Ángel Luis Vázquez
Economista - Administrador Concursal
ENTRE LA QUIMERA DE LA PÓCIMA MÁGICA DE LA RECUPERACIÓN DEL GOBIERNO Y LA REALIDAD DE LAS EMPRESAS ZOMBIES
Es una realidad constatada que la crisis derivada del
COVID-19 va a afectar a una parte muy importante del tejido empresarial y, de
manera muy significativa, al pequeño y mediano empresario por el cierre de
empresas y pequeños negocios, como a ciudadanos particulares que se verán arrastrados
por el cierre de muchas de las empresas y autónomos víctimas de la crisis.
La pandemia del COVID-19
y las medidas de contención de su propagación han producido la paralización de
la actividad económica, afectando a un importantísimo número de empresarios
autónomos que no podrán superar la drástica reducción de ingresos y se verán
obligados a cesar en su actividad empresarial, cerrando definitivamente sus
negocios.
En los primeros compases de la irrupción del coronavirus en España, en marzo,
hubo 122.000 empresas que echaron el cierre ante la falta de actividad, una
cifra cuatro veces mayor que el peor mes de la crisis de 2008. Pero lo peor
podría estar todavía por llegar. El 18 de junio de 2020, la Federación Nacional
de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA publicó en su página web el III Barómetro
de situación de los autónomos a junio 2020 del que se desprende que más
de 300.000 autónomos prevén cerrar en este año su negocio; 7 de cada 10 verán
reducida su facturación por encima del 40% con respecto al año anterior; y uno
de cada tres se ha visto afectado por la morosidad.
Según denuncia la Plataforma Multisectorial contra la
Morosidad (PMcM), que agrupa a un millón de compañías, un total de más de medio
millón de empresas podrían quebrar en los próximos meses por los retrasos en
los pagos por parte de sus proveedores.
De acuerdo con un estudio de la PMcM: "Si no se
pone remedio a la ruptura de la cadena de pagos, habrá un gran número de
quiebras, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas y los autónomos,
que están a dos mensualidades de no aguantar más. Entre el 15% y el 20% de las
empresas podrían desaparecer y la mayoría de las quiebras se producirán por
falta de liquidez por la ruptura de los flujos monetarios". Esto es, entre
500.000 y 600.000 empresas.
LA PÓCIMA MÁGICA DEL GOBIERNO PARA LA RECONSTRUCCIÓN
En un contexto como el actual donde lo principal es evitar
la destrucción del tejido productivo, antes de afanarse en buscar nuevas
soluciones resulta imperativo preservar lo existente. No obstante, el Gobierno
parece ser partidario de soluciones creativas como apostar por la ecología
como solución a la crisis, lo cual se nos antoja un tanto paradójico, pues
lo que realmente nos tiene que preocupar es el “daño ecológico[i]” que
puede causar la denominada “nueva normalidad”.
Uno de los componentes estrella de la pócima del Gobierno
han sido los avales públicos, los famosos ICOS, mal gestionados por las
entidades financieras, que se han dedicado a sanear sus balances. De este modo,
han aplicado este tipo de operaciones a empresas “sanas” no afectadas por la
pandemia, o a reconvertir operaciones YA EXISTENTES en créditos y préstamos ICO
para que de esta forma el aval del Estado les permita eliminar la prima de
riesgo de estas operaciones en sus balances. Así pues, no se han usado para
generar lo que los expertos denominan “Fresh Money”, es decir, dinero fresco
que ayude a las empresas a superar los efectos económicos de la pandemia.
Hasta la fecha, el Estado ha garantizado financiación por
valor de 65.000 millones de euros a empresas y autónomos. El gran problema es
que el Estado no se ha preocupado de asegurar que ese dinero se emplee para
pagar las facturas pendientes. De este modo, el dinero con aval público está fluyendo
en la dirección equivocada, bien para sanear los balances de los bancos, bien
para que las empresas mejor posicionadas atesoren liquidez de cara a la crisis de
caja que todo el mundo presagia, lo que está rompiendo las cadenas de pagos y
perjudicando al conjunto del sistema.
Según la PMcM, el impacto de este alargamiento en los pagos es
como una expansión de un virus: “por cada factura que se deja de pagar se
ponen en peligro tres o cuatro facturas más y eso al final genera un flujo
concatenado de impagos que lleva al cierre de las empresas". La
institución achaca el descontrol a que el ICO ha delegado las medidas de cumplimiento
a las entidades financieras, cuando debería ser la Administración quien se ocupase
de ello, ya que la Agencia Tributaria y el Ejecutivo "disponen de
información sobre el 90% de las facturas en España, saben cuándo se emiten,
cuándo se pagan y cuándo se deberían haber pagado".
Crédito y Caución (CyC), la mayor aseguradora de créditos
comerciales en España, asegura que el endeudamiento de las empresas españolas
equivale a dos terceras partes de sus activos. Esta cifra se dispara entre las
micropymes, con una ratio que llega a alcanzar el 80,5% del balance en las
empresas de entre 2 y 5 empleados. Este panorama deja al tejido empresarial en
una posición muy vulnerable y presagia una crisis de liquidez prácticamente
inevitable.
Esperar la inyección de fondos comunitarios parece
arriesgado. Hoy en día, las expectativas son mínimas y, como comenta un alto
cargo comunitario, "el objetivo es que no vayamos para atrás".
Las diferencias entre los Estados miembros son enormes. En el mejor de los
casos, se espera cerrar un acuerdo político en julio, para que la ayuda esté
disponible el 1 de enero. Pero la ayuda comunitaria no es gratis, los países
tendrán que presentar reformas para modernizar sus economías y ajustes para
sanear sus cuentas.
El fondo de recuperación (Próxima generación Europa)
asciende a 500.000 millones de euros en ayudas a fondo perdido y 250.000
millones de euros en préstamos blandos, de los cuales, según los criterios de
reparto propuestos por la Comisión, España se quedaría con unos 140.000
millones de euros del fondo de recuperación, 77.000 millones en ayudas no
reembolsables.
En este sentido, es importante destacar un comentario
realizado por una fuente comunitaria que ha añadido un matiz interesante: “A
la hora de determinar las ayudas también se atenderá a los programas de
reducción de déficit y la deuda presentados por los Estados miembros”; y,
como este gobierno ha demostrado sobradamente su tendencia a incrementar el
gasto “en cualquier circunstancia”, la reducción del déficit y la deuda solo
pueden venir del lado del incremento impositivo.
El frente más conflictivo para España se encuentra sobre
todo en los llamados cuatro frugales (Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca),
quienes piden un montante menor, se oponen a ofrecer ayudas a fondo perdido,
cuestionan los criterios de reparto y demandan una condicionalidad más exigente
para acceder a los fondos.
Del lado de las medidas de corte fiscal, Sánchez recurrió al
mantra[ii] de
la “justicia fiscal”, esto es, elevar los ingresos solo con impuestos a los
ricos. Las clases medias y los pobres pueden respirar tranquilos, pero yo no me
fiaría mucho, pues los informes de los expertos nos dicen que la fiscalidad a
las rentas altas tiene un margen recaudatorio muy limitado, por lo que para conseguir
el verdadero avance que pretende el Gobierno es necesario ‘tocar el bolsillo’
de las clases medias. Aunque se niegue de puertas afuera y se carguen las
tintas en los “impuestos a los ricos”, el Gobierno sabe que si quiere recortar
la brecha de los 70.000 millones que tiene España con Europa, tendrá que
incrementar la carga impositiva en general, y como siempre, los peor parados
serán los integrantes de la llamada clase media.
Este tipo de contradicciones no preocupa al actual Gobierno.
El 28 de febrero, quince días antes del decreto del estado de alarma, la
Ministra de Hacienda dijo en la cadena SER: “La subida del IVA del 21% al
23% está descartada. El aumento del IVA no es la opción preferida de un
Gobierno progresista sino impuestos progresivos que hagan que pague más quien
más tiene. Ahí radica la grandeza de un país, en que todos seamos iguales".
Palabra de ministra.
La eficacia del incremento de la presión tributaria en
épocas de crisis es más que cuestionable. La recesión provocada por la crisis
inmobiliaria y financiera de 2008 demostró que el aumento de la presión fiscal
no sirvió para aumentar la recaudación por encima de lo ingresado en 2007. El
Estado tardó 10 años en recuperar el nivel de sus ingresos, a pesar del
incremento de la presión fiscal.
El tema parece claro, las grandes figuras tributarias, el
IRPF se ve afectado por el aumento del número de parados y la bajada de
salarios[iii] por lo
que, aunque se aumente la presión, el resultado final es una menor recaudación.
De igual manera, el IVA y los impuestos especiales se ven afectados por la
bajada de precios y por la disminución del consumo, con el mismo resultado,
reducción de la cantidad recaudada.
En
esta misma línea se pronuncia el Consejo de Economistas: “Claro, si hay
bajada de precios y cae el consumo, caerán también los ingresos por IVA”. Que
también nos dice que el consumo privado caerá este año un 8,8%. Dicho esto,
dicho todo.
Basta mirar a lo que sucedió en la pasada crisis. En 2007,
justo antes del estallido de la burbuja, el Estado recaudó 55.850 millones de
euros por IVA. En 2012 subió el tipo reducido del 8% al 10% y el general del
18% al 21%. A pesar de eso, en 2013 la recaudación fue de 51.931 millones de
euros, casi 4.000 millones menos que antes de la crisis. En materia impositiva,
mucho nos tememos que la pócima del Gobierno no va a ser muy efectiva.
Dentro de las medidas tomadas por el Gobierno también está
el REAL DECRETO LEY 24/2020 II ACUERDO POR LA DEFENSA DEL EMPLEO por el
que se congelan los ERTES por fuerza mayor a partir del 27/06 y finalizarán el
30/06/2020. Los ETOP vinculados al COVID-19 se podrán solicitar hasta el
30/09/2020. Se prorrogan las medidas de acceso al desempleo, aunque no se
tengan las cotizaciones mínimas. Exoneración parcial de las cotizaciones de la
SS.
En la pócima del Gobierno está siempre el mantra de
“proteger a los más necesitados” olvidándose de un paradigma fundamental que,
aunque le cueste a algunos miembros del Gobierno, España es país en el que
impera la economía de mercado. La mejor forma de proteger a alguien de la
pobreza, en un país de corte capitalista, no es mediante “dádivas”, sino
creando las condiciones económicas necesarias para que el ciudadano se pueda
ganar la vida con dignidad sin depender de la dádiva de nadie. El experimento
de las dádivas del Gobierno solo sirve para incrementar el “voto cautivo”, pero
desde el punto de vista de justicia social ha sido un fracaso allí donde se ha
probado.
En la pócima del Gobierno se les ha olvidado alguna de las
muchas recomendaciones que le han dado los expertos y todo tipo de
organizaciones empresariales:
- Reducir los gastos corrientes improductivos. Realizar una revisión rigurosa de los presupuestos tanto estatales como de las comunidades autónomas y eliminar todas aquellas partidas “improductivas” que no tengan una relación directa con la productividad. Existen cantidad de partidas “genéricas” por llamarlas de alguna manera que deberían reclasificarse de inmediato y destinarse a un “fondo de reconstrucción”. Según Zulueta del Circulo de Empresarios, la autoridad fiscal ha detectado 14.000 millones de euros en subvenciones sin controlar.
- Reducción de la estructura de la Administración tanto estatal como autonómica. Es curioso que en la peor crisis que ha tenido España desde la guerra civil tengamos el Gobierno más caro de toda la historia. No nos puede extrañar que nuestros vecinos del norte no quieran dar fondos europeos a España, cuando por ejemplo Alemania, con una población más numerosa que España tiene un gobierno mucho más reducido, y por supuesto más barato.
- Eliminar barreras administrativas para los emprendedores. Necesitamos miles de emprendedores que pongan lo mejor de si mismos en proyectos empresariales que, si bien buscan un lucro personal, como no puede ser de otra forma, van a revertir en la economía en salarios, consumos, impuestos, etc. El efecto multiplicador. El sector de la construcción genera actividad económica inducida directa de 1,92 euros por euro invertido, siendo la actividad inducida indirecta muy superior[iv]. Este es el milagro de la economía de mercado.
- Eliminar las trabas y dar seguridad jurídica a las empresas extranjeras que quieran invertir en España. Hasta hace poco, España era un país muy bien valorado para que las empresas extrajeras vinieran a invertir en sus proyectos, pero las últimas medidas de corte “bolivariano” tomadas o anunciadas, le están haciendo un flaco favor de cara a la inversión extranjera.
- Plantear los verdaderos objetivos del país de cara a los próximos cinco años, en vez de actuar como “Robin Hood” bajo el ideario de una justicia social basada en quitárselo a los ricos para dárselo a los pobres; realizar reformas estructurales que utilizando lo mejor del sector público y del sector privado para reforzar los sectores estratégicos del país; incrementar la productividad, y por ende, el PIB y el bienestar de todos los ciudadanos. No hace falta quitarle nada a nadie, se trata de que el país cree cada vez más valor añadido y los ciudadanos nos podamos beneficiar de este incremento, pues como diría la abuela “repartir de donde no hay no suele ser buena solución”.
ZOMBIES ECONÓMICOS
(Imagen “El Economista”
24/12/2019)
Ante esta situación solo cabe esperar que en los próximos
meses se produzca un alud de insolvencias de personas físicas, empresarios,
autónomos y Pymes.
Si la situación económica es tan grave, la pregunta que nos
podemos hacer es …. ¿Por qué no hay más concursos de acreedores y expedientes
de 2ª oportunidad?
En primer lugar, por el decalaje temporal: entre el inicio
del procedimiento y la presentación del concurso pasan como media cuatro meses,
por lo que no ha dado tiempo a que los miles de damnificados por la pandemia y
la crisis posterior iniciaran los trámites.
En segundo lugar, el Gobierno ha aprobado diversas medidas
para contener las declaraciones de insolvencia, como la suspensión de la
obligación de declararse en concurso o la moratoria de las ejecuciones
judiciales, que en teoría han dado aire a los más perjudicados, pero en la
mayoría de los casos solo se va a conseguir retrasar lo inevitable.
En tercer lugar, y quizás una de las más importantes, es que
la situación de muchos de los afectados personas físicas que podrían
beneficiarse de esta Ley es tan precaria que no puede sufragar ni los gastos
del expediente.
Por lo que respecta a los empresarios, autónomos y Pymes,
cuyos concursos se tramitan en los juzgados mercantiles, la situación es muy
parecida, la mayoría no tiene recursos para iniciar una actuación concursal y
terminarán cerrando “a la francesa” con los graves inconvenientes de futuro que
eso plantea.
Al conjunto de personas físicas, empresarios, autónomos
y Pymes sobreendeudas que no pueden hacer frente a sus compromisos y que en la
situación actual se encuentran abocados a la quiebra es lo que he denominado “Zombies
económicos” que subsistirán en nuestra economía agravando con sus impagos
la crisis de liquidez de nuestro ya frágil sistema, hasta que el 01/01/2021 se
levante la veda y se puedan solicitar los concursos necesarios nuevamente.
INSOLVENCIA INMINENTE (Mecanismos Legales)
El panorama jurídico español recoge instrumentos vinculados
a esas pequeñas y medianas empresas, autónomos y particulares no empresarios, a
fin de dotarles de mecanismos preconcursales y concursales para intentar
continuar con la actividad o bien realizar un cierre ordenado de la misma.
Los mecanismos preconcursales existentes en nuestro
ordenamiento jurídico mediante los cuales se puede dotar de liquidez a las
empresas en dificultades, pero viables desde el punto de vista económico, se
resumen básicamente en tres figuras:
- Los acuerdos de refinanciación
- Los acuerdos extrajudiciales de pagos.
- Los convenios anticipados
Cuando, por la causa que sea, el negocio es inviable, se
tendrá que recurrir a un procedimiento concursal, en el cual mediante un
profesional cualificado (Administrador Concursal) se podrá proceder a un cierre
ordenado de la actividad evitando posibles responsabilidades posteriores de los
empresarios y administradores.
Sin olvidar que, en determinadas circunstancias, el
deudor de buena fe, a través del mecanismo de 2ª Oportunidad, una vez
concluido el procedimiento puede solicitar el B.E.P.I (Beneficio de Exoneración
del Pasivo Insatisfecho) que le va a permitir renacer en el mundo económico
como si empezara de cero.
En este contexto, se ha producido la publicación del Real
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Concursal, que, a mi juicio, yendo más allá del marco
permitido por el artículo 82.5 de la Constitución Española, ha dificultado
considerablemente la efectiva consecución de una segunda oportunidad al
disminuir las deudas exonerables mediante el reforzamiento del estatus del
crédito público.
La no exoneración del crédito público dificulta enormemente el mecanismo de
2ª Oportunidad, siendo curioso el empecinamiento del Estado en este sentido,
cuando realmente es uno de los más beneficiados con el eficaz funcionamiento de
un mecanismo de 2ª Oportunidad, mediante el cual se recuperan para economía
productiva miles de emprendedores que en caso contrario estarían condenados a
trabajar fuera del sistema.
En este estado de cosas, la última esperanza para la
consecución de un mecanismo de segunda oportunidad efectivo para los autónomos
reside en la Directiva UE 2019/1023, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de
reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre
medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración,
insolvencia y exoneración de deudas y en su necesaria trasposición, que deberá
realizarse antes del 17 de julio de 2021, y que tendría que suponer el fin
del privilegio del crédito público y, por tanto, de su categoría de
crédito no exonerable, al no estar contemplado en el catálogo de créditos no
exonerables de su artículo 23.4.
En cualquier caso, si su empresa o negocio atraviesa
dificultades, no se convierta en un “zombie” y recurra a la ayuda de expertos y
si piensa que las dificultades son temporales y que su negocio puede volver a
la normalidad vea las posibilidades de un “Acuerdo de Refinanciación” o de un
“Acuerdo Extrajudicial de Pagos”. Si la conclusión es que el negocio ya no es
viable, proceda a un cierre ordenado mediante un concurso de acreedores, y no
olvide, que mediante el mecanismo de 2ª Oportunidad puede obtener en sede
judicial la exoneración de las deudas pendientes mediante el denominado BEPI
(Beneficio Exoneración Pasivos Insatisfechos)
[i] Además
de las mascarillas, otros EPI también hechos de material plástico son los
guantes, las batas impermeables, las gafas y viseras y las pantallas
protectoras faciales. Pero el uso de material plástico en los hospitales no se
reduce a los EPI. Incluye también diversas piezas para equipos médicos, como
respiradores y ventiladores, jeringas de policarbonato, tubos médicos de PVC,
bolsas de sangre…
A causa de la pandemia, la generación de residuos de
este tipo de materiales se ha incrementado de forma exponencial. Todos estos
residuos no pueden ser reciclados y su destino será bien vertederos o bien
incineración. El problema se sitúa ahora en las instalaciones de tratamiento
térmico de residuos que empiezan a estar colapsadas, y el abandono imprudente
de muchos de estos materiales por parte de los ciudadanos que una vez
utilizados, los tira en cualquier sitio, y así podemos ver mascarillas y guates
en las calles, con el doble peligro que conlleva, el de infección y el ecológico.
Debemos cuestionarnos el posible riesgo ambiental de
estos procesos. Si no se trabaja con las condiciones óptimas para la
incineración de residuos que poseen un elevado contenido en plástico, se pueden
generar emisiones de compuestos cancerígenos como las dioxinas y los furanos.
[ii] El
mantra de los impuestos a los ricos pierde todo el sentido si se analiza la
recaudación con los impuestos al capital. Los ingresos de España con estos
impuestos directos, que van desde el IBI hasta donaciones o sucesiones,
ascienden al 0,5% del PIB, 0,2 puntos más que la media europea.
[iii] En
2007 la renta bruta (antes de impuestos) de los hogares estaba en 750.639
millones de euros. En 2009 había bajado a 672.798 millones. En 2014 toco suelo
y fue de 542.629 millones. En 2019 la renta seguía por debajo de la de 2007 y
estaba en 678.881 millones de euros.
[iv] Ver Información
financiera y no financiera en el sector de la construcción en España publicado
por el Consejo General de Economistas.
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