que esta tendencia a publicar cada vez más normas contrasta con
la situación en Europa, donde va disminuyendo la producción normativa, y
advierte de que la mala calidad legislativa genera inseguridad y aumenta la
litigiosidad, llegando a la conclusión “Si se quiere aliviar la colapsada
Administración de Justicia se necesita legislar mucho mejor".
Alguna de las
conclusiones del mencionado informe son:
1.
Pese a que la percepción que tienen los españoles sobre el
funcionamiento de su sistema judicial es menos favorable que la del resto de
ciudadanos europeos, los datos muestran que España se encuentra a un nivel
similar a la media de la UE en algunos de los indicadores más importantes que
se emplean para medir la eficiencia del sistema. Es el caso, por ejemplo, de la
duración de los procedimientos.
2.
La tasa de litigiosidad sigue siendo muy elevada.
3.
El gasto público invertido en los tribunales, de 27 euros por persona,
es inferior a la media de los 15 principales países de la Unión Europea
(UE-15), donde el gasto per cápita es de 50,4 euros.
4.
El porcentaje de la financiación de los tribunales que procede de las
tasas judiciales es tan sólo del 13,8%, muy inferior al resto de los países de
nuestro entorno, con el 43% de Alemania, el 24,6% de Reino Unido y el 15,6% de
Italia. La media de la UE es de 26,4% y el promedio de la UE-15 es del 29,2%.
5.
Por lo que se refiere al manejo de medios informáticos, el informe
muestra que los órganos judiciales españoles consiguen una puntuación similar a
la media de la UE-15 y señala que desde que se implantó LexNET se han realizado
45 millones de comunicaciones electrónicas, que suponen un 75% de la cantidad
total que se lleva a cabo en todo el sistema judicial.
6.
No obstante, el informe lamenta el hecho de que se mantengan 8 sistemas
informáticos independientes (7 de las comunidades autónomas más el del
Ministerio de Justicia), que no se comunican entre sí.
7.
En España el grado de especialización judicial está por encima de la
media europea, pero la relación entre este factor y la duración de los plazos
de resolución es poco concluyente (38% en España frente a la media de la UE-15
de 29%).
“Existe
un consenso a escala internacional de que un sistema judicial eficiente es necesario
para garantizar el desarrollo económico”
La Pyme y el Compliance.
Ángel Luis Vázquez Torres
Economista
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Administrador Concursal
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La Pyme y el Compliance.
El “Compliance” ha cobrado relevancia en los últimos meses a raíz de la
configuración de la responsabilidad penal en las personas jurídicas.
Una Pyme podrá
incurrir en responsabilidad penal por delitos de:
a)
De estafa (251 bis CP)
b)
De insolvencia punible (261 bis CP)
c)
Contra la propiedad intelectual e industrial y contra el mercado y los
consumidores (288 CP)
d)
De blanqueo de capitales (302.2 CP)
e)
Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (310 bis CP)
f)
Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (318 bis 5 CP)
g)
Contra la ordenación del territorio y el urbanismo (319.4 CP)
h)
Contra el medio ambiente (328 CP)
i)
Contra la salud pública (366 CP) y
Y podrá ser
sancionada con:
1.
Cierre de la empresa
2.
Imposibilidad de contratar con el sector público
1.
Multas[i] de
hasta 9 millones de euros:
a.
De 6 meses a 1año: mínimo 5.400, máximo 1.800.000 €
b.
De 6 meses a 2 años: mínimo 5.400, máximo 3.600.000 €
c.
De 1 año a 3 años: mínimo 10.800, máximo 5.400.000 €
d.
De 2 años a 5 años: mínimo 21.600, máximo 9 Millones €
2.
Imposibilidad de recibir subvenciones
3.
Prohibición para realizar ciertas actividades
¿Cómo
puede evitarlo?
Implantando un Modelo de Prevención de Riesgos
Penales con un órgano (Compliance officer) que supervise el
funcionamiento y el cumplimiento del mismo.
En el caso de la Pyme, el Art.31 bis, de Código
Penal permite que dichas funciones sean desempeñadas por el Órgano de
Administración en aquellas sociedades que durante dos ejercicios consecutivos
reúnan, a la fecha de cierre, al menos dos de los requisitos siguientes:
a)
Que el total de las partidas de activo no supere los once millones
cuatrocientos mil euros.
b)
Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los
veintidós millones ochocientos mil euros.
c)
Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no
sea superior a doscientos cincuenta. (art. 258 LSC)
Pensemos en las miles de Pymes en las que el Administrador
es como “el hombre orquesta”, director por la mañana y señora de la limpieza
por la tarde, y ahora también el “compliace officer”. Esto nos lleva a
pensar que la excepción del articulo 31.bis de Código Penal puede ocasionar,
por una parte, un serio conflicto de intereses en la figura del Administrador,
y por otra, un incremento en las responsabilidades del mismo
[i]
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 50.3 CP, la extensión
mínima de la pena de multa por cuotas será de diez días y la extensión máxima
aplicable a las personas jurídicas será de cinco años. La cuota diaria
aplicable a las personas jurídicas, de acuerdo con lo establecido en el art.
50.4 CP, ascenderá a un mínimo de 30 euros y un máximo de 5.000 euros de cuota
diaria.
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