Ángel Luis Vázquez Torres
Economista
Mediador Civil, Mercantil y Concursal
Administrador Concursal
Experto contable, financiero y Fiscal
Coach
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Implicaciones económicas del funcionamiento de la Justicia en España.
Según el estudio del
Consejo General de Economistas sobre Implicaciones económicas del
funcionamiento de la Justicia en España, el número de disposiciones
normativas aprobadas en España por el Estado y las diecisiete comunidades
autónomas multiplica por diez las producidas por el Estado federal alemán con
una población que casi duplica la española.
Concretamente, en
2015 se publicaron casi un millón de páginas en los boletines oficiales de
ámbito estatal y autonómico.
En su informe, El
Consejo apunta que esta tendencia a publicar cada vez más normas contrasta con
la situación en Europa, donde va disminuyendo la producción normativa, y
advierte de que la mala calidad legislativa genera inseguridad y aumenta la
litigiosidad, llegando a la conclusión “Si se quiere aliviar la colapsada
Administración de Justicia se necesita legislar mucho mejor".
Alguna de las
conclusiones del mencionado informe son:
1.
Pese a que la percepción que tienen los españoles sobre el
funcionamiento de su sistema judicial es menos favorable que la del resto de
ciudadanos europeos, los datos muestran que España se encuentra a un nivel
similar a la media de la UE en algunos de los indicadores más importantes que
se emplean para medir la eficiencia del sistema. Es el caso, por ejemplo, de la
duración de los procedimientos.
2.
La tasa de litigiosidad sigue siendo muy elevada.
3.
El gasto público invertido en los tribunales, de 27 euros por persona,
es inferior a la media de los 15 principales países de la Unión Europea
(UE-15), donde el gasto per cápita es de 50,4 euros.
4.
El porcentaje de la financiación de los tribunales que procede de las
tasas judiciales es tan sólo del 13,8%, muy inferior al resto de los países de
nuestro entorno, con el 43% de Alemania, el 24,6% de Reino Unido y el 15,6% de
Italia. La media de la UE es de 26,4% y el promedio de la UE-15 es del 29,2%.
5.
Por lo que se refiere al manejo de medios informáticos, el informe
muestra que los órganos judiciales españoles consiguen una puntuación similar a
la media de la UE-15 y señala que desde que se implantó LexNET se han realizado
45 millones de comunicaciones electrónicas, que suponen un 75% de la cantidad
total que se lleva a cabo en todo el sistema judicial.
6.
No obstante, el informe lamenta el hecho de que se mantengan 8 sistemas
informáticos independientes (7 de las comunidades autónomas más el del
Ministerio de Justicia), que no se comunican entre sí.
7.
En España el grado de especialización judicial está por encima de la
media europea, pero la relación entre este factor y la duración de los plazos
de resolución es poco concluyente (38% en España frente a la media de la UE-15
de 29%).
“Existe
un consenso a escala internacional de que un sistema judicial eficiente es necesario
para garantizar el desarrollo económico”
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