17-03-2021
Ángel Luis Vázquez
Economista - Administrador Concursal
SE PROPAGAN LAS EMPRESAS ZOMBIS
Sin que las ayudas del Gobierno,
las medidas cautelares o los esperados fondos europeos sean capaces de parar la
destrucción del tejido empresarial. La Ley de Segunda Oportunidad se configura
como una alternativa viable.
Según pasa el tiempo, podemos ver como nuestro tejido
productivo se va destruyendo mucho mas rápidamente que en nuestros países
vecinos. La aseguradora Coface, por ejemplo, prevé más de un 16% de
cierres de empresas hasta el 2022,y el Banco de España advierte de que el 40%
del tejido productivo tiene problemas financieros.
Según, por otra parte, el conocido diario “El Economista”
(Gonzalo Velarde, 12/02/2021), la crisis deja 220.000 empresas zombis en España,
muy cerca de la quiebra. Se trata, concretamente, del 6,2% de los 3,6 millones
de las empresas que se encuentran activas, según la información del INE.
En el caso de los autónomos, de los casi 3 millones que se
contabilizaban a 1 de enero del año pasado, el 10,8%, es decir, 323.000 se han
ido quedando por el camino por el camino.
Las pequeñas empresas[i]
y los autónomos más jóvenes[ii]
son los que máss han sufrido las consecuencias económicas negativas de la
pandemia.
Con el eufemismo de “empresa zombi”, nos referimos a aquéllas,
cuyos beneficios no llegan a devolver la deuda que tienen y ni siquiera pueden hacer
frente los intereses de los préstamos, es decir si no se encuentran en quiebra,
legalmente hablando,son, en la práctica, insolventes.
Por aquello de comparar con los países del entorno, en el
siguiente mapa podemos ver el % de empresas zombis en relación con el numero de
empresas activas en diferentes países:
Al contrario que en otros países del entorno, en nuestro
país, hasta el muy reciente Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, no se habían
concedido ayudas “directas” a las empresas; por el contrario, como “apoyo” a la
actividad empresarial, el Gobierno había utilizado, básicamente, dos mecanismos
para para paliar los efectos económicos de la pandemia. Por un lado, los ERTE,
para proteger el empleo, y por otro la inyección de liquidez con garantía pública
a través de los préstamos ICO.
Ambas medidas, que supusieron importantes instrumentos de
choque en los inicios de la pandemia, son insuficientes (apenas el 2% del PIB
frente al 4% de media en nuestro entorno), pero se trató de medidas coyunturales
cuyo efecto desaparece en el corto plazo y, además, se plantearon como
disposiciones para ayudar a una situación de crisis transitoria, a un problema
de liquidez empresarial.
De esta forma, tales herramientas fueron planteadas para que,
en el plazo máximo de un año, las empresas recuperases niveles de ingresos
similares a los previos a la pandemia, pudieran incorporar nuevamente a sus empleados
y generar ingresos suficientes para hacer frente a los gastos de la actividad y
al pago de la deuda generada, precisamente, por los créditos ICO.
Pero la realidad ha sido muy diferente, ha trascurrido ya un
año desde el inicio de la pandemia y las consecuencias económicas negativas de
la COVI-19, que se pensó, en principio, que serían coyunturales, se han
demostrado de carácter estructural y que, en el mejor de los casos, pasaran
varios años antes de recuperar niveles de actividad previos a la pandemia.
Este error de Política Económica se pretende compensar ahora
(“¡A buenas horas, mangas verdes¡) con ayudas directas para equilibrar el
“shock” de oferta y demanda ante el que nos enfrentamos.
Y llegados aquí, después de un año, tenemos a las 220.000 sociedades
y 323.000 autónomos que no alcanzan ni
el 30% de nivel de actividad previo a la pandemia, por lo que no pueden sacar a
sus empleados de los ERTE, que se han gastado la liquidez obtenida con los ICO
y, además, ahora, tampoco pueden pagar los intereses de la deuda y, muchos
menos, el principal.
Estas son nuestras empresas “zombis”, aunque ya los
problemas venían de atrás.
Pero el mayor peligro de estos zombis económicos es que, al
igual que la pandemia que los ha
originado, son “altamente contagiosos” pues, aunque ellos están en quiebra, al
mantenerse en el sistema económico, pueden arrastrar a la insolvencia a otras
empresas, las cuales, con las medidas adecuadas
de Política Económica, podrían salvarse y empezar a generar riqueza.
Por eso, cuando en nuestro articulo del 29-10-2021, avisamos
de la “Cruzada
de Hacienda contra las empresas fantasmas” o, cuando la ministra Nadia
Calviño ha iniciado la caza de sociedades zombis mediante el Reglamento de la Ley de
Auditoría de Cuentas (Real Decreto 2/2021, de 12 de enero), cuyo
tenor sancionará a todas aquellas que no presenten las cuentas anuales
en los Registros Mercantiles, para evitar que puedan hacerse beneficiarias de
subvenciones y fondos europeos, nos pareció una medida acertada:
Sin embargo, de la
mano de idéntica ministra, el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19, donde se incluyen las citadas ayudas directas, resulta
que, entre otras disposiciones, se prórroga la moratoria concursal, cuya
duración se extiende hasta el 31/12/2021.
Esta ampliación de la imposibilidad de acudir al concurso de
acreedores, se produce, bajo el pretexto de dar tiempo a que las
empresas con mayores dificultades como consecuencia de la pandemia puedan
restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en
concurso.
Ese argumento es erróneo y especioso, pues empieza olvidando
un factor esencial, como es el hecho de que tenemos ya en nuestro país más de
500.000 empresas zombis, empresas en quiebra que no van a poder volver nunca a
una actividad similar a la pre pandemia, y, además, de seguir este ritmo, al
final de año, podemos superar 1 millón de empresas zombis por el efecto
contagio.
¿Qué va a pasar con estas más de 500.000 empresas en
quiebra y con las personas que están detrás de estos negocios, ya sean
propietarios o empleados?
Sin duda, cualquier medida para solucionar esta situación va
a ser muy traumática y va a suponer un coste material y humano para el país
pero, al igual que cuando una extremidad se gangrena, es mejor cortarla y evitar
que se extienda al resto del cuerpo, cuando una empresa está ya en situación
zombi, lo mejor es facilitarle un “cierre ordenado” para que, de esta forma, no
arrastre a otras empresas, y ayudarle a reconvertir su situación actual con
medidas activas de emprendimiento para que pueda generar ingresos lo antes
posible.
Al facilitar la desaparición de las empresas zombis, en vez
de destinar recursos a mantener muertos vivientes, podemos dedicar estos
valiosos recursos en salvar aquellos negocios que todavía tienen alguna
posibilidad.
En una guerra un muerto se entierra y se acabó la historia,
es muy doloroso, pero se dejan de gastar recursos (alimentos, medicinas,
cuidados, etc.). Es por eso que las minas antipersona están diseñadas para
herir y mutilar, no para matar, lo mismo
como las balas.
Por eso, en vez de moratorias concursales, lo que tiene que
realizar el Gobierno es una rápida transposición de la Directiva (UE) 2019/1023
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de
reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre
medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración,
insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE)
2017/1132 para que, desde el pragmatismo de resumido en la expresión: “donde no
hay nada, nada se puede sacar”, se le facilite a todas estas empresas zombis un
cierre rápido, ordenado y barato que les permita a sus emprendedores volver a
generar recursos en cualquier otra actividad lo antes posible.
Entre las medidas a tomar, podríamos considerar las
siguientes:
- Subvención
a fondo perdido para la contratación de profesionales que realicen un diagnóstico
de viabilidad de la actividad económica y, en caso de ser necesario, gestionen
el procedimiento concursal y la solicitud de exoneración de pasivos
insatisfechos de esas empresas. Ayuda entregada directamente al profesional,
una vez aprobada la solicitud a efectos de garantizar su destino.
- Propiciar
el concurso “exprés” en todos los casos posibles.
- Establecer
un procedimiento específico con la Administración para que, cuando se acredite
que el concurso carece de masa activa y la calificación sea “fortuita”, se
proceda a la exoneración de oficio de los créditos de Derecho Público
pendientes.
- Tramitación
preferente del concurso consecutivo persona física que carezca de masa activa.
Cuando decimos “preferente” nos referimos a un máximo de 3 meses, y no a los
más de 18 meses actuales.
- Tramitación
preferente del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Al igual que
en el apartado anterior, nos referimos a un máximo de 3 meses.
- Especial
tratamiento al tema de “vivienda habitual” en todo el proceso.
Todo esto ¿va a costar dinero? Ciertamente SÍ, pero el coste
será mucho menor que seguir manteniendo las empresas zombis, por ejemplo, ¿cuánto
le cuesta a Hacienda o a la Seguridad Social mantener abiertos de por vida
expedientes de recaudación que sabe que no va a cobrar nunca? ¿Cuánto le cuesta
a la Administración de Justicia un procedimiento de 18 meses cuando, realmente ,solo
se mueven papeles pues desde un principio no existen bienes para pagar a los
acreedores? ¿Cuánto les cuesta a las arcas del Estado que todos estos negocios
al no puedan cerrarse ordenadamente por no disponer de los recursos necesarios y
pasen a la clandestinidad y a la economía sumergida y no generen ningún tipo de
impuesto? ……. Seguro que va a tener un coste muy elevado, pero por muy elevado
que sea, nunca será tan alto como el no hacer nada y seguir manteniendo
artificialmente estas empresas.
Además, no olvidemos que detrás de estas empresas
existen personas, las cuales se han visto atrapados en las consecuencias de una
pandemia en la que ellos no han tenido la culpa, y si su negocio ha quebrado
por las restricciones médicas o el cambio de modelo económico, tienen todo el derecho
del mundo en que se les facilite una salida ordenada del mismo, y una nueva
oportunidad de iniciar una nueva actividad, cuya existencia le permita generar nuevos recursos sin sufrir
las consecuencias de un endeudamiento sobrevenido, le impidiéndoles
reiniciar cualquier tipo de actividad económica e, incluso, personal.
Nunca antes fue tan necesaria una aplicación
efectiva de la Ley de Segunda Oportunidad.
Si el lector desea más información y, si desea contactar con el autor, puede dirigirse a la
siguiente dirección de correo electrónico: alv@vazqueztorres.com
#2oportunidad
#LeySegundaOportunidad
#ConcursoExpres
#EmpresaZombi
#BeneficioExoneracionPasivosInsatisfechos
#CierreOrdenado
[i] El
21,5% de las empresas con cinco o menos asalariados se ha quedado por el camino
[ii]
El 20,7% de los autónomos menores de 30 años causo baja durante los 9 primeros
meses de la pandemia.
Entradas
