28-07-2025
LOS AVALISTAS DE LOS CRÉDITOS ICO ACUDEN A LOS JUZGADOS POR VENTA ENGAÑOSA Y LOS JUECES LES DAN LA RAZÓN
LOS TRIBUNALES AFINAN LA DOCTRINA RELATIVA A LA
COMERCIALIZACIÓN DE LOS AVALES ICO DURANTE LA PANDEMIA Y DAN LA RAZÓN A LOS
CLIENTES POR VICIO DE CONSENTIMIENTO.
No es por nada, pero nosotros ya lo dijimos en mayo del 2023, en nuestra publicación “Problemática de los avalistas en los créditos ICO en los procesos de insolvencia de las empresas beneficiarias de los avales ICO” y, posteriormente, el 9 de octubre del 2024 en el artículo “Los avalistas de los créditos ICO acuden a los tribunales por venta engañosa”
Muchos juzgados inicialmente
denegaron la nulidad de la cláusula de aval, aceptando los argumentos de las
entidades financieras, según los cuales, estos clientes eran empresarios y no
consumidores y, por lo tanto, no les eran de aplicación la “cláusulas de
trasparencia”, pero aquellos que siguieron nuestra recomendación de argumentar
“vicio de consentimiento” en la contratación, ahora están viendo como los Tribunales
les dan la razón.
¿En qué consiste el “vicio de
consentimiento”?
En principio, podemos considerar
que las operaciones financieras realizadas al amparo de las denominadas “Líneas
ICO” son operaciones normales de crédito como cualquier otra transacción
concedida por otra entidad financiera privada, cuya característica principal es
que la devolución de estos créditos está avalada por el ICO, en definitiva, el
Estado, quien cubre el 80% del principal, en el caso de Pymes y autónomos y el
70%, en el resto de las empresas.
Las entidades de crédito privadas
son las que asumen el riesgo en primera instancia, las cuales, muy
“diligentemente”, se encargaron de establecer una serie de garantías
adicionales, exigibles a los clientes, incluyendo en sus contratos de préstamo
distintas cláusulas, por medio de las cuales los empresarios que solicitaron
este tipo de préstamos realizaron, en muchos supuestos, un aval personal a la
operación.
Por lo tanto, en caso de impago,
el banco se reserva la facultad de exigir el pago tanto a la empresa
prestataria o autónomo como a la persona que avaló la operación (con todos sus
bienes personales), convirtiendo, de esta forma, a los avalistas en
responsables del 100% de la deuda.
Entre las cláusulas introducidas
en los contratos por las entidades financieras, además del aval personal, nos
podemos encontrar las siguientes:
- Pactos de solidaridad en el pago del préstamo, de acuerdo con los artículos 1.144 y 1.822 del Código Civil, confirmando el carácter solidario de la obligación afianzada.
- Pactos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.830 y 1.831 del Código Civil, donde se renuncia al beneficio de excusión de todos los bienes del deudor.
A resultas de estos pactos
contractuales, introducidos, en muchos casos, de manera unilateral por las
entidades financieras …
En definitiva, el fiador se convierte en responsable
directo de la totalidad de la obligación del deudor principal. (Artículo 1.837
Código Civil), lo que no se corresponde ni con el espíritu ni con la publicidad
lanzada a bombo y platillo por el Gobierno como por parte de las entidades financieras,
que hicieron creer a sus clientes que, en el supuesto de ir mal las cosas, solo
responderían de un 20% del importe del préstamo.
Dicho
de otra forma, más clara, “fueron engañados”.
A este respecto, cabe recordar que, ya en el año 2023,
nosotros advertimos lo siguiente:
- Las entidades financieras no comercializaron correctamente las denominadas genéricamente “Líneas ICO Covid-19” con la debida transparencia, pues inducían a creer a las personas físicas avalistas de sus empresas que su aval personal estaba limitado al 20% del principal y no al 100%, y recordemos que este aval era una condición imprescindible para firmar la operación.
- Y, por otro lado, en su actividad intermediara, no fueron fieles al objetivo de estas “Líneas ICO”, cuyo tenor no era otro que dar a las empresas la posibilidad de obtener financiación para poder hacer frente a los gastos corrientes generados durante la pandemia, a través de la garantía del Estado; de esta manera, muchos de los mencionados préstamos fueron utilizados para objetivos muy variados, totalmente distintos de los ligados a la coyuntura COVID, tales como la restructuración de préstamos (empezando por los concertados con la entidad de crédito firmante de la nueva línea de crédito ICO, amortización anticipada de deudas preexistentes o la trasformación de operaciones financieras anteriores sin la garantía ICO.
- Es decir, las entidades de crédito aprovecharon las “Líneas de crédito ICO”, en muchas ocasiones, para finalidades distintas de las del discurso oficial, en beneficio de sus intereses particulares.
Pero, a nuestro juicio, no
solamente las entidades financieras son culpables de esta falta de trasparencia
y de estos comportamientos ajenos a la buena fe, sino que el Gobierno,
después de proclamar el estado de alarma fue quien anunció , “ abombo y
platillo”, paquetes milmillonarios de ayudas, entre los cuales destacaba,
precisamente, el anuncio de unos 100.000 millones de euros en líneas de avales
del Instituto de Crédito Oficial, con el objetivo de dar liquidez a las
empresas que lo necesitaran, de cara a mantener la actividad y no verse abocadas
al cierre en plena pandemia, dando de esta manera a entender en todo momento que,
en el supuesto de impago del principal del crédito y sus intereses, el aval del
Estado cubriría el 80%.
Estos eran los motivos por lo que algunos profesionales
recomendásemos ya hace más de dos años a los avalistas de las operaciones ICO en
esta situación acudir a los Tribunales
de Justicia en defensa de sus intereses por existir vicio de consentimiento en
la documentación contractual firmada y, ahora, los Tribunales nos dan la razón.
Esto es una excelente noticia ante
todos los problemas a los cuales se pueden enfrentar los deudores y avalistas
de estos ICO COVID y nuestra recomendación a todo ese conjunto de deudores, quienes,
llevados de su “buena fe” y de la publicidad del Gobierno, avalaron las
operaciones ICO de sus empresas y, ahora, se ven perseguidos por las entidades
financieras, es que acudan a un profesional de reconocido prestigio y experiencia
para que les asesore.
Pero por favor, elijan bien en
manos de quien ponen su problema, huyan de las publicidades engañosas y. si
tienen dudas o no saben a quién acudir, diríjanse a las corporaciones
profesionales que les ayuden[i].
[i] Yo como
economista les puedo recomendar El Colegio de
Economistas de Madrid, El Colegio de
Economistas de Valladolid, el Consejo
General de Economistas, que son las entidades en las que me encuentro inscrito
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